Crece la presión sobre el ministro de Justicia tras nuevas revelaciones de rebajas de condena

A pesar de que el Presidente de la República, José Antonio Kast, respaldó públicamente y ratificó en su puesto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, la autoridad enfrenta un escenario de extrema tensión política y judicial.

Durante la última semana se dio a conocer que, a la polémica por la conmutación de penas que permitió la liberación de 56 condenados por abuso y violación de menores, se sumó la rebaja de condenas a otros 115 reclusos sentenciados por delitos de narcotráfico.

El beneficio de reducción de penas, amparado legalmente en facultades administrativas y de gracia del Ministerio de Justicia, ha desatado una fuerte ola de críticas en el Congreso. Desde la oposición argumentan que estas decisiones contravienen los compromisos del Ejecutivo en materia de seguridad pública y protección de los derechos de la infancia, por lo que ya se encuentran coordinando los antecedentes para presentar una acusación constitucional contra la autoridad ministerial.

A este complejo panorama parlamentario se suma un flanco en los tribunales de justicia. Dos víctimas de la dictadura militar demandaron civilmente al Estado de Chile tras la liberación anticipada del exsuboficial de la FACh, Manuel Cabezas Pérez, condenado por violaciones a los derechos humanos. El decreto de rebaja que otorgó la libertad al exuniformado fue firmado de manera directa por el propio ministro Rabat.

Los demandantes, Patricio Rivera y Ramón Pavez, exigen una indemnización de 100 millones de pesos cada uno por concepto de daño moral, cuestionando el criterio del Ejecutivo al beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad. En conversación con Radio Bío Bío, Rivera expresó su descontento ante la medida gubernamental: “Sentí impotencia y al mismo tiempo sentí que la impunidad se volvía a abrir”, declaró, reflejando el malestar de agrupaciones de derechos humanos.

Mientras la oposición alista las firmas para el libelo acusatorio en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Palacio de La Moneda busca contener una crisis política que impacta directamente la agenda de seguridad de la administración Kast.