En la Región de Coquimbo
Reconstrucción en deuda: deshielos agravan daños que persisten desde los temporales
A varios meses de los temporales que afectaron a la Región de Coquimbo durante julio y agosto, parte de los daños continúa sin solución. A ello se suman las recientes crecidas de los ríos por los deshielos, que han complicado nuevamente a distintas comunas, con localidades aisladas, caminos deteriorados y actividades productivas expuestas a nuevas afectaciones.
El escenario abre interrogantes sobre el avance de la reconstrucción y los recursos disponibles para enfrentar tanto los daños anteriores como las nuevas emergencias. Mientras las autoridades informan millonarias inversiones, los municipios advierten que las necesidades en terreno siguen siendo importantes.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reconstruir las zonas afectadas de Coquimbo y Atacama requerirá $576 mil millones. El 67% de ese monto corresponde a la Región de Coquimbo y el 33% restante, a Atacama.
Sin embargo, el alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, asegura que los principales daños viales persisten y que las nuevas crecidas han agravado las dificultades de las familias rurales.
“De reconstrucción, nada. Las rutas siguen dañadas de la misma manera, con socavones en varios sectores”, sostuvo. También advirtió sobre la necesidad de levantar muros de contención para proteger viviendas situadas junto a la ruta 89, ante el riesgo de nuevos desprendimientos de terreno.
Herrera explicó que la presencia de cinco ríos en la comuna hace especialmente complejo el escenario. Sus crecidas han dejado familias con dificultades de acceso e incluso aisladas, además de provocar daños en actividades productivas y sistemas de Agua Potable Rural (APR).
Afirmó que la maquinaria y los equipos municipales no alcanzan para atender todas las emergencias, particularmente mientras los altos caudales impidan intervenir. Por ello, pidió recursos adicionales a la Dirección de Vialidad para acelerar las reparaciones, en complemento al trabajo del municipio y la Delegación Presidencial.
CRECIDAS AMENAZAN LA CONECTIVIDAD RURAL
En Río Hurtado, la alcaldesa Carmen Juana Olivares también manifestó preocupación por el aumento del caudal de los ríos y sus consecuencias para la conectividad y seguridad de los habitantes, especialmente durante las noches.
En Quebradita, sector cordillerano ubicado más allá de San Agustín, algunas familias permanecen aisladas y enfrentan dificultades para trasladar alimentos y atender a sus animales. En Las Breas, las crecidas nocturnas interrumpen recurrentemente el tránsito y generan riesgos para quienes intentan cruzar.
Los daños se extienden a espacios públicos, puentes peatonales, terrenos agrícolas y riberas. Entre los puntos de preocupación figuran Vado de Morrillo, Piedras Blancas y Los Leones, además de San Pedro Norte y Peñaflor, localidades amenazadas por eventuales aislamientos.
Desde el municipio indicaron que solo disponen de dos retroexcavadoras para responder a las emergencias y que esperan apoyo de maquinaria de Vialidad o de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). Entre las intervenciones necesarias mencionan encauzamientos y construcción de pretiles para disminuir el riesgo de desbordes hacia zonas habitadas.
Aunque al momento de la entrevista no se habían registrado evacuaciones, Olivares advirtió que nuevas crecidas podrían agravar las dificultades de quienes viven cerca de los ríos. La autoridad comunal enfatizó que las intervenciones deben priorizar los puntos donde la subida del agua corta los accesos y dificulta el abastecimiento de las familias. La falta de maquinaria disponible, añadió, obliga a coordinar apoyos externos mientras se mantiene la vigilancia de los sectores más expuestos.
MILLONARIA INVERSIÓN PARA RECONSTRUIR
A fines de octubre, el Ministerio de Economía encabezó la segunda sesión de la mesa técnico-política de reconstrucción de Coquimbo y Atacama, con autoridades sectoriales y representantes regionales. Allí se presentaron las estimaciones del BID, encargado de cuantificar daños, calcular recursos e identificar posibles obstáculos legales para ejecutar las obras.
El diagnóstico establece un costo total de $576 mil millones. De esa cifra, el 12%, equivalente a $69.500 millones, se encuentra en ejecución durante 2026 para respuesta temprana, rehabilitación y reconstrucciones menores. La mayor parte del proceso se concentrará en 2027.
Los ministerios de Obras Públicas (MOP) y de Vivienda y Urbanismo (Minvu) representan en conjunto el 91% del costo estimado.
En el caso del MOP, la reconstrucción de ambas regiones requerirá más de $315 mil millones hasta 2028. Más de $7.500 millones corresponden a 2026 y sobre $121 mil millones a 2027. Para Coquimbo se proyecta una inversión superior a los $200 mil millones, con el mayor avance previsto para el próximo año en Vialidad, Obras Hidráulicas y servicios sanitarios rurales.
Por su parte, el Minvu estimó un costo superior a $179 mil millones para la Región de Coquimbo. De ese monto, $125 mil millones se destinarán a 72 proyectos urbanos, que incluyen canalizaciones, muros de contención y recuperación de espacios públicos.
VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN EVALUACIÓN
Las soluciones habitacionales constituyen otro frente pendiente. El director regional de Senapred, Angelo Hernández, explicó que el proceso derivado de los temporales de julio y agosto sigue abierto porque aún existen solicitudes en evaluación.
Según detalló, Punitaqui había solicitado cuatro viviendas de emergencia, mientras que La Serena ingresó una nueva petición, cuya resolución se esperaba conocer durante la semana siguiente a la entrevista. Senapred revisa los antecedentes y verifica los daños antes de determinar si corresponde entregar estas soluciones.
Hernández aclaró que una vivienda afectada por una inundación no califica automáticamente para este beneficio. Debe acreditarse que quedó inhabitable o sufrió pérdida total y cumplir requisitos técnicos y administrativos.
Entre los documentos exigidos figuran la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), los antecedentes municipales que respalden la evaluación de daños, el certificado de destrucción cuando corresponda y la acreditación de que el terreno no está en una zona de riesgo.
Respecto de las nuevas crecidas, el director indicó que Senapred todavía esperaba solicitudes de los municipios, que primero deben levantar información y evaluar las viviendas afectadas. Por ello, no descartó que se sumen requerimientos conforme avancen las inspecciones en terreno.