Servicio Mejor Niñez valora resultado “reparatorio” del juicio
Ovalle: Condenan a 14 años a mujer que secuestró y abusó de menor de edad
Tras diez días de audiencias, presentación de pruebas y testimonios, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó a L.P.B.A.M. a las penas de 10 años y 180 días y 4 años de presidio, por su responsabilidad como autora de los delitos de sustracción de menor de edad y abuso sexual continuado, respectivamente. Los hechos se produjeron entre julio de 2020 y mayo 2021, en la comuna de Ovalle y en la ciudad de La Serena.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre julio de 2020 y mayo de 2021, “L.P.B.A.M. al interior de distintos domicilios de la comuna de Ovalle, mantuvo una relación abusiva con un niño menor de 14 años a quien besó en varias oportunidades en su boca”.
En tanto, el 5 de abril de 2021, la acusada concurrió hasta la feria libre ubicada en calle Argentina con Ecuador, sector Las Compañías, cuidad de La Serena, lugar donde “(…) valiéndose de la vulnerabilidad de la víctima, lo sustrajo (…) siendo encontrado el día 11 de mayo de 2021, por personal policial del Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas de Carabineros, escondido detrás de una pared en un domicilio de la comuna de Ovalle, en compañía de la imputada”.
Para el tribunal: “(…) la prueba de cargo ha sentado que la conducta desplegada por la agente ha sido con dolo directo, desde que ha realizado la conducta típica en pleno concomimiento y con la intención de involucrar a otro en un contexto sexual, en este caso, una persona menor de catorce años, lo que era sabido por la acusada”.
En la determinación del quantum de las penas a imponer a la sentenciada, el tribunal tuvo presente que: “El delito de abuso sexual sancionado en el artículo 366 quater, se encuentra sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, y concurriendo a su respecto una atenuante y ninguna agravante este tribunal se encuentra impedido de aplicar su grado superior, razón por la cual se regulará en el grado inferior”.
En tanto, “(…) el delito de sustracción de menores se encuentra sancionado en el artículo 142 del Código Penal N°2 con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, y no concurriendo circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar este tribunal puede recorrer toda la extensión del marco punitivo”.
Tras el final del proceso judicial la Fiscalía valoró el resultado y el esfuerzo realizado por sus representantes, en la búsqueda de esclarecer los hechos que configuraron el delito de sustracción y abuso de menor de edad.
El fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, detalló la prueba presentada en el juicio, que duró 10 días y en el que se presentaron cerca de 24 testigos, alrededor de 42 documentos, 25 a 30 fotografías y 3 videos.
Durante el juicio declararon profesionales de diferentes ámbitos, entre psicólogos y médicos psiquiatras y se aportaron gran cantidad de antecedentes médicos.
“No solo dimos muestra del área penal, sino logramos introducir toda la causa e intervención del aparato estatal de protección de infancia con la causa que llevaba ante el Tribunal de Familia de Coquimbo”, dijo el fiscal Carlos Jiménez.
En tanto la Directora Regional del Servicio Mejor Niñez, Julia Sandes, apreció la sentencia indicando que es una manera de reparar el daño causado a un menor de edad.
Sandes señaló que “como servicio Mejor Niñez tenemos la función de proteger, restituir derechos y reparar el daño de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente amenazados en sus derechos. A partir de una denuncia levantada en uno de los programas del servicio (en ese entonces de Sename), se dio inicio en el año 2020 a un proceso investigativo que nos lleva hoy en día a tener una condena hacia una adulta que ha cometido reiterados delitos de sustracción de menores y abuso sexual”.
Agregó que como servicio tienen la convicción “de denunciar todo acto vulneratorio porque sabemos que la responsabilidad que tiene este servicio es fundamental para avanzar hacia una sociedad capaz de proteger y de defender a los niños y adolescentes que han sido más vulnerados”.