¿Qué pasó con los delitos de salud pública en la región? Más de 40% de causas fueron sobreseídas

6.128 delitos contra la salud pública o infracciones a las normas higiénicas se contabilizaron en la Región de Coquimbo durante el 2021. De ellas 2.725 fueron sobreseídas, 1.566 terminaron en el pago de una multa y solo 539 consideraron una condena. Estos ilícitos incluyen desde la realización de fiestas clandestinas, tránsito horario de toque de queda o acciones que ponen en riesgo la salud de los otros.

Una cifra superior al año 2020, cuando se contabilizaron 1.865 causas, de las cuales 1.039 terminaron en el pago de una multa, 62 en sobreseimiento definitivo y 242 en condena.

Inés Rojas, defensora regional, explica que la diferencia en la cantidad de causas se debe principalmente a que muchos de los delitos, debido a la pandemia, corresponden al 2020 pero fueron judicializados al año siguiente. A esto se suma también, que en el 2021 las personas comenzaron a relajar sus actitudes preventivas frente a la crisis sanitaria y las distintas normas en la materia establecidas en Chile.

Dentro de las causas vistas en el año 2021, la defensora regional explica que las relacionadas al riesgo de la salud de los otros (artículo 318), se contabilizan 4.446 y de ellas 1.028 cuentan con procedimiento monitoreo, es decir, un proceso especial en el que el Ministerio Público solicita para ciertos delitos sólo una pena de multa y no penas privativas de libertad. Así, sólo en casos de reincidencia se solicitó prisión.

Sin embargo, lo que mayormente se contabilizan son procedimientos que finalizaron en sobreseimiento definitivo, que totalizan 2.008 causas. Rojas explica que esto se debe principalmente a que en el año 2021 se presentó un cambio de criterio en la Corte Suprema que se implementó en todos los procedimientos penales respecto a delitos contra la salud pública. Criterio que nace de las acciones de la Defensoría Penal Pública.

“Nosotros considerábamos que cuando una persona circulaba por la vía pública sin mascarilla, por ejemplo, pero no era portadora de Covid-19, la verdad es que podía ser una infracción sanitaria, pero no era un delito como establece el artículo 318 que exige, para que sea un delito, que la persona esté realizando una actividad que pueda ser susceptible a que contagie a otros”, explica Inés Rojas.

Así, por ejemplo, los casos de fiestas clandestinas fueron los mínimos y más bien se trataban incumplimiento de aforos, caminar sin mascarilla por las calles o no contar con los permisos para salir durante cuarentenas, por ejemplo.

De esta manera, estos casos fueron judicializados, cuando se trataban de personas que no debían procesadas penalmente, sino que más bien por vías administrativas. Así se inició una revisión, desde la Defensoría Regional, de todas las causas por infracciones normas higiénicas y de salubridad, solicitando los sobreseimientos definitivos. “Fueron esos los que presentamos recursos y finalmente se accedió a estas solicitudes, porque acá cabía una sanción sanitaria y no sanción penal”, concluye la defensora.

Respecto al ingreso de causas contra la salud pública este 2022, considerando que ya se han levantado ciertas normas sanitarias y se han otorgado más libertades, la defensora regional Inés Rojas señala que no cuentan nuevos procedimientos.
Sin embargo, lo que más impactó fue el rezago de procesos de los Tribunales de Garantía debido a la suspensión de audiencias durante la pandemia. Cuestión que ya se ha ido solucionando, debido a que “a nivel del sistema el Poder Judicial tiene asignado una mayor cantidad de jueces de garantía, a la fiscalía se les dotó de recursos para tener mas fiscales y a nosotros se nos permitió tener dos defensores más que nos permiten tener mayor cobertura y poder terminar las causas que estaban rezagadas”.