Defensa de Krist Naranjo será asumida por exministro de justicia de Bachelet y Lagos

El pasado 10 de abril, el Tribunal Calificador de Elecciones notificó a la gobernadora Krist Naranjo sobre el recurso de remoción presentado por los integrantes del Consejo Regional de Coquimbo, tras lo cual, debe presentar sus descargos ante los puntos presentados en la acusación.

 Para su defensa, la autoridad regional contará con la asesoría de Isidro Solís, ex ministro de Justicia (2006-2007) del primer gobierno de Michelle Bachelet, ex militante del Partido Radical y actual integrante de Amarillos por Chile.

Cabe recordar que la solicitud que hoy tiene complicada a la gobernadora regional fue anunciada por la totalidad de los cores en ejercicio, quienes acusan faltas a la probidad y notable abandono de deberes por parte de la autoridad, siendo seis los puntos que sostienen el eje de la acusación.

Entre los principales, destaca el mal uso del vehículo fiscal, la baja ejecución presupuestaria, falta a los acuerdos del Consejo Regional y viajes sin agenda clara a países como México y Egipto.

Para conocer los tiempos, plazos y etapas que involucra un requerimiento de remoción como el que enfrenta Krist Naranjo en la actualidad, El Día conversó con Maria José Lira, abogada y magíster en Derecho Público, quien detalló el proceso.

En primer lugar, una vez que se presenta el recurso de remoción ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), se realiza un control de admisibilidad para verificar si cumple con los requisitos legales.

Después, se notifica a la autoridad afectada para que presente sus descargos. En este caso, Krist Naranjo tiene un plazo de 10 días para contestar la solicitud y presentar sus alegaciones de defensa.

En cuanto al proceso, Lira explicó que el Tricel revisará el requerimiento y aprobará los puntos presentados por las partes, incluso si Naranjo decide no contestar.

SE FIJAN LOS HECHOS

El siguiente paso es la recepción de la causa a prueba, en la que se fijan los hechos sustanciales y controvertidos que se deben probar. Durante este periodo, las partes presentan testigos, documentos, peritajes, informes y peticiones de oficios.

“Aquí, es el tribunal quien fija los puntos a aprobar. No está reconociendo nada, sólo está diciendo que sobre esto hay dudas. Porque uno dice una cosa y la contraparte otra. No se está reconociendo que esos hechos existan, sólo está diciendo ‘pruébenmelo’, para luego pronunciarse en la sentencia”, señala la jurista.

SENTENCIA SIN APELAR

Maria José Lira subraya que tras recibir la prueba, el Tricel puede resolver el caso en el momento o posponer la decisión si se requiere más información. Luego, se dicta la sentencia, la cual, no se puede apelar porque el Tricel no tiene un superior jerárquico.

“Por ejemplo, en los casos de los alcaldes, en donde éstos van al Tribunal Electoral Regional, se tiene el recurso de reposición o se lleva al Tribunal Calificador de Elecciones. Esto fue lo que pasó con el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. Pero sobre el Tricel no hay otro tribunal. Se podría poner un recurso de reposición, pero como es la misma instancia, es difícil que lo cambie. Quizás intentar ir con un recurso de queja ante la Corte Suprema que busca objetar el actuar de los miembros del tribunal, ya sea por poco objetivo. Pero ha dicho que no tiene potestad disciplinaria del Tribunal Calificador de Elecciones. Serviría para ganar tiempo, pero en términos de procedimiento no habría otro recurso”, sostiene Lira.

PLAZOS DE PROCESOS

Según la experta en Derecho Público, los plazos de la ley son acotados en algunas etapas, pero no hay un periodo definido desde la contestación hasta que se fijen los hechos a probar. Tampoco hay un plazo determinado para dictar sentencia después de cerrado el probatorio.

Por último, la abogada destacó que el proceso puede ser largo y el fallo puede confirmar la remoción de la autoridad o aplicar otras medidas disciplinarias como la suspensión o una multa, según lo determine el Tricel.

AMPLIA EXPERIENCIA

Cabe agregar que el ex ministro Isidro Solís, quien también fue ex subsecretario de Minería y de Aviación en el gobierno de Ricardo Lagos, tiene una amplia trayectoria como abogado litigante con experiencia en derecho penal económico, derecho penal tributario y litigios complejos.

Además, en la Región de Coquimbo  fue conocido por ser director de la Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo (Essco).

Según fuentes de El Día, se espera que el jurista esté en la zona durante la próxima semana para dar a conocer los pasos a seguir en la defensa de la gobernadora re