Los 6 cargos que acogió el Tricel para resolver solicitud de destitución de Krist Naranjo

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) inició la fase de prueba de la acusación de los consejeros regionales de Coquimbo, que buscan la remoción de la gobernadora Krist Naranjo, acusándola de notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad.

El proceso, recordemos, se inició a mediados de marzo, cuando los 16 representantes de las provincias de la zona anunciaron en conjunto la inédita y “difícil” decisión –afirmaron- pedir que la gobernadora deje su cargo con base en seis graves acusaciones sobre su gestión.

El requerimiento de los consejeros ha seguido su curso, con la presentación formal a través del abogado Mario Zumelzu y luego con la réplica de la autoridad regional, llegando así a encaminarse a una etapa crucial: la rendición de la prueba.

En el documento, al que El Día tuvo acceso, el Tricel informó que se fijaron seis “hechos sustanciales y controvertidos” para la deliberación.

El primero de ellos, tiene que ver con el mal uso del vehículo fiscal, una de las principales acusaciones contra la gobernadora, que en la denuncia, fue cuestionada por ocupar el bien público con motivos personales, como trasladar a su hijo a la universidad o realizar compras en supermercados.

El segundo, dice relación con los viajes al extranjero, concretamente a México, Argentina y Egipto, sin informes del cometido de los mismos y con pagos de multas por reiterados cambios de vuelos, además de los viáticos.

Como tercer punto, se establece la necesidad de probar que la autoridad haya incurrido en conductas de acoso laboral contra los funcionarios, y un cuarto apartado, referido al incumplimiento de los plazos para la ejecución presupuestaria del año 2022.

Asimismo, en quinto lugar se recoge que Naranjo habría incumplido con los acuerdos adoptados en el Consejo Regional. Y por último, que en su calidad de presidenta del Comité Regional para el Cambio Climático, haya convocado tardíamente a la rendición de la cuenta pública 2022, con una transmisión interrumpida en varias oportunidades.

Si bien, el documento emitido el 6 de junio y notificado a las partes el 15 de este mes, establece que se “recibe la causa a prueba, por el término de 10 días”, existen algunas consideraciones a tener en cuenta para el resto del curso de la acción administrativa.
Primero, se debe tener en cuenta que es una etapa más del proceso que, en cierta manera, dará forma al debate que se debe llevar a cabo para que el Tricel pueda deliberar, luego de que se realizaran acusaciones y se recibiera la contestación de la requerida, aclara la abogada y experta en Derecho Administrativo, María José Lira.

“Cuando el tribunal, este o cualquiera, recibe la causa a prueba y fija puntos de prueba, lo hace, precisamente, sobre aquellos aspectos en los que hay duda (…) y cada una (de las partes) va a tener que probar lo que dice. En ningún caso fijar puntos de prueba significa que se está reconociendo un hecho”, indicó.

Lira indica que la resolución es del 6 de junio y el 15, se ofició al Tribunal Electoral Regional (TER) para que éste notifique la resolución. El TER debiese revisarla en su próxima audiencia y dar curso a este proceso, lo que podría tomar dos semanas.
“Los cores van a tener que contactar a un receptor judicial para que notifique a la gobernadora y, una vez notificada, ambas partes tienen el plazo de cinco días para reclamar sobre los puntos de prueba”, explicó.

Esta nueva etapa en el proceso, conocida como “reposición”, advierte la abogada, plantea algo de incertidumbre a los plazos, ya que no hay plazo establecido en la ley para que sea resuelta.

¿Qué viene después? Si no hay reposición, desde la notificación se pasa a contar los 10 días de la etapa de prueba. Si no, se debe esperar por la resolución de las observaciones.

El consejero regional Cristian Rondanelli valoró la notificación recalcando que es “parte del proceso que se está llevando a cabo”.
“Hay que probar los cargos que nosotros estamos formulando, por lo tanto, ahora viene todo lo que es la etapa probatoria (…). Es un paso más en todo este proceso que implica la acusación que ha realizado el Consejo Regional a la gobernadora y en torno a aquello, tenemos que trabajar en probar lo que se planteó, en donde seguramente se van a pedir también testigos al respecto y en donde se debe acreditar por parte de nuestro abogado las aseveraciones que se hicieron”, agregó.

En el mismo sentido, su par, Javier Vega, indicó que “estamos en manos del Tricel”.

“Creo que nuestro rol fiscalizador ha ido tomando fuerza. No estábamos tan alejados de la realidad (…). Nosotros como consejeros, en esta visión transversal que tenemos, de cómo se ha ido llevando la región, con falta de estrategias, con una mirada hermética y encapsulada que tiene el Gobierno Regional de realizar política pública, está dando frutos”, dijo.

En esa línea, Vega sostuvo que el Core “ha destacado por considerar las emergencias y urgencias de la región” y mencionó que muchas de las acciones se han concretado “con presión”, porque “vemos que no tenemos una contraparte que nos escuche y saque adelante propuestas que se han realizado.

“Valoro que el Tricel haya reconocido estas denuncias y estamos en manos de ellos para que requieran los antecedentes y hagan sus investigaciones. Nosotros tenemos un abogado que está trabajando en estas definiciones, por lo tanto, esperamos que el curso de estas iniciativas siga adelante. Esperamos que el resultado final sea para el bien de la región, para mejorar y un llamado de atención a la política pública que se está haciendo acá en la Región de Coquimbo por parte del Gobierno Regional y la gobernadora”, finalizó.