"Hace varios años que la denuncia (por aborto) no es obligatoria para funcionarios de salud"

En entrevista con El Día, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, se refirió al caso de aborto de una mujer de 25 años ocurrido recientemente en Monte Patria.

Al respecto, llamó a la “prudencia y responsabilidad”, mientras dure la investigación, pero, además, instó a respetar la privacidad de las atenciones de salud.

En otros temas, Orellana reconoció que, aunque se ha avanzado en mayores derechos para las mujeres, aún restan temas pendientes, como el acceso al trabajo, la brecha salarial y la inequidad en el acceso a oportunidades.

• ¿Cómo diría que ha avanzado su cartera desde su creación en 2016? ¿Han conseguido que Chile sea un país más equitativo, como dice uno de sus objetivos?

“Yo creo que el camino no ha sido lineal desde que se creó el ministerio. Lamentablemente tuvimos una etapa en que el ministerio estuvo replegado. Ahora, desde el año pasado hemos logrado incorporar la violencia sexual como garantía explícita en salud, en promulgar la ley de reparación de víctimas de femicidios y sus familiares, e implementar el registro nacional de personas cuidadoras”.

• Según el Presidente Gabriel Boric este es un gobierno feminista. En esa línea ¿usted cree que Chile hoy es menos machista?

“Creo que eso siempre es algo que  está un poquito en tensión. Lo digo porque las mujeres podemos mirar para atrás y decir ‘hemos avanzado mucho’. Vivimos muy distinto a como vivían, por ejemplo, nuestras abuelas. Tenemos más derechos, más posibilidades, podemos decidir cosas que ellas no podían a veces. Pero todavía tenemos muchos pendientes, como  la violencia contra las mujeres, que todavía sigue siendo un tremendo problema. Tenemos la brecha salarial, la brecha de acceso al trabajo, la división inequitativa y las diferencias de oportunidades que enfrentan las niñas y los niños. Si bien hemos avanzado mucho como país, también nos falta mucho. Lo bueno, que las cosas pueden cambiar y podemos seguir avanzando”.

• La violencia sexual ha sido incorporada al GES, pero en la práctica, ¿qué beneficios importantes reciben las mujeres con esta medida?

“Yo no hablaría de beneficios. Lo que ocurre al incorporar la violencia sexual a la Garantía Explícita en Salud es que establecimos un piso mínimo de atención en el sistema público cuando ocurra una agresión sexual, que lamentablemente es bastante común. ¿De qué se trata este piso mínimo de atención? Por cierto, lo que ya existía, las dosis de profilaxis, es decir, impedir que se transmitan infecciones, de anticoncepción, de emergencia y de primeros auxilios, y sesiones de salud mental y salud física, lo que no reemplaza en ningún grado una terapia de reparación ante un delito tan complejo. Pero sí nos entrega un piso, sobre todo, porque el país todavía no cuenta con atención en todos lados, con centros de violencia sexual y, por lo tanto, la forma de emparejar esa respuesta a través del sistema de salud”.

• ¿Cuáles son los alcances que tiene la ley de reparación a víctimas de femicidio?

“En primer lugar, integra a los familiares de las víctimas de femicidio y suicidio femicida en el régimen de protección social. En segundo lugar, les estamos entregando fuero, protección al trabajo a las sobrevivientes de  femicidios frustrados y también a las familias de las víctimas de femicidio concretado, porque esta es una de las  gracias del proyecto. Hemos trabajado en conjunto con la agrupación de familiares y con la agrupación ‘Ni una Menos’, ya que muchas veces las familias perdían todo, no solamente a su hija. También los trabajos por estar buscando justicia, por lo tanto, estamos protegiendo sus fuentes de ingreso, y en último término también,  hemos creado una pensión de reparación para los niños y niñas hijos de víctimas de femicidio hasta que cumplan 18 años, porque han sido durante mucho tiempo las víctimas invisibles de este delito. Si bien es un monto modesto, porque estamos en un momento de estrechez fiscal, es un primer reconocimiento de que como país también tenemos que hacernos cargo de esta arista del problema”.

• Esto último, ¿funciona automáticamente o tienen que tramitarlo?

“Esta pensión va a ser entregada a través del IPS (Instituto de Previsión Social) como todas las pensiones que entrega el Estado y, además, va a ser otorgada mediante una resolución del Servicio Nacional de la Mujer, porque cuando se comete un femicidio frustrado o consumado, se activa un mecanismo que es el circuito intersectorial del femicidio, que es un espacio en coordinación y primera respuesta entre todas las instituciones para no marear y abrumar a la familia. Entonces, en vez de llegar ocho instituciones distintas a ver cada una su parte, actuamos como un circuito y en éste el primero en calificar es el Servicio Nacional de la Mujer y,  mediante esa resolución fundada, se va a poder ordenar el pago”.

• Ustedes echaron a andar el Plan Chile Para Todas. ¿En qué consiste?

“Es el paraguas de nuestro Plan de Transversalización, lo que significa que estamos mirando las necesidades de las mujeres en todos los ministerios y servicios, porque las mujeres somos la mitad de la población y necesitamos también obras públicas, acceso a educación, o a transporte. Por lo tanto,  a través de las medidas Chile para Todas, vamos mejorando el acceso de las mujeres a los servicios públicos, no por que nosotras merezcamos más ni seamos ciudadanas especiales. Es porque a lo largo de la historia las mujeres nos hemos visto excluidas de muchas cosas y, la mayoría de las veces, en el Estado eso tiene que ver con políticas que se crearon sin pensar en las mujeres y las realidades que enfrentan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado y la crianza”.

• ¿Qué resultados empieza a tener la ley para el pago efectivo de pensiones de alimentos y cómo perseguirá el patrimonio del deudor el Estado?

“Ya estamos en plena fase de vigencia y, al igual como ocurrió con el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, que empezó a regir en noviembre, el grueso de los deudores empezaron a ocurrir en  enero. Lo que tenemos es que se están presentando masivamente solicitudes de liquidación de deudas y de activación del procedimiento especial. Éstas se van a ir otorgando en la medida que se vayan cumpliendo los plazos, porque  para activar el procedimiento se necesita al menos un mes devengado desde que entró en vigencia la ley. Por lo tanto, en la medida que se vaya cumpliendo ese plazo para las distintas causas vamos a ver lo mismo que en el registro. Es decir, se va a ir acelerando el tranco. Lo digo, porque partimos tímidamente con el registro en noviembre y en diciembre y, actualmente, ya hay 87 mil deudores inscritos, un 97% hombres, que acumulan una deuda de  96 mil millones de pesos”.

• Una de las principales estrategias de los deudores de alimentos es cambiarse de domicilio. ¿Cómo soluciona esto la ley para pago efectivo?

“La verdad es que no estamos apuntando al domicilio, sino que a las cuentas bancarias. Lo que estamos haciendo mediante el trabajo conjunto del Estado, es que sean los tribunales conectados con el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería y la Comisión para el Mercado Financiero, que es la que regula los bancos, detectar dónde tiene el deudor patrimonio, si es que tiene”.

• ¿Qué ocurre cuando se ingresa al Registro Nacional de Deudores de Alimentos?

“No puede renovar la licencia de conducir, el pasaporte, tomar créditos de más de 50 UF. Se presume que si tienes esa capacidad de endeudamiento tiene para poder pagar la pensión. Se retiene también la devolución de impuestos y se impide la inscripción de venta de bienes raíces y otros bienes como autos o motocicletas. Hay un ingreso de 87 mil deudores y unas 3 mil salidas, es decir, deudores que habiendo entrado pagaron la deuda y pudieron salir. Así que tenemos 3 mil familias más tranquilas en su día a día, porque cuentan con los recursos para sus niños y niñas”.

• Es sabido que en Chile se discrimina laboralmente a las mujeres, principalmente en sus sueldos. Pero se está postulando que jubilen a los 65 años. ¿Usted comparte esta idea?

“La propuesta que hemos hecho de reforma de pensiones y que lidera la ministra (Jeannette) Jara, se hace cargo de la diferencia en la expectativa de vida entre hombres y mujeres, y establece complementos para que eso no se traduzca en peores pensiones para las mujeres. De hecho, yo creo que ésta es una de las características distintivas de la reforma de pensiones. Chile lleva muchos intentos de reformas de pensiones que ya no da más, porque las pensiones son de hambre. No porque uno sea parte de un Gobierno de izquierda, sino porque estamos en momentos de asumir que el sistema no ha cumplido con su misión, porque la mayoría de las personas recibe pensiones de miseria y en el caso de las mujeres la pensión autofinanciada asciende a 32 mil pesos, si no fuera por el Pilar Solidario de la Presidenta Bachelet, hoy llamada Pensión Garantizada Universal. ¿Cuál es el distintivo que yo mencionaba de nuestra reforma de pensiones? Es precisamente que mira las razones por las cuales las mujeres tienen peores pensiones, que no solamente es por la mayor expectativa de vida, sino porque durante nuestra vida trabajamos más en forma no remunerada”.

• ¿Usted es partidaria del aborto libre?

“Siempre ha quedado clara mi posición personal y cual también es la posición del Gobierno. Nosotras lo que estamos buscando hoy es dialogar para poder generar una propuesta que se va a tener que zanjar democráticamente en el Congreso”.

• ¿Qué pueden hacer ustedes como ministerio frente a casos como el que ocurrió en Monte Patria el domingo, donde una mujer boliviana se practicó un aborto y fue detenida?

“Lo que entendemos es que fue detenida porque fue denunciada y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es  abordar este tipo de casos con prudencia y responsabilidad mientras se lleva a cabo el levantamiento de los antecedentes o los procedimientos e, instamos también, a la opinión pública, a respetar la privacidad de las atenciones en salud. Quiero recordar que hace ya varios años que el Ministerio de Salud emitió una circular en que la denuncia no es obligatoria para los funcionarios de salud. En este caso ya tenemos una denuncia y hay que ver el curso judicial que  sigue”.

• Se lo pregunto, porque ella estaba ilegal en el país y en una alta precariedad, pero ¿cree que se debe despenalizar el aborto?

“Siempre he sostenido esa posición”.