Fiscal y defensor regional difieren ante discusión pública sobre la aplicación de libertad condicional
El fiscal regional Adrián Vega y el defensor regional, Alejandro Viada son los hombres del momento en lo que respecta a la aplicación de justicia en la Región de Coquimbo, sobre todo en momentos donde existe inquietud de distintos actores tras la polémica aplicación de la libertad condicional, que en el caso de la Región de Coquimbo benefició a 122 personas. En otras regiones, la situación es aún más crítica, ya que en Valparaíso se le otorgó a 724 reos y en la zona Metropolitana a 568 internos.
En la Región de Coquimbo existen otras situaciones, ya que no existe el hacinamiento en la población penal de otras partes ni la cantidad de beneficiados se traduce en una cifra ampliamente superior respecto al año pasado (103), pero han existido voces que cuestionan si los posibles informes de Gendarmería cuadran con las resultados finales de las Comisiones de las distintas cortes de Apelaciones del país.
Sin embargo, tanto Adrián Vega como Alejandro Viada, antagonistas hasta cierto punto, pero unidos al valor de la aplicación de justicia, están abiertos al diálogo. En ese contexto, participaron de un debate en Diario El Día donde se entró en estas materias y en la aplicación práctica de leyes que atañen directamente a la ciudadanía.
-¿Fue un error traspasar la facultad de otorgar libertades condicionales del Ministerio de Justicia al Poder Judicial?
A. Vega: “Hay que verlo en perspectiva histórica. En 2012 hubo esta modificación legal, pero las lógicas son las mismas, donde el sujeto tiene que cumplir requisitos legales, como la mitad de la condena en unos casos y tres cuartos en otros, tener buena conducta, haber ejercido un trabajo y estar estudiando, lo que se solicita tanto en la legislación actual como en la antigua. Obviamente, los criterios de las seremías son gubernamentales y los de las cortes de Apelaciones son jurisprudenciales. Hay que aclarar que los informes de Gendarmería no son vinculantes, es decir no son obligatorios para los jueces. Existen penas sustitutivas donde también se piden informes de Gendarmería, y tampoco son vinculantes; es decir, no obligan al juez”.
A. Viada: “Yo no comparto para nada que haya una opinión política respecto a esta decisión, porque los criterios de ambas partes son muy distintos. Me parece que las personas llamadas a resolver estos asuntos son Gendarmería de Chile, que son quienes conocen la situación de cada uno de los internos, junto a los organismos y a los profesionales que intervienen en estas decisiones, como son los sicólogos y los asistentes sociales y por supuesto el órgano jurisdiccional, quien es el llamado a tomar este tipo de decisiones. Me parece que tiene que ser un proceso conminado: Gendarmería debe dar la opinión y el Poder Judicial es quien toma la decisión final que inicialmente debe respetar. En ese contexto, y para mejorar los procesos, es vital la creación de un Tribunal de Ejecución de Penas, con expertos en estas materias de importancia”.
-¿Qué sensación queda cuando se libera a tantos reos?
A. Vega: “Quiero diferenciar. Cuando estamos en un juicio oral y estamos pidiendo 20 años y el sujeto sale libre, nos sentimos horribles. Ahora, nos sentimos mal solamente”.
A. Viada: “Muchas veces se ve a la Defensoría como una institución que defiende o favorece la delincuencia. Nosotros estamos lo más alejados de esa visión. En ningún caso, como servicio público, vamos a estar favoreciendo la delincuencia. Lo que nos preocupa es cada proceso que determina si se cometió o no un delito y la pena que se aplique en el caso de que se lo haya cometido. Posteriormente, si se establece una condena y una entrega de beneficios posibles, lo ideal es que sea en un proceso donde se respeten las garantías y que la libertad es un derecho”.
-¿Cómo visualizan el tratamiento en cuanto a la discusión de este tema”
A. Vega: “Una sociedad necesita castigar hechos, y el modo en que se castiga la sociedad debe hacerlo. Por ejemplo, en el caso del delito de violación de menores de edad, según la ley, no tiene derecho a beneficios o penas sustitutivas, sin perjuicio de los beneficios intrapenitenciarios. Si una sociedad civil, en un Estado de derecho, establece que nuestro modelo implica que para ciertos delitos se necesita más rigidez en la concesión de penas sustitutivas, también puede pensar que se puede ser más rígido en beneficios intrapenitenciarios. Esta es una discusión más amplia que la contingencia, porque bajo esa perspectiva podríamos hablar del caso de Valparaíso, donde la cantidad de beneficiados es bastante alta. Pero si esa contingencia hace que el público solicite modificar la ley, sólo se trata de una opinión”.
A. Viada: “A lo mejor no se ha elevado el debate adecuadamente. Hasta el momento se ha centrado en la preocupación ciudadana por esta liberación supuestamente masiva, pero creo que no se ha hecho un análisis a fondo. Está demostrado empíricamente que el grado de reinserción es mucho mayor en las personas que logran obtener este beneficio respecto a quienes terminan cumpliendo la pena a cabalidad. De hecho, sólo el 27% llega a reincidir, según datos de Paz Ciudadana. Si bien nadie puede garantizar que no habrá reincidencia, quienes obtuvieron la libertad condicional lo hacen en una pequeña proporción”.
-¿Cómo se puede vincular esta cuestión con casos como el de Karol Pizarro, víctima de femicidio frustrado en Ovalle, donde su atacante pasó de una pena efectiva de cinco años a una libertad vigilada intensiva?
A. Vega: “En este caso concreto, como fallo adverso para la Fiscalía, creemos que cada institución lucha por lo que encarna y que la ley señala. A nosotros se nos pide perseguir legalmente y proteger a la víctima. Trasladándolo al tema de la libertad condicional, si se generan precedentes, es porque hay que luchar en discusiones a largo plazo”.
A. Viada: “Coincido con Adrián (Vega) en que no hay que mirar los casos en forma aislada y se deben hacer propuestas de mejora en forma genérica y cuesta comprender por qué surgen debates en torno a casos que son aislados”. 3801i