Sigue controversia por pago de indemnización en caso de los bebés cambiados

Mientras en el Servicio de Salud de Coquimbo aseguran que ya cancelaron los 480 millones de pesos, la parte querellante acusa que la información entregada sería falsa y que no se ha depositado el dinero
viernes 15 de julio de 2016

Cuando se pensaba que con la orden de indemnizar a la familia Quintana Valdivia, por el caso de los bebés cambiados hace 22 años en el Hospital San Pablo de Coquimbo, la historia llegaría a su fin, hoy se escribe un nuevo capítulo, ya que la parte querellante, encabezada por el abogado Reinaldo Villalobos, acusa al Servicio de Salud de no haber cancelado el monto adeudado, pese a que estos últimos aseguran que efectuaron el pago.

Fue que el pasado 28 de mayo cuando se conoció el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que obligaba al Servicio a pagar 480 millones de pesos a la familia. Esto, por su responsabilidad en el cambio de los bebés ocurrido en el Hospital de Coquimbo en septiembre de 1994. En esa oportunidad, en la maternidad del recinto médico, el hijo de Carolina Valdivia fue entregado a Tatiana Velozo, y el recién nacido de esta última a la demandante. El hecho no se conoció hasta el año 2008, cuando por motivos médicos al hijo que había criado Tatiana Velozo -pero que realmente era de Carolina Valdivia- se le efectuaron exámenes de ADN y se comprobó que sus genes no correspondían con los de sus supuestos padres.

 

CONTROVERSIA. Todo iba bien encauzado. Pese a que desde el servicio de Salud reconocieron un retraso en el pago, precisaron que éste se había hecho efectivo la semana pasada a los Tribunales de Justicia. Sin embargo, aquello causó extrañeza en la familia, ya que a ellos nadie les avisó nada. Por esto, el abogado Reinaldo Villalobos, a quien tampoco se le entregó la información, realizó las consultas respectivas y asegura que la deuda todavía no ha sido saldada. “El depósito no se ha realizado. Por eso a mí me llamó la atención cuando el director del Servicio de Salud Salió hablando que se había efectuado el pago de la indemnización, nosotros chequeamos con los funcionarios correspondientes en el tribunal, todas las consignaciones y depósitos realizados en junio y lo que va de julio, y no hay absolutamente nada. De manera que la información entregada al diario no se ajusta a la realidad. No sé qué habrá pasado, siempre hay que confiar en las personas y tal vez hubo alguna confusión”, indicó Villalobos.

Además, el profesional precisó que también le parecía raro que Ernesto Jorquera, director del Servicio de Salud, no estuviera en conocimiento de que el interés había elevado la cifra de 480 millones a 518. “Eso es extraño, porque desde en el mes de mayo ya se conocía el nuevo monto, pero por lo que dijo este señor, él tenía conocimiento solamente de 480 millones, lo cual no es efectivo, porque el Consejo de Defensa del Estado, les comunicó y les enviaron copias de las liquidaciones a esa fecha”, añadió Villalobos.

 

SERVICIO DE SALUD. Consultado respecto a los dichos del abogado querellante, el director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, fue categórico y reiteró que el pago sí se hizo efectivo. “No sé si el abogado ha hecho las consultas en el lugar correcto, porque nosotros tenemos certeza absoluta y evidencia, además, de que traspasamos los recursos el día 11 de julio”, dijo.

Respecto al porqué entonces Villalobos aseguraba lo contrario, Jorquera precisó que no lo tenía claro. “No sé por qué está diciendo esto, pero lo que yo creo es que él debería hacer las consultas en el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, ahí se hizo el traspaso”, agregó.

En relación a un eventual no reconocimiento de los intereses al que se alude manifestó que también se efectuarán, pero la justificación de estos recursos tienen que pasar por una tramitación administrativa. “Lo que pasa es que nosotros decidimos, como habíamos solicitado los 480 millones de pesos a Santiago, cuando los recibimos los pagamos, pero como se demoró, sí, efectivamente se generó un interés, por eso que ahora estamos haciendo un trámite administrativo interno para reconocer la deuda que tenemos a propósito de los intereses, para poder pagarla”, precisó Jorquera.