Adrián Vega,  fiscal regional:  "Debemos sincerar que no podemos investigarlo todo, pero que hacemos los esfuerzos"

El fiscal regional, en su cargo desde inicios del 2016 trabaja por lograr mayor cercanía con la comunidad y que esta se atreva a denunciar y sumarse a los procesos que lleva el Ministerio Público para disminuir los delitos.
martes 04 de octubre de 2016

En diciembre de 2015, Adrián Vega Cortés fue designado por el fiscal Nacional Jorge Abbott como fiscal regional de Coquimbo, de una terna que también integraba  de la asesora Rocío Araya y el fiscal de Las Condes Roberto Contreras. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experto en delitos sexuales asumió su cargo el 5 de febrero de 2016.

Vega de mayor cercanía con la comunidad que su antecesor Enrique Labarca, llegó al Ministerio Público en el año 2004 como fiscal adjunto de La Serena, fue esa experiencia en la realidad local  una de las causas que le pavimentaron el camino a este nuevo cargo. Hoy enfoca su labor en coordinar a los más de 150 funcionarios que trabajan en la fiscalía regional, fortalecer a la institución para mejorar las investigaciones y acercarse a la comunidad para que exista confianza en las diligencias que lleva a cabo el Ministerio Público, se atreva a denunciar y a participar de los procesos.

¿Cómo evalúa estos meses del paso de fiscal de terreno a fiscal regional?

“Desde lo personal estoy bien contento y es un desafío profesional dirigir a más de 150  personas que están comprometidas con la persecución penal …que  llevan mucho tiempo y todavía tienen la misma pasión, el mismo compromiso y ahora tienen mucha experiencia y sapiencia para afrontar los procesos que hay que seguir en las investigaciones.

En cuanto a los desafíos profesionales, es real que existe una  necesidad de que los fiscales y los funcionarios nos  abramos más a la comunidad y de que la comunidad entienda nuestra función. Que entienda  que no siempre podemos resolver, pero que existe la mayor de las voluntades para atender bien a las personas y hacerlos participar de procesos limpios  y que aseguren su participación en forma segura.

Además fortalecer los derechos ciudadanos. Acá a nadie le gustaría ser víctima de delitos, pero a nadie le gustaría ser imputado de un delito injustamente, así que el tema de equilibrio es un tema de derechos ciudadanos.

Por otra parte, la institución está  cursando por un periodo  de fortalecimiento gradual y es un desafío fortalecer las relaciones con las  policías, la comunidad y entre los fiscales para llegar a resultados que la ciudadanía espera y por eso nos pagan”.

¿Cómo se mejora la relación con la ciudadanía que muchas veces critica la labor de la fiscalía cuando, a su parecer, no se hace justicia?

“Es muy válida la sensación del ciudadano, porque hay que respetar todas las opiniones. Pero ese tipo de situaciones o esa visión que se puede tener respecto de la víctima,  se consigue con que  el fiscal pueda  acercarse a ella, informarle sus derechos, explicarle que esto es una obligación o tenemos la posición  de forzarnos por lograr una condena, pero no depende de nosotros. Los jueces por su parte aplican el derecho  y hay que aplicarlo en forma justa y objetiva, y no siempre se cuenta con las mejores pruebas. En mi experiencia como fiscal de terreno y ahora como fiscal  regional que dirige a 26 fiscales,  la idea es que la gente entienda que uno hace los mejores esfuerzos y mi experiencia es que  si el ciudadano  ve ese compromiso, esa pasión por investigar y ese buen trato va a entender los resultados y por lo tanto, va a creer más en la posibilidad de hacer justicia en un futuro caso, que ojala que no llegue”.

¿Cómo se coordina el trabajo y la gran cantidad de diligencias que realiza cada fiscal y el logro de objetivos?

 “En lo que es el trabajo de la fiscalía regional que  ahora lidero y desde la nacional, se están  estableciendo modos de evaluar diligencias que no involucren un esfuerzo particular de un fiscal para que ese tiempo se focalice en lo que es más valioso en el  momento para la víctima, como atenderla mejor o relacionarse mejor con las policías. Es un proceso de modelo  de ingreso y de asignación de diligencias que genera espacios para que el fiscal pueda investigar con mayor ahínco lo más importante.

Por otro lado, existe la necesidad de sincerar que no podemos investigarlo todo, que hacemos los esfuerzos y que los resultados vendrán con el tiempo y que el ciudadano denuncie, participe en los procesos e identificar esos pocos, pero que delinquen mucho”.

El Ministerio Público ha tenido problemas internos tras  el recurso de protección interpuesto por el fiscal Emiliano Arias contra el fiscal nacional Jorge Abbott. ¿Cuál es el límite autonomía y de entregar informaciones respecto  a las diligencias que realizan los fiscales?

 “En este caso particular no me compete pronunciarme y la potestad disciplinaria pertenece a don Jorge Abbott como jefe superior del servicio. Hay que respetarlo y los sumarios son legalmente tramitados. En cuanto a cómo se regula aquello, la verdad es que la acción penal está radicada  en los fiscales adjuntos y en el fiscal regional respectivo, por lo tanto las diligencias de investigación son dirigidas de  forma autónoma e independiente, y las investigaciones se llevan a cargo por el fiscal, las policías y  el ciudadano que debe participar. La necesidad de autonomía es fundamental puesto que es el único modo de asegurar que estamos en un estado de derecho que es objetivo, tanto para las víctimas como para los imputados”.

Recuadro:

LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR

Para el fiscal regional, uno de los ámbitos más importantes en los que debe participar la ciudadanía es en la denuncia de los delitos, esto porque permite recopilar antecedentes y focalizar los recursos en los áreas que se requiere.

“Para nosotros es fundamental que se denuncie. La gente tiende  a no denunciar, porque piensa que no va a tener resultados, pero  el hecho de denunciar provoca que focalicemos los esfuerzos en lo que es una población o territorio respectivo”

La frase

“Hay que trabajar con la sensación de inseguridad de la comunidad para generar  menos miedo a denunciar y menos miedo de participar en los procesos penales”.