Cerca de $3000 millones gastó el Servicio de Salud por negligencias en 10 años

De acuerdo a cifras entregadas por el propio director, Ernesto Jorquera, entre el 2006 y el 2016 hubo 41 casos en los que el tribunal resolvió que existía responsabilidad de la red hospitalaria, lo que en dinero implica alrededor de 300 millones de pesos al año. El exseremi de salud Ramón González asegura que las negligencias no han aumentado, lo que se ha incrementado son las denuncias y que existen abogados que se dedican a captar estos casos con meros intereses económicos. En tanto, desde el gremio piden mejores condiciones para el sistema público.
domingo 28 de enero de 2018

Juan Carlos Pizarro-Rebeca Luengo

El 15 de febrero del año 2009 tuvo lugar uno de los hechos más trágicos ocurridos en el hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle. Lo que sería un día de alegría para Braulio Muñoz y Fernanda Castillo, una joven pareja de la capital de Limarí, terminó con el peor de los desenlaces.

Él con 18 años y ella con 16, esperaban a su primer hijo. No fue un proceso sencillo por sus tempranas edades, sin embargo, lograron sobrellevarlo y tenían la intención de formar una familia juntos.

Pero todo salió mal en la sala de parto. Producto de una excesiva administración de anestesia, Fernanda sufrió un paro cardiorespiratorio que le provocaría la muerte dos días más tarde.

Las malas noticias no terminaron. El recién nacido, Matías, sufrió una asfixia neonatal, presentando lesiones neurológicas irreversibles, todo porque a su madre se le realizó una cesárea de manera tardía.

Pese a los esfuerzos del padre, Braulio y sus familiares, y del tratamiento que recibió el pequeño en la Fundación Teletón durante años, no resistió y falleció el 9 de mayo del 2017.

BUSCANDO “JUSTICIA”. Pese al dolor, la familia de la joven y la del menor decidieron iniciar acciones legales en contra del Hospital de Ovalle debido a estas negligencias médicas y hasta ahora los tribunales les han dado la razón. De hecho, en el 2015 la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó al Servicio de Salud pagar la suma de 200 millones de pesos por su responsabilidad en el deceso de la paciente y, la semana pasada, el mismo monto por la muerte del pequeño Matías, algo que todavía no se resuelve del todo luego que el Estado recurriera a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo. Sin embargo, el proceso ya está en marcha.

350 consultas se realizan al año en atención primaria.

INDEMNIZACIONES, CASOS QUE SUMAN Y SIGUEN. Pero el caso del pequeño Matías es sólo el último de una larga lista de denuncias que han terminado con el Servicio de Salud de la zona pagando altas sumas de dinero que han alcanzado incluso los 500 millones de pesos en el caso de los bebés que fueron cambiados en el hospital de Coquimbo en 1997.

De acuerdo a cifras entregadas por el propio director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, entre el 2006 y el 2016 hubo 41 casos en los que el tribunal resolvió que existía responsabilidad de la red hospitalaria, lo que en dinero implica alrededor de 300 millones de pesos al año.

Pareciera ser mucho dinero, sin embargo, Jorquera aclara que la cifra corresponde sólo al 0,23% del presupuesto. Pero no por esto la situación deja de ser preocupante ya que en cada una de las negligencias están involucradas vidas humanas y familias enteras, por lo que “en los hospitales se discute permanentemente sobre cómo mejorar”, indica Jorquera.

 Miguel Ángel Alvarado, diputado: “Es fundamental que los médicos puedan trabajar en un solo lugar. Para que no tengan que andar de un lado para otro, pero para eso tienen que mejorar las condiciones en el sistema público”.

MARCANDO DIFERENCIAS. El director del Servicio de Salud Coquimbo explica que en las indemnizaciones hay que hacer la diferencia. No es lo mismo una negligencia médica o error profesional que una falta de servicio que es lo que principalmente se ve en los tribunales.

Jorquera lo ejemplifica con las urgencias obstétricas asociadas al embarazo –precisamente lo que ocurrió con Fernanda Castillo y su pequeño Matías-. En estos casos, podría llegar una mujer que está a punto de dar a luz y si está ocupado el pabellón de Urgencias, el tiempo que demora el personal en armar otra sección o los minutos que demore el médico de turno en acudir al llamado podrían generar un problema y las complicaciones que surjan de esto serán consideradas por el tribunal como “falta de servicio”.

Cuando se trata de una negligencia por error profesional o médico, en tanto, de forma obligatoria debe iniciarse un sumario  administrativo en los hospitales y si la investigación establece que hubo una equivocación, el Servicio de Salud debe demandar al profesional o el equipo médico para hacerlos coparticipes del pago. Por lo mismo, la mayor parte de los casos no son atribuibles  a personas, sino que al proceso o a no tener las condiciones necesarias para enfrentar la situación de urgencia.

 Ramón González, Exseremi de Salud: “Yo te diría que de 100 demandas que se hace sólo un 3% llegan a buen término para el demandante”.

SOBRECARGA LABORAL DE LOS MÉDICOS. El diputado Miguel Ángel Alvarado cree que las causas de las negligencias médicas están directamente relacionadas con la sobrecarga laboral que tienen los profesionales en la Región de Coquimbo ya que muchos de ellos, según el parlamentario, trabajan en hospitales y también deben hacerlo en el servicio privado “lo que podría ocasionar un cierto deterioro en la atención prestada”.

Entonces, ¿cuál sería la solución? Alvarado asegura que debería haber una dedicación exclusiva de los profesionales que trabajan en los hospitales públicos inclusive los días sábados si es necesario, con capacitaciones permanentes en atención e investigación. Sin embargo, la traba para poder hacer esto es que debería haber mejoras salariales para los doctores y que así no tengan que intercalar su tiempo entre el sistema público y el privado. “Es fundamental que los médicos puedan trabajar en un solo lugar. Para que no tengan que andar de un lado para otro, pero para eso tienen que mejorar las condiciones en el sistema público, como los sueldos para que sólo se dediquen a eso”, asegura Alvarado.

Reinaldo Villalobos, abogado: “Si hay pruebas fundadas de que alguien vio mermada su salud por un mal proceder en algún recinto hospitalario, está en su derecho a interponer las acciones legales correspondientes”.

DENUNCIAS SIN ASIDERO. El exseremi de salud durante el gobierno de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos, actual concejal Ramón González, no está de acuerdo en que actualmente existan más negligencias médicas que antes. Según afirma, lo que se está dando es que hay más denuncias, pero las que realmente tienen asidero “son mínimas”.

Atribuye el aumento, a que la gente en la actualidad “se siente con la competencia” para cuestionar “ligeramente” el actuar de los profesionales sin saber realmente cómo son los procedimientos. “Yo te diría que de 100 demandas que se hace sólo un 3% llegan a buen término para el demandante”, sostiene.

Ernesto Jorquera, Director del Servicio de Salud Coquimbo: “Estas discusiones son dolorosas, pero La única manera de mejorar nuestro sistema es evaluar medidas y buscar dónde están las fallas”.

UNA ESPECIALIDAD PARA LOS ABOGADOS. El doctor González, además, cree que detrás del gran número de denuncias existen intereses económicos. Asegura que las grandes sumas de dinero que se piden por concepto de indemnizaciones atraen a los juristas quienes también reciben un porcentaje de este pago. “En las grandes clínicas en Santiago hay abogados que están afuera esperando iniciar un juicio de este tipo, con dudosas comisiones”, consigna.

Pero entiende a la gente que decide de entablar una demanda ya que ante la pérdida de un ser querido a veces se actúa de forma poco racional, lo que lleva a pensar que los médicos siempre podrían haber hecho más por el paciente. “Es evidente que hay una carga emocional detrás de las denuncias. Sin embargo, tampoco se puede desconocer que hay negligencias, aunque son mucho menos de los que se cree”, asegura.

Rubén Quezada, presidente Colegio Médico Región de Coquimbo: “Siempre va a existir un error médico, uno en la urgencia ve 100 pacientes al día y como ser humano tiene un porcentaje de error”.

DESDE LA EXPERIENCIA. El abogado Reinaldo Villalobos fue querellante en el caso de negligencia médica más costoso para el Servicio de Salud. Se trata de los bebés cambiados en el Hospital de Coquimbo en 1997 donde finalmente en la sentencia dictada durante el 2016 se condenó al Servicio de Salud a pagar cerca de 500 millones de pesos.

Conoce del tema de cerca y coincide con el exseremi González en que hay juristas que, efectivamente  han encontrado un nicho donde desarrollar sus carreras, el que además es bastante lucrativo debido a los altos montos que se manejan, lo que no le parece algo que esté reñido con la ética. “Si hay pruebas fundadas de que alguien vio mermada su salud por un mal proceder en algún recinto hospitalario, está en su derecho a interponer las acciones legales correspondientes y que alguien lo patrocine”, sostuvo.

Tampoco cree que las negligencias sean más que antes. Sostiene que hoy en día la gente tiene más herramientas para denunciar y además, antiguamente la posibilidad de demandar de manera civil al Estado era bastante engorrosa, sobre todo porque se debían crear tribunales especiales los que nunca funcionaron, por lo que los casos tuvieron que resolverse en tribunales ordinarios de justicia desde mediados de la década del ’90.

Para Villalobos esto resultó un avance, pero de igual manera originó una situación de descontrol y se comenzaron a presentar “denuncias al boleo”.

Sin embargo, y de acuerdo a su experiencia, reconoce que cuando las negligencias efectivamente tienen asidero, el dolor de los afectados es inmenso por lo que el Estado debe hacerse cargo.

En el caso, por ejemplo, de La joven Fernanda y su hijo Matías, fueron dos las familias cuyas vidas nunca volverán a ser las mismas y en lo que tiene que ver con los bebés cambiados, los hoy adolescentes tendrán que vivir con esa carga para siempre, “por lo que el pago se justifica”, sostiene el abogado.

MÉDICOS PIDEN MEJORES CONDICIONES. El presidente del Colegio Médico Región de Coquimbo, Rubén Quezada defiende el accionar médico y asegura que los errores que cometen los profesionales no son tan numerosos como se cree y si hay equivocaciones, éstas suceden como en cualquier otra profesión.

Señala que en primer lugar se debe poner en contexto la cantidad de prestaciones que se realizan en la atención primaria, urgencias y hospitales al año en la región. Así por ejemplo, en la atención primaria se realizan más de 350 mil consultas y 297 mil de especialidad, mientras en las urgencias y hospitales son más de un millón. “Siempre va a existir un error médico, uno en la urgencia ve 100 pacientes al día y como ser humano tiene un porcentaje de error”, manifiesta Quezada, quien añade que por ello, el Colegio Médico se moviliza para que los profesionales de la salud puedan realizar sus atenciones con los conocimientos y las condiciones de trabajo adecuadas.

El dirigente gremial además atribuyó responsabilidad a las condiciones y el equipamiento con el que trabajan los médicos que en ocasiones no son suficientes o son demasiado precarias. Como ejemplo puso los servicios de Urgencia, ya que ahí se genera una alta congestión en las salas de espera, y con ello situaciones de estrés para los funcionarios administrativos técnicos y también para los médicos ya que cuando están atendiendo a una persona “saben que hay 10 más esperando”.

Por lo mismo, dice Quezada, y en esto hay un consenso transversal, es necesario contar con mayor apoyo de personal e infraestructura para dar cabida a la atención de todos los pacientes que llegan a esta unidad, y a todas, ya que, pese a que desde el Servicio de Salud aseguran que los casos no son tan frecuentes, el dolor de quien pierde un ser querido difícilmente se puede compensar con dinero.

URGENCIAS, UN SECTOR DE RIESGO

El director del Servicio de Salud de Coquimbo, Ernesto Jorquera, explica que si bien cualquier sección de un recinto hospitalario está expuesta a que suceda una negligencia médica, es en los servicios de Urgencia donde hay mayor prevalencia de estos eventos ya que ahí llegan los casos de mayor complejidad y las condiciones generales de los pabellones o su disponibilidad no siempre son las óptimas. “Si no está disponible un pabellón de urgencia hay que armar un segundo y, en algunos casos, si a un paciente no tenemos la capacidad de intervenirlo en nuestros hospitales, tenemos que derivarlo lo que genera un retraso en la atención”, manifestó.

LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS EN OVALLE

Caso Víctor Rojas 

Falleció en febrero de 2009 por una hemorragia. En julio de 2014 la Corte de Apelaciones ordenó la indemnización para la familia (135 millones), tras comprobarse la irregularidad del procedimiento médico al interior del Hospital de Ovalle. El joven  de 19 años  llegó hasta el servicio donde lo derivaron a su domicilio  con un diagnóstico de  faringitis leve.

Caso de Virginia Aguilera 

Falleció  el 17 de junio del 2012 producto de un infarto tras esperar cuatro horas para ser atendida. En agosto de 2016, en un fallo en segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de La Serena, se confirmó la sentencia apelada, condenando al Servicio de Salud Coquimbo a indemnizar por daño moral a los hijos de la víctima con un monto de 50 millones en total.

Caso de Danae Muñoz

En el año 2012, el parto de la pequeña estuvo programado el 28 de septiembre, sin embargo, se aplazó para el 5 de octubre (41 semanas de gestación). Un día antes de lo establecido su madre Karina Pérez, comenzó a sentirse mal por el trabajo de parto. Tras un examen se confirmó que la bebé estaba con una asfixia por lo que se le practicó una cesárea de urgencia. La pequeña recibió una tardía atención lo cual derivó en daños neurológicos y discapacidad física irreversibles. El 17 de marzo de 2017, la Corte de Apelaciones de La Serena condenó al Servicio de Salud de Coquimbo a pagar una indemnización por daño moral a los padres (120 millones para Danae y 80 para los padres)

Caso María Angélica Ahumada

El 12 de enero de 2014 la madre de 50 años llegó hasta el recinto local por un fuerte dolor de estómago. Se le habría dicho que  tenía una gastroenteritis aguda y se le inyectó un medicamento que causó su muerte. El elemento  suministrado por el estudiante en práctica aceleró el pre infarto que tenía Ahumada,  y sumado a lo anterior, era contraindicado para personas con hipertensión, condición que padecía. El 3 de abril de 2017  el Tercer Juzgado de Letras de La Serena confirmó en primera instancia la sentencia que obligó al nosocomio local a indemnizar a la hija de la víctima y a su pareja la suma de 50 y 20 millones de pesos respectivamente.

María Alejandra Wuillans

En junio de 2016 la Corte de Apelaciones ordenó el pago de 160 millones de pesos por parte del Servicio de Salud Coquimbo a la hermana de María Alejandra Wuillans Valdivia, quien falleció por la falta de servicio en parto, en el hospital local. Los hechos se registraron el 29 de septiembre del año 2008 cuando la punitaquina ingresó al centro asistencial con un embarazo de término de 41 semanas. En el hospital, en momentos que se encontraba sin vigilancia médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio que obligó a practicarle una cesárea de emergencia, procedimiento que dejó a la paciente en estado vegetativo, falleciendo en febrero de 2009.

Fernanda Castillo y Matías Muñoz

El 14 de febrero de 2009, tanto la madre como el hijo sufrieron complicaciones durante el parto. En enero de 2015 la Corte de Apelaciones de la Serena sentenció al pago de 200 millones por la muerte de Castillo, quien tras aplicársele anestesia resultó con problemas que derivaron  en un paro cardiorrespiratorio y luego en una falla multiorgánica que acabó con su vida dos días después de dar a luz. En tanto, esta semana en primera instancia el Segundo Juzgado de Letras de La Serena condenó al Servicio de Salud de Coquimbo  a pagar una indemnización (200 millones) a Matías, confirmando así que como consecuencia de una cesárea tardía, el menor había nacido con daño neurológico.

Caso de Paulina Cortés 

En octubre de 2016, la resolución en primera instancia dictada por Tercer Juzgado de Letras de La Serena, aseguró que la actuación tardía e inoportuna del Servicio de Salud de Coquimbo, a través del Hospital de Ovalle, causó la muerte de la hija de Cortés en marzo de 2013. La cesaría habría sido tardía. Se ordenó una indemnización de 50 millones por concepto de daño moral.

Caso María Isabel Campusano

En el año 2014 Campusano fue atendida tras un diagnóstico de artritis denominado gota, en donde se le aplicó un tratamiento de tres meses. A pocos días de iniciarlo, comenzó a sentir molestias en la piel y escozor en el cuerpo. En junio de ese año fue al Servicio de Urgencias al menos 7 veces, se le diagnosticó una alergia. Falleció producto de una necrólisis epidérmica tóxica. En abril de 2017 se ordenó el pago de una indemnización (80) millones a la familia por daño moral.