Corte ordena tomar medidas para mitigar emanación de gases desde alcantarillado en Peñuelas

Desde hace varios años, los residentes del sector de Peñuelas han presentado constantes reclamos ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la empresa Aguas Del Valle debido a la notable afectación en su calidad de vida por los malos olores y la emanación de gases provenientes de sus sistemas de alcantarillado domiciliario. Esta situación ha llegado incluso a los tribunales de justicia, donde se determinó que estos organismos deben tomar medidas de mitigación al respecto.

 Estos residentes de sectores pertenecientes a cinco junta de vecinos de Peñuelas, relatan que han experimentado permanentemente un olor insoportable tanto dentro como fuera de sus hogares, lo que les ha causado vómitos, náuseas, dolores de cabeza y mareos. Este problema se ha vuelto constante desde el año 2017, afectando a numerosos habitantes del sector, una situación que, incluso, algunos ya habían normalizado.

Pero el pasado 6 de marzo de 2023,  la paciencia de los vecinos llegó a su límite. Ello, a raíz de una grave emergencia registrada al interior de un domicilio ubicado en calle Riñihue, en donde se detectaron altas emanaciones de ácido sulfhídrico, provenientes de los conductos de alcantarillado y los ductos de desagüe de los artefactos de baño y cocina. 

En ese contexto, David Fuentes, presidente de la Junta de Vecinos de Los Prados de Peñuelas, indicó que estas emanaciones, que ellos creían eran sólo malos olores en  las casas, pueden generar una emergencia de proporciones.

“Hay gases como el etanol y el ácido sulfhídrico que son altamente dañinos. Unos vecinos estuvieron en peligro de muerte, y por eso decidimos poner un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones”, sostuvo el dirigente.

Fuentes señala que, paralelamente, habían puesto una serie de reclamos en Aguas del Valle, la seremi de Salud, y en la Superintendencia del Medio Ambiente, los cuales, sin embargo, habían caído en saco roto.

“Nadie había dado importancia real al problema, salvo cuando se produce este episodio del pasado 6 de marzo, cuando tomamos conciencia de que no son olores, sino que son gases tóxicos. Todos los días en nuestras casas hemos sufrido con los olores de estos gases”, afirmó el representante de los vecinos.

Fuentes sostiene que lo único que ha hecho la Superintendencia de Servicios Sanitarios es responder sus cartas en las que señalaba que se iban a solicitar medidas a la empresa sanitaria, pero éstas, asegura, nunca se concretaban.

Al respecto, Gisele Sánchez, vecina del sector y abogada, asegura que al enterarse del riesgo que significó la emanación de gases para una familia del sector, y luego que la Superintendencia de Servicios Sanitarios expresara que esta situación escapaba de sus atribuciones, es que se vieron obligados a presentar un recurso de protección.

“Ellos dicen que son terceros que intervienen las tapas del alcantarillado. Eso dio pie a que nos uniéramos los vecinos que sufren náuseas y mareos. Son unos 3 mil domicilios los afectados y en éstos, en promedio, viven cuatro personas, porque no son sólo los vecinos de Los Prados. Son otras cuatro o cinco poblaciones de Peñuelas”, afirmó. 

En todo caso, los vecinos señalan que la SISS emitió una respuesta formal mediante el oficio NR-895, en la cual reconoce las irregularidades, pero al mismo tiempo afirma que los niveles de gases etanol y ácido sulfhídrico se encuentran dentro de la norma. Esta respuesta, indican los habitantes repite los mismos argumentos entregados en reclamos anteriores, “evitando así el cumplimiento de su rol como entidad fiscalizadora y transgrediendo las funciones que le corresponden según lo establecido en la Ley N° 18.902”.

Por ello, Gisele Sánchez espera que la superintendencia no apele al fallo.

“Nosotros buscábamos la clausura de estas empresas pesqueras que no realizan el tratamiento de los residuos que vierten sus riles por el alcantarillado, pero la Corte les planteó un plan de mejoras. Esperamos que cumplan este fallo”, señaló la profesional.

En ese contexto, las diputadas Carolina Tello y Nathalie Castillo, junto al senador Daniel Núñez se reunieron con los vecinos de las Juntas de Vecinos de Villa Los Aromos, Potrerillos, El Salvador, El Agrado y Los Prados de Peñuelas.
Al respecto, la diputada Castillo reiteró que estos gases que emanan de los alcantarillados pueden afectar gravemente la salud de las personas.

“Nuestro compromiso es que se cumpla lo que determinó la justicia y las autoridades de salud  garanticen a los vecinos un ambiente libre de contaminación, sobre todo que en estos sectores viven adultos mayores”, indicó la parlamentaria.
Por su parte, el senador, Daniel Núñez, afirmó que esto se había denunciado durante varios años, pero con la situación ocurrida a una familia, adquirió ribetes dramáticos.

“La sanitaria autoriza que las empresas desechen sus riles y obviamente el alcantarillado no está preparado para recibir estos desechos. Acá la superintendencia de Servicios Sanitarios debe jugar un rol clave en fiscalizar a Aguas del Valle para que no entregue autorización a estas descargas y, si la entrega, sean materiales ya tratados que no tengan un efecto contaminante”, sostuvo el senador. 

Desde Aguas del Valle lamentaron las molestias ocasionadas a los vecinos del sector a causa del mal uso del sistema de alcantarillado por parte de empresas que faenan productos del mar, causando olores y vertimientos en el lugar, incumpliendo la normativa establecida.

En ese sentido, desde la sanitaria fueron enfáticos en señalar que desde “hace años que venimos trabajando en conjunto con autoridades, comunidad, asociación de empresas del Barrio Industrial y la Superintendencia de Servicios Sanitarios para poder fiscalizar, hacer monitoreos e incluso clausurar la cámara de descarga a nuestra red a las empresas que no cumplen con la normativa. Sin embargo, estas malas prácticas se repiten”, indicaron en un comunicado.

Agregan en el texto que, tal como indica la resolución de la Corte de Apelaciones, ya se ha trabajado en conjunto con la SISS en un “plan robusto” que les permita acotar la ubicación de las descargas de riles de terceros o usuarios que perjudican a sus clientes y, sobre los cuales, se tomarán todas las acciones que correspondan una vez identificados.