Caso Romario: Capitán imputado por muerte asegura que ordenó utilizar sólo munición de fogueo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena dio inicio ayer al juicio oral contra el capitán de Ejército J.S.F.S., y tres de sus subalternos, quienes enfrentan una serie de cargos por el llamado Caso Romario.

Los delitos imputados al capitán y a los otros funcionarios del Ejército están relacionados con apremios ilegítimos que desembocaron en la muerte del joven Romario Veloz y en lesiones graves contra dos personas, hechos ocurridos el 20 de octubre de 2019, frente a Mall Plaza La Serena.

En la primera jornada del juicio, las magistradas Ana Alfaro (presidenta), María Inés Devoto y el magistrado Carlos Manque (redactor) leyeron la acusación fiscal, que señala que el capitán J.S.F.S. asumió como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia (UFE 1) durante el estado de excepción constitucional en las comunas de La Serena y Coquimbo en el contexto del estallido social ocurrido el 19 de octubre de hace cuatro años en el país, siendo su misión velar por el orden público y la seguridad de la población.

Según la acusación, el 20 de octubre de 2019, mientras una manifestación se desarrollaba cerca del Mall Plaza La Serena, algunos de sus locales fueron saqueados. En ese momento, el capitán ordenó la conformación de una cadena de tiradores y dio órdenes de avanzar. Posteriormente, instruyó a los soldados abrir fuego con fusiles cargados con munición de guerra y de fogueo, sin controlar el uso de las armas, lo que resultó en la muerte de Romario Wladimir Veloz Cortés y lesiones graves a otras dos personas, Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés, tras lo cual, no se les prestó ayuda. 

Durante la jornada de los alegatos de apertura, se presentaron las versiones de los imputados en el caso, comenzando por la del capitán de Ejército, quien declaró que al asumir el mando de la Unidad Fundamental de Emergencia, por orden del comandante, Teniente Coronel, Patricio Rojas Villar, se le informó, tanto de los mandos como de los soldados conscriptos.

Según el oficial imputado, le hizo saber a su comandante que estas unidades debían ser de características “orgánicas” y compuestas por personal entrenado previamente. Sin embargo, el oficial superior - aseguró el inculpado - le explicó que él (Rojas) tenía el control total sobre la conformación de las dos unidades, ordenándole tomar su puesto en la fila, y dejando en claro que no todos los conscriptos estaban bajo su mando.

Tras ello, el capitán J.S.F.S., explicó que conversó con el comandante sobre la distribución de la munición, ya que Rojas había ordenado una proporción de 1 bala de fogueo por cada 19 balas de guerra, con la idea de usar la primera  de manera disuasiva. Sin embargo, el imputado y un capitán de otra unidad sugirieron que la distribución debería ser de 17 balas de guerra y 3 de fogueo, como lo establecía el reglamento, argumentando que se les enseña a los conscriptos la diferencia entre ambos tipos de munición. Así, se cambió la distribución de ésta.

El imputado indicó además que, más tarde, recibió la orden de cambiar el armamento de su compañía, compuesta por 86 personas, al fusil Galil, lo que implicó que cada soldado tuviera tres cargadores, cada uno con 25 balas de guerra y 5 de fogueo, en lugar del armamento anterior.

En su testimonio, el oficial aseguró que instruyó a sus subalternos que la tarea no era disparar a los civiles, y si se utilizaba la munición de fogueo, sólo debía ser de forma disuasiva. Él mismo asegura, asumió la responsabilidad de dar la orden en caso de que fuera necesario usar el armamento.

Al respecto, relató que el día de los hechos, ubicaron su unidad en las afueras del Mall Plaza, ante lo cual,  algunos manifestantes comenzaron a arrojar objetos contundentes, sin tener elementos de protección adecuados. Frente a esto, ordenó a su unidad avanzar y detener los saqueos que se estaban iniciando. 

Sin embargo, según su declaración, las personas no se retiraron y continuaron arrojándoles objetos, lo que llevó al capitán a ordenar que el personal se “preparara” para usar la munición de fogueo. 

En ese momento, agregó, un grupo considerable de personas comenzó a avanzar hacia donde estaba el personal militar, cifrando este grupo en unas 100 personas aproximadamente.  

Por ello, aseguró, giró y levantó su mano derecha, ordenando un disparo de fogueo en voz alta.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de pruebas, entre ellas videos y fotografías, las que fueron presentadas al capitán de Ejército para aclarar su versión.

Al respecto, el fiscal regional, Adrián Vega, afirmó que con ello, se busca la acreditación de los hechos antes descritos, utilizando para ello, videos que resultan “muy importantes, además de pruebas fotográficas, periciales ad hoc, testimonios de civiles y policías que recogieron evidencias”.

“Se dijo en el alegato y soy responsable en aquello: en los informes de la autoridad respectiva -el Ejército de Chile- sólo informaron una munición de guerra consumida. Así está en la papelería, y hay acreditación efectiva de lo contrario. Por lo tanto, es una claridad que la Fiscalía debió hurgar y auscultar el sitio del suceso y otras circunstancias más para dar con la verdad de los hechos”, aseveró el fiscal.

Por su parte, Adriana Rojas, abogada representante de la familia de Romario Veloz, indicó que no hay nada nuevo en las defensas del imputado y que su teoría, sólo buscan su absolución. 

“Algunos pidiendo legítima defensa privilegiada invocando la Ley Nain-Retamal, otros invocando el cumplimiento de un deber, una diversidad de elementos que han sido señalados en audiencias anteriores”, sostuvo la profesional.

En ese sentido, el abogado defensor Carlo Silva, quien representa a C.J.R.O., al que se le imputa ser el autor del disparo que le costó la vida a Romario Veloz, asegura que las pruebas del Ministerio Público son insuficientes para acreditar que su defendido fuera el causante de la muerte del joven ecuatoriano.

“Hay además justificaciones para su actuar, como obediencia debida. Él no actúa a mutuo propio sino a una orden de su superior jerárquico. Las circunstancias del momento implicarían que se estaría defendiendo legítimamente. Por eso vamos a pedir su absolución”, aseveró.

Por su parte, Mery Cortés, madre de Romario, sostuvo que espera que se condene con cárcel a los asesinos de su hijo.
“Que exista verdad, justicia y reparación, y sobre todo, que nunca más en  Chile se dé un caso como éste. Que no exista impunidad”, pidió.

Cabe recordar que para el capitán J.S.F.S, la Fiscalía solicita una pena de presidio perpetuo simple, mientras que para J.A.M y C.R.O, 15 a 20 años de presidio. Para el último imputado en tanto, M.R., la petición es de 10 años de cárcel.