La compleja instalación de Puerto Cordillera en Coquimbo y Andacollo

Hace unos días, se hizo pública la denuncia de que las escuelas República de Grecia y Juan Pablo II de Coquimbo, bajo la administración del Servicio Local de Educación, (SLEP) Puerto Cordillera, se quedaron sin suministro eléctrico debido a problemas de pago. Una situación que pese a ser solucionada en el corto plazo, se suma al sumario administrativo en curso y la suspensión de labores de la directora de la institución, Ana Victoria Ahumada, como resultado de denuncias presentadas por parte de los funcionarios y el Colegio de Profesores.

Hoy pese a los avances logrados en materia de gestión, los docentes de las comunas de Coquimbo y Andacollo, reconocen que aún hay temas pendientes en los que se debe trabajar, sobre todo los que tienen que ver con las demoras en los trámites, los bonos al retiro de profesores que llevan años esperando, bono de movilización a sectores rurales que hoy deben costear los docentes, entre otros.

Tomás Alvarado, presidente del colegio de profesores comunal Coquimbo, explica que desde la implementación de la Ley de Educación Pública y la creación de los servicios locales de educación, no se consideraron aspectos clave, como la transferencia de las cuentas de servicios básicos a los servicios locales. “Esto llevó a que las facturas eléctricas llegaran a la municipalidad en lugar del actual sostenedor, resultando en facturas impagas y cortes de electricidad en las escuelas. Los cortes causaron diversos problemas, como la falta de agua en los baños, la imposibilidad de servir comidas a los estudiantes y de calentar la comida de los profesores. Además, afectaron el funcionamiento de las bibliotecas CRA y el sistema computacional”, comenta.

El dirigente cuenta que hace dos años se cursó un sumario administrativo a la directora ejecutiva titular, Ana Victoria Ahumada, quien fue apartada de su cargo y hasta la fecha no hay resolución del caso. “Actualmente, se paga tanto a la directora subrogante como a la titular en proceso, además de los bonos contractuales correspondientes. Un doble gasto. Hemos hecho las gestiones con el ex ministro y con el director nacional, Jaime Veas, pero no hemos visto avance en esta materia”. 

Alvarado además señala que una de las principales preocupaciones de los docentes es el pago efectivo de los bonos de retiro, muchos de los cuales llevan esperando años el beneficio. “Tenemos profesores enfermos, profesores con licencia médica, profesores que están sin trabajar porque no pueden y en estos momentos están esperando que el Ministerio levante los recursos y puedan pagarles. Esto ha sido realmente deprimente para los profesores que están por jubilar. El servicio de Puerto Cordillera, en ese aspecto, reconoce que ha habido errores administrativos. Ellos ahora lo han superado, han enviado todos los antecedentes de más de 120 profesores y en Santiago, mediante una revisión demasiado prolija del Ministerio de Educación, no han logrado dar soluciones con la eficacia que se requiere, porque por ejemplo si falta un Rut, un nombre o bien un número de cuentas, un expediente que no venía con los datos, devuelven todo y los archivos de los profesores que iban en forma correcta son devueltos de igual forma”. 

Por su parte, Pola Videla Jiménez, presidenta (S) del Colegio Regional de Profesores, explica que “si uno compara bajo la administración del DAEM, desde mi experiencia ha habido mejoras, hay un mejor funcionamiento administrativo, un pago más a tiempo y ordenado de nuestras remuneraciones, hay un entrego oportuno, hay una plataforma digital donde tú puedes descargar tu liquidación, hay una preocupación por facilitar en parte la tarea del docente que es la contratación de plataforma digital. Hay una mayor preocupación por cada escuela del territorio, hay visitas de la jefatura, hay un mayor compromiso ahora”. 

Pero no todo ha sido positivo reconoce la docente, quien agrega que, “cuando fuimos traspasados, la ley decía que no íbamos a perder nuestros beneficios adquiridos y ocurrió que las escuelas que estábamos trabajando fuera del radio urbano de Coquimbo, teníamos desde el año 2006 un bono, era una asignación para paliar en parte el gasto que significaba el traslado de Coquimbo a Tongoy, a Guanaqueros, a Puerta Aldea. Entonces, el año 2020 estábamos en pandemia porque nos faltaba un documento que era la reglamentación de la destinación de recursos, se nos quitó ese beneficio y eso, para hacerte bien clara, no hubo una voluntad política por mantenerlo. Y ahora, el traslado a zonas rurales, es un gasto tremendo para nuestros colegas”.

Yetty Jara, integrante del Colegio de Profesores y docente de Andacollo, reconoce que la implementación del Slep como proyecto piloto tiene cosas buenas y malas, “nosotros estamos distantes de la comuna de Coquimbo y eso nos ha traído ciertas dificultades. Al principio partimos con dificultades con la plataforma y hemos ido poco a poco avanzando. Pero como andacollinos nos sentimos un poco desplazados, en el sentido de que todo se hace en Coquimbo. Nosotros teníamos más expectativas, o sea, que fuera más, así como compartido, que escucharan nuestras opiniones. Yo siento, porque eso de estar todo en Coquimbo a nosotros nos limita mucho”.

La docente explica además que antes contaban con un bono de movilización para los sectores rurales, pero con la implementación del Slep eso ya no existe, por lo que son ellos quienes costean sus traslados diarios. “El Internet en Andacollo es malísimo y tenemos una plataforma virtual que también nos da problemas porque tenemos que tener un Internet bueno. La plataforma a veces nos borra las notas, porque se nos cae el Internet. Y al final nosotros lo hacemos con nuestro celular, con nuestro plan, siempre buscando una solución. El Slep tiene que ver el mantenimiento, el Internet, el cambio de computadores, pero las solicitudes se demoran, porque se hace a través de la plataforma. Por ejemplo, a veces uno no hace bien el cálculo de cuantas hojas o tinta va a necesitar, cuando se solicita y luego nos quedamos cortos, pero gracias al trabajo coordinado de los directores se logra suplir lo que falta, mientras nos dan la respuesta desde el Slep, para que a los niños no les falte nada para su proceso educativo”, indicó.

Carolina Saavedra González, directora ejecutiva subrogante del Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera, comenta que en la actualidad están entregando alrededor de 336 millones de pesos a nueve docentes. “Este logro es gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Educación, el Colegio de Profesores de la Territorial Coquimbo y Andacollo y Puerto Cordillera, logramos pedir un anticipo para subsanar el retraso que había ocurrido con estos nueve docentes. En diciembre, planean llevar a cabo un evento especial para reconocer y agradecer a estos nueve docentes por su dedicación de más de 30 años en los establecimientos del servicio local”.

Además, Saavedra menciona que “tenemos 21 cupos que estamos esperando los recursos que nos lleguen del Ministerio de Educación, que ya están firmados, están con toda su documentación al día. Estamos esperando que nos transfieran, nos dicen que antes de que termine el año lo más probable es que recibamos esos recursos. Pero además de eso, tenemos 48 funcionarios que tienen un cupo asignado, ya que firmaron ya su cupo y tenemos que esperar ya que esto quede tramitado y que se sume el mismo proceso de los que están esperando el día de estos 21, que estamos esperando que se ejecute la transferencia para poder hacer el pago”.

La directora subrogante afirma que “las atribuciones que tienen los municipios para entregar ciertos bonos difieren significativamente de la estructura que poseen los servicios locales para otorgar asignaciones. Al revisar las asignaciones que percibían los docentes rurales, encontramos que estaban relacionadas con una asignación de mérito, que probablemente se destinaba a compensar el tema de la movilidad de los funcionarios de las escuelas rurales. Creo que debemos colaborar para, en algún momento, desarrollar un reglamento y propuesta que permita obtener los recursos necesarios y asegurar su inclusión en el presupuesto futuro. Así podríamos brindar asignaciones al mérito, lo que significa otorgar incentivos a los establecimientos con buenos resultados en eficiencia interna, como matrícula, asistencia y rendimiento académico”.