Caso convenios
Computadores incautados desde el MINVU aún continúan en la PDI
En enero pasado, en el contexto del Caso Convenios, la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las instalaciones de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMIA) de Vivienda y Urbanismo además del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) para realizar la incautación de computadores, discos duros y teléfonos celulares.
De este modo, el operativo, que tuvo una duración de aproximadamente cinco horas, se llevó a cabo, sobretodo, en su unidad de asentamientos precarios.
En detalle, un grupo de 10 funcionarios policiales llegó a las 10.00 horas hasta las dependencias en cuestión, dividiéndose en dos secciones: uno se dirigió hacia las oficinas de la SEREMIA y otros hacia las del SERVIU.
Allí, solicitaron que los funcionarios pusieran sus teléfonos celulares en modo avión además de que les facilitaran sus computadores para la revisión. De esta forma, escanearon archivos, buscando información relacionada con las instituciones cuestionadas.
Es así como, se observó un ir y venir de los integrantes de la PDI, con documentos además de cajas con archivos, liderados por el jefe de su Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de La Serena, Carlos Paz.
Pues bien, a pesar de que han pasado dos meses de estas diligencias, aun no se conocen sus resultados.
En esta línea, el titular de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, José Manuel Peralta, afirmó que actualmente no existen convenios vigentes con fundaciones.
“Desde nuestra SEREMIA hemos colaborado con la entrega de información que se nos ha solicitado desde la Fiscalía, vinculada a acuerdos suscritos con fundaciones…esto, de forma voluntaria y oportuna”, agregó.
Al mismo tiempo, la autoridad señaló que son los más interesados en esclarecer los hechos que en prestado este momento están siendo investigados, pero también avanzar en las prioridades de su cartera, como es el cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y así darle respuesta a las necesidades de vivienda en la Región de Coquimbo.
De acuerdo a información a la que tuvo acceso Diario El Día, continúan las diligencias al interior de la BRIDEC de la Policía de Investigaciones, además de la toma de declaraciones. Es así como se encuentran analizando información digital y documental.
De esta manera, la investigación se encuentra en una etapa preliminar para después realizar la carpeta con la totalidad de los documentos para la revisión del Ministerio Público en la búsqueda para definir nuevas diligencias e incluso, gestionar órdenes de detención.
En consecuencia, los computadores y otros dispositivos electrónicos incautados, todavía continúan en estudio.
Cabe recordar que en noviembre pasado, se dieron a los resultados de la fiscalización efectuada por Contraloría General de la República (CGR) a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, en relación a las transferencias de recursos en el marco de los programas de Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023.
En esa oportunidad, fue el propio contralor nacional, Jorge Bermúdez, quien dio a conocer los resultados de la fiscalización, que incluyó a las 15 secretarías regionales ministeriales del MINVU, entre ellas, la de nuestra región.
Así, se detalló la asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, las que se involucra a fundaciones como EnRed con $17.728.570 entregados en el año 2021, la Fundación Aldea, Arquitectura, Ciudadanía y Aprendizaje con 39.500.000 pesos en 2022, la ONG Enlace Urbano, con tres transferencias: $58.491.200 en 2021, $100.552.600 en 2022, y $56.684.200 durante este año, sumando un total de $215.728.000. También se menciona a la Fundación Un Techo Para Chile, con $23.500.000 en el año 2021.