Anuló boletas con atributos que ella misma solicitó

Bélgica Guerra, el "alfil" detrás de la investigación por fraude en la Corporación

En el presente reportaje, ahondaremos en otra de las piezas claves del desfalco en el Departamento de Salud, según el sumario interno y la querella presentada por la entidad. Hablamos de quien se desempeñaba como secretaria de la unidad al momento del fraude y cercana a la doctora Lorena Casarín.
domingo 17 de marzo de 2024

Han sido semanas complejas para la administración del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, luego de que quedara al descubierto un millonario fraude cometido durante la pandemia al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla.

¿Qué ocurrió? De acuerdo a la querella presentada por el organismo, entre el 2020 y 2021 se pagaron boletas de honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios a la entidad, por un monto que supera los $700 millones. 

Pese a que han pasado dos años desde que se interpuso la acción judicial contra todos quienes resulten responsables, la investigación, en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, aún se encuentra desformalizada. 

Si bien los avances en materia penal no han sido los esperados, el revuelo mediático del caso y los antecedentes que ha puesto sobre la mesa Diario El Día, han remecido la interna de la Corporación Gabriel González Videla.

Lo anterior, derivó en la desvinculación de la doctora Lorena Casarín, quien hasta el lunes se desempeñaba como directora del Departamento de Salud. Pese a que en un principio el alcalde Jacob le entregó su “espaldarazo”, con el paso de los días fue imposible obviar la responsabilidad administrativa que tuvo en el desfalco.

Sin mayores explicaciones, el organismo dio a conocer su salida definitiva, sin embargo, lo que muchos desconocían es que se le canceló una indemnización de más de $50 millones.

La semana pasada ahondamos en los perfiles de Nicole Cadena Munita, ex coordinadora del Departamento de Salud, y su cónyuge Cristian Muñoz Fredes, quienes han sido sindicados como los “cabecillas” de la operación.

En el presente reportaje, nos abocaremos al rol que habría cumplido Bélgica Guerra Galleguillos (59) en esta historia, cuando trabajaba como secretaria de la unidad. Cabe precisar que su nombre aparece a raíz de la investigación interna sobre Cadena Munita.

De acuerdo a fuentes reservadas de nuestro medio, Bélgica sería una persona muy cercana a la doctora Lorena Casarín, estatus que la habría puesto en una posición de autoridad frente a otros funcionarios, incluso contra personas que habrían sido jerárquicamente superior. Además, tendría simpatía con distintos políticos de la zona.

Retomando el informe reservado de la Corporación Gabriel González Videla con fecha 24 de enero del 2022, al que tuvo acceso Diario El Día, la indagación arrojó diversas irregularidades y alertó sobre la acción de Guerra Galleguillos.

¿Qué se buscaba determinar? La posible existencia de responsabilidad administrativa referentes a conductas que pudiesen constituir falta a la probidad o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, así como también una eventual intencionalidad en intervenir, modificar o adulterar –de manera no autorizada- el Sistema Interno denominado como “MINERVA”.

En la misma línea, se pretendía dilucidar qué ocurrió con el ingreso y pago de boletas a honorarios respecto a funcionarios que no poseían ordenes de trabajo ni contrato de trabajo en el área de Salud.

La revisión de los pagos efectuados por prestaciones del área de Salud mediante boletas de honorarios, a partir de los registros informáticos del año 2021, entregó los primeros hallazgos y situaciones detectadas como “potencialmente irregulares”, por lo que la indagación se amplió a los años previos y a los meses de enero y febrero de 2022, concluyendo que las irregularidades se circunscribieron a 2019, 2020 y 2021.

Con esta información, se procedió a la depuración de los datos, solicitando a Lorena Casarín, directora del Departamento de Salud, la validación de cada uno de los casos detectados, antecedentes que luego se relacionaron con la base de datos construida para la obtención de información concluyente. 

Debido a la gran cantidad de hallazgos, se requería que fueran confrontados con la documentación de respaldo, ya sea para confirmar o para descartar las supuestas irregularidades.

En el caso del Departamento de Salud, la directora Casarín en un principio desestimó enviar dichos documentos, señalando que ellos se encuentran en las áreas que fiscalizan y validan el curso de los pagos, lo cual sería efectivo a juicio de la Corporación en el informe. No obstante que, como generador de la documentación, la citada unidad debería contar con los respectivos respaldos.

En consecuencia, la directora dio respuesta completa a cada requerimiento formulado, entregando la información detalladamente.

En ese sentido, se le solicitó validar las boletas de honorarios de 2019, 2020 y 2021 calificadas como “potencialmente irregulares” y, atendido el resultado de esa información, también se le requirió verificar aquellas en que no habían sospechas. 

Bajo este contexto, se citó a Bélgica Guerra Galleguillos para que pudiera exponer su versión de los hechos, y según se desprende del informe, “en su declaración ella entregó respuestas ambiguas y dubitativas acerca de hechos concretos, desarrollando un relato con contradicciones y faltando a la verdad de manera reiterativa”. 

“Su actitud no fue colaborativa con la investigación, sino muy por el contrario, incluso se presentó a declarar media hora más tarde, aun encontrándose en el lugar, y fue necesario convocarla personalmente”, añade el escrito.

En síntesis, de la trazabilidad se desprende que las intervenciones de Bélgica Guerra en el sistema, durante noviembre de 2021, se traducen en la manipulación de 5 boletas de honorarios que previamente fueron dejadas de manera anónima en un escritorio de la oficina de Remuneraciones, agregadas al legajo de las 7 boletas habituales del área Rural. 

Al encontrarlas el día 01 de diciembre 2021, visadas, firmadas y timbradas, el encargado de Remuneraciones ingresó 4 de ellas con cargo al centro de costos “Rural”, mientras que la otra fue ingresada por la propia funcionaria al sistema, con la misma fecha, pero después de la jornada laboral. 

Al día siguiente, cuando la etapa de revisión ya había comenzado, Guerra habría procedido a eliminar las 5 boletas, una desde su propio computador, el que incluso habría mandado a otro funcionario a formatear, y las 4 restantes desde otro equipo, todo ello entre las 11:40 y las 12:02.

Posteriormente, entre las 13:55 y las 14:05 reingresó al sistema 4 de las 5 boletas, cargándolas al centro de costos correspondiente a la Administración de Salud.

Es más, dentro del mismo informe de la Corporación, se consigna que “es posible determinar que tanto Nicole Cadena como Bélgica Guerra participaban conjuntamente en la tramitación de las boletas irregulares de Patricia García ($23.250.000) y Silvia Bastías ($72.600.000)”, con las cuales no existía relación laboral. 

Agrega que “la primera, avalando dichos documentos mediante visación e informes, en su calidad de Coordinadora a cargo del Programa con el cual se financiaba el pago de dichos documentos, y la segunda, realizando gestiones de distinto orden, incluso es posible que firmara boletas y tal vez las emitiera”.

Desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla, indicaron que Bélgica Guerra, ingresó a la institución en abril de  2013, bajo contrato indefinido, desempeñándose como secretaria del Departamento de Salud Municipal, con labores administrativas propias del cargo, rol que cumplía en dependencias de la administración central, ubicadas en calle Ánima de Diego 550.

La ex funcionaria terminó siendo desvinculada de la institución el 20 de abril de 2022, por faltas a la probidad e incumplimiento grave a las obligaciones que imponía su contrato. Al efecto, ella interpuso una denuncia de tutela de derechos fundamentales y una demanda por despido injustificado, alegando falsedad en los hechos que se le atribuían y errores procedimentales. 

Sin embargo, ambas acciones fueron rechazadas en su totalidad por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, ya que el equipo jurídico de la Corporación Municipal logró acreditar los argumentos vertidos en la contestación de la demanda. 

Según se desprende del sitio del Poder Judicial, Bélgica Guerra tiene al menos cinco causas penales entre el 2006 y 2009. La primera de ellas corresponde a la imputación de una estafa y contrato simulado en el otorgamiento de una escritura pública, en donde el Ministerio Público decidió no prosperar. 
La segunda demanda, data de junio del 2007, cuando Bélgica Guerra se desempeñaba como cajera de un supermercado, y habría concertado una venta de $133.713, cancelando poco más de tres mil pesos, posteriormente fue sobreseída. Otra imputación corresponde al robo de especies avaluado en $10.260, bajo el mismo modus operandi, vale decir, sin pasar los productos por la respectiva caja, del cual fue sobreseída. En tanto, recibió otra denuncia por estafa y otras defraudaciones, pero al no haber pruebas suficientes, la Fiscalía decidió no prosperar con la investigación.  
En la última causa, figura como víctima luego de haber recibido amenazas.
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