Vecinos de Pichidangui solicitan terminar con concesión de Aguas San Isidro

Varias son las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Pichidangui respecto a los problemas que se han generado en el funcionamiento, desde hace más de una década, de la empresa sanitaria Aguas San Isidro.

Según los pobladores de la localidad, ubicada en la comuna de Los Vilos, los problemas en estos años van desde el corte de suministro de agua potable, baja presión durante la temporada estival ante el aumento de la población flotante, o grifos domésticos de donde sale agua salada, lo que se ha transformado en un verdadero problema para el diario vivir, para el turismo, para las escuelas, para las plantas e incluso, ha generado el deterioro de los electrodomésticos.

Para peor, Modatima Choapa denunció que la recientemente construida planta desalinizadora de la sanitaria “descargaría o ya descarga sus riles a menos de 700 metros del humedal costero de la desembocadura del río Quilimarí”.

Ante esta serie de situaciones y sanciones que ha sufrido la empresa es que vecinos del sector han solicitado que se termine la concesión de la sanitaria Aguas San Isidro, la que comenzó a funcionar en 2003.

En efecto, dirigentes sociales de la localidad sostienen que la situación no da para más, y que esto queda demostrado tras la fiscalización y sanción impuesta por la Dirección General de Aguas del MOP que decidió multar a la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro por 132.937.000 pesos, aproximadamente, luego que se determinara que la empresa denunciada incurrió en, al menos, tres infracciones al Código de Aguas en la localidad de Quilimarí, comuna de Los Vilos.

La fiscalización realizada se originó en una primera denuncia interpuesta en febrero de 2023 por un particular, quien argumentó que las operaciones de San Isidro afectaban la calidad de agua del pozo de su propiedad, y posteriormente se sumó una segunda denuncia ciudadana en agosto del mismo año.
Sobre las denuncias contra la sanitaria, Tomás Balaguer, seremi (s) de Salud indicó que en la actualidad existen dos sumarios sanitarios por presencia de hierro en el agua.

“Se detectaron algunos parámetros fuera de norma, principalmente hierro, por lo que se iniciaron estos sumarios por muestreos que se hicieron el año 2023. Esto es en algunos puntos de la red, principalmente en unas cañerías”, manifestó la autoridad sanitaria.

INCUMPLIMIENTOS

En ese sentido, el alcalde de Los Vilos, Christian Gross, coincide con la apreciación de los vecinos en cuanto a que se debe terminar con un problema que viene de años.

“Cuando comenzaron a poner en funcionamiento la planta desaladora se han hecho denuncias porque existe preocupación por la descarga de la salmuera. Existen muchos incumplimientos de la empresa en cuanto a la calidad y cantidad de agua producida durante el verano, que era la prueba de fuego para la empresa”, indicó la autoridad comunal.

Gross sostiene que tienen una mirada crítica sobre el funcionamiento de esta empresa, que no sólo en su comuna ha tenido problemas.

“No han dado el ancho para prestar un servicio tan importante como es el agua potable. Existen incumplimientos, no sólo por el problema de introducción salina, sino que viene desde hace mucho tiempo antes de que fuera alcalde”, afirmó.

Por lo mismo, el alcalde vileño sostiene que le plantearon desde un inicio a las autoridades correspondientes que se debe evaluar la caducidad de esta empresa.

“Si no se puede la caducidad de la concesión, creemos que es muy importante esta resolución que sacó la DGA para que tuviera una planta de tratamiento para la salmuera y le dio un plazo de seis meses, porque ese sector existen otros servicios sanitarios rurales como la cooperativa de Quilimarí”, afirmó el alcalde.

En ese sentido, Gross reconoce que si la empresa termina su funcionamiento en la localidad debe existir otra sanitaria que entregue el servicio, algo complejo por la cantidad de usuarios.

MEDIDA extremA

Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios indicaron que, respecto al funcionamiento de la sanitaria, y en lo que respecta a calidad del agua potable, desde la puesta en operación de la planta desaladora en febrero de 2023, no se han registrado nuevos eventos de agua salobre. Sin embargo, como en todo sistema de distribución de agua potable, eventualmente pueden ocurrir eventos puntuales y transitorios de turbiedad, asociados a fallas operacionales o roturas de red.

“Durante el verano de 2024 (enero-febrero) se registraron reclamos por baja presión del servicio de agua potable en algunos sectores altos de la localidad, los que fueron constatados por esta superintendencia en 

procesos de fiscalización e iniciado un procedimiento de sanción, el cual aún se encuentra en curso administrativo”, explicó Erick Chulak, jefe regional Coquimbo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ahora bien, sobre si el término de contrato con la empresa sería una solución, Chulak indica que aquella es una medida compleja.

“La caducidad de la concesión es una medida que siempre está en evaluación por parte de la SISS. Pero, al ser una de las medidas más extremas contempladas en la Ley General de Servicios Sanitarios, ésta debe ser administrada con la debida cautela, ya que pone en riesgo la continuidad del servicio para los usuarios del sistema, ya que al aplicarla se deja de contar con un operador responsable de la prestación, hasta que se licite y adjudique a un nuevo prestador, lo que no está garantizado en el proceso. Por lo tanto, existe el riesgo que al caducar la concesión no existan interesados en hacerse cargo de ella, más aún en los servicios pequeños”, indicó el jefe regional de la SISS.

FISCALIZACIÓN NO ES COMPETENCIA DE LA EMPRESA

Consultada la empresa Aguas San Isidro sobre las últimas sanciones, éstos hicieron presente “que se trata de un procedimiento administrativo, en que, si bien se dispone la aplicación de una multa, se establecen en la misma resolución los plazos que tiene la empresa para la presentación de recurso administrativo y judicial ante la Corte de Apelaciones, donde se aportarán todos los medios de prueba, producto de la bilateralidad que es obligatoria en todo acto que emana del Estado. Como todo procedimiento administrativo y judicial, se contempla una fase de impugnación que puede revertir o modificar lo resuelto originalmente”, indicaron desde la sanitaria.

Respecto a la solicitud de término de la concesión expresada por algunos vecinos, desde la empresa Aguas San Isidro se limitaron a señalar que “ahondar en este punto, significaría involucrarnos en las funciones privativas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, toda vez que los procedimientos de investigación y fiscalización no son competencia de la empresa. El control del servicio sanitario le corresponde de manera exclusiva a la SISS”, afirmaron ante la consulta de El Día.

COMISIÓN INVESTIGADORA

Cabe señalar que el día de hoy se llevará una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para abordar este tema.

Al respecto, la diputada Carolina Tello manifestó que con los antecedentes conocidos en casos como los denunciados por la comunidad del APR El Esfuerzo y las comunidades de Pichidangui y Quilimarí, con quienes han estado trabajando permanentemente, y la afectación a miles de familias que necesitan un servicio sanitario seguro en sus hogares, éstos “son antecedentes que se repiten en el resto de las regiones, por lo que me parece más que justificada la búsqueda de terminar con esta concesión”.

De hecho, Tello agrega que la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha puesto en evaluación el cese de la concesión en Los Molles por la serie de denuncias sobre incumplimientos a la norma, por lo cual tal como se ha podido evidenciar en la comisión investigadora, se refiere a una empresa que ha tenido incumplimientos graves y reiterados que no justifican que se continúe con dicha concesión.

“Si se optase por caducar la concesión que hoy día tiene la empresa sanitaria San Isidro, procedería según nuestra regulación estipulada en la Ley General de Servicios Sanitarios que esta concesión sea administrada por un administrador provisional. Al cabo de un año habría que buscar una solución definitiva, ya sea con un nuevo concesionario privado o explorar incluso, como se hizo con el ejemplo de ECONSSA-Atacama, una participación más activa del Estado en la solución para miles de familias de la comuna de Los Vilos, particularmente de los sectores de Pichidangui y Quilimarí”, explicó la diputada.