Libertad condicional: Coquimbo fue la tercera zona del país con más solicitudes

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción La Serena, que por ley debe sesionar dos veces al año, durante cinco jornadas, analizó un total de 398 solicitudes presentadas por el tribunal de conducta de Gendarmería de la Región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle.

En ese sentido, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Iván Corona Albornoz, en su calidad de timonel de la comisión, dio a conocer que en esta oportunidad fueron concedidas 46 solicitudes, es decir, el 11,5% del total, mientras que se rechazaron 352 peticiones (el 88,5%).

De las solicitudes acogidas, 36 corresponden al centro penitenciario de La Serena, 5 a Ovalle y 5 a Illapel.

El ministro destacó que se analizaron exhaustivamente todas las carpetas, verificando que cumplieran con las exigencias que señala la ley. “Especialmente tuvimos en vista antecedentes como los factores y riesgos de reincidencia, los informes psicosociales que nos entrega Gendarmería de Chile y, por supuesto, el cumplimiento de todos los demás requisitos que establece la ley”, indicó Corona.

En comparación de la cifra con 2023, Corona sostuvo que “representa un leve aumento que está dentro de los parámetros normales. En esto, cada comisión revisa casos diferentes y tiene distintos criterios para resolver, sin embargo los antecedentes que se presentan a la comisión para su evaluación son entregados por Gendarmería de Chile y son objetivamente similares entre una comisión y otra”.

En cuanto a los requisitos para optar al beneficio, explicó que “tienen que ver con el cumplimiento de un tiempo mínimo de privación de libertad, que en el caso de los delitos más graves corresponde a dos tercios del total de la pena impuesta, también con conductas que se hayan mantenido durante cierto periodo de tiempo, el riesgos de reincidencia y factores psicosociales y redes de apoyo que los internos puedan tener en el medio libre”.

“Son una serie de factores que la comisión evalúa para ver si existe o no un riesgo de reincidencia que impida el otorgamiento del beneficio”, agregó.

Respecto a la cantidad de solicitudes, que sólo fueron superadas por las que las que se enviaron a las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, el ministro señaló que “eso se debe principalmente a que tenemos un centro de cumplimiento penitenciario de gran tamaño, que alberga a un gran número de internos que están cumpliendo condena en la región. A eso se suma la población penal de Ovalle o Illapel, por lo que ello determina que exista un alto número de solicitudes”.

Consultado si dentro de los beneficiados figuraban personas condenadas por delitos de alta connotación, aseguró que no recordaba casos puntuales, pero enfatizó en que “la comisión evalúa de la misma forma todos los casos. Son los mismos criterios y antecedentes”, aseguró.

Respecto a la eventual existencia de antecedentes sobre beneficiados en procesos anteriores que hayan cometido nuevos delitos, explicó que “tuvimos un número que, en realidad, no resultó tan importante de casos en que ya se había otorgado el beneficio de la libertad condicional que fue revocado por la comisión de un nuevo ilícito”.

NUEVAS EXIGENCIAS

Una de los nuevos requisitos legales implementados al momento de conceder o no, el beneficio de la libertad condicional, considera que las víctimas puedan oponerse a la entrega del beneficio. En la jurisdicción se presentaron 11 oposiciones, 10 de ellas fueron por escrito y una en audiencia por zoom. “Las últimas modificaciones de noviembre del año 2023 al Decreto Ley 321 permite a las víctimas oponerse al otorgamiento del beneficio. La influencia que puede tener esa exposición y oposición debe también guardar consonancia con los antecedentes que se presentan para el conocimiento de la comisión, es decir, pueden tener cierta influencia siempre y cuando los demás antecedentes que la comisión conoce den cuenta de factores que inciden en el rechazo de la solicitud”, explicó el ministro.

La comisión estuvo integrada por los jueces orales Carlos Manque, Eugenia Gorichón y Claudio Weishaupt, los jueces de Garantía, Claudio Ayala y Carolina Baroncini y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe.

Para postular, los internos deben cumplir con una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 del año 1925 y entre los requisitos se destaca haber cumplido la mitad de la pena que se le impuso por sentencia definitiva, tener conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay talleres donde cumple la condena o mantener una actividad laboral, o haber asistido con regularidad la escuela del penal.

De acuerdo a lo establecido por ley, la comisión debe sesionar dos veces en el año, en abril y octubre.