Alcalde de La Serena espera terminar concesión

Las vías que tiene la municipalidad para poner fin a cuestionado contrato con Auto Orden

Una experta explica que la norma dota de ciertos “privilegios” a la administración, a diferencia de acuerdos que se celebran entre privados. En este sentido, afirma que tiene la facultad para poner fin a la relación entre las partes de manera unilateral, teniendo la debida justificación. La contrademanda que espera presentar el municipio también podría ser un camino que lleve a este escenario.
Ante la demanda de la empresa Auto Orden en contra del municipio, éste anunció que responderá con una contrademanda a la firma concesionaria.
Ante la demanda de la empresa Auto Orden en contra del municipio, éste anunció que responderá con una contrademanda a la firma concesionaria.
domingo 02 de junio de 2024

En su punto más álgido se encuentra la relación entre la Municipalidad de La Serena y la empresa Auto Orden, que administra por concesión los estacionamientos públicos de la capital regional.

El desempeño de la concesionaria se encuentra hace tiempo bajo la mira del Concejo Municipal, que ha canalizado una serie de denuncias por presuntas irregularidades, como “cobros fantasma” e incumplimiento del contrato. Por otro lado, la compañía ha alegado faltas al deber contractual por parte de la administración a fiscalizar la evasión.

Por este último punto, Auto Orden presentó una demanda, que busca “regularizar” el inconveniente y que el municipio cumpla con lo que se ofertó en la licitación. Pero la acción, lejos de solucionar las diferencias, las acrecentó.

El alcalde Roberto Jacob fue tajante y declaró en exclusiva a diario El Día que no solo responderán a la demanda, sino que irán por rescindir el contrato, que data de 2001.

“Nosotros vamos a responder la demanda y vamos a contrademandar solicitando el término del contrato. Por eso estamos buscando todos los antecedentes, todo lo que tengamos para poder iniciar las acciones judiciales que corresponde. No nos vamos a quedar. La obligación nuestra es responder y presentar nuestros argumentos”, dijo el jefe comunal.

Reacciones

Al respecto, la concejala Daniela Norambuena espera que tras estos anuncios por la prensa, “podamos tener un punto en tabla dentro del Concejo para que el equipo jurídico nos pueda indicar las posibilidades reales que existen para rescindir esta concesión, además de los informes técnicos de las contrapartes del contrato, para que nos presentes los flujos reales de la empresa y el municipio”.

A juicio de Norambuena, durante mucho tiempo “hemos estado sujetos a un contrato que se viene arrastrando durante varios períodos, sin que la municipalidad tome acciones reales. Pensando en el futuro de La Serena, debemos enfocarnos en tomar las medidas necesarias para tener un futuro contrato que sea beneficioso para la ciudad y nuestros vecinos”, agregó.

Por su parte, el concejal Felix Velasco valoró el anuncio del alcalde y señaló que “nunca es tarde”.

“Hemos pedido por más de 7 años revisar y poner fin al contrato con esta empresa, que tiene múltiples incumplimientos. Creo que una de las fórmulas es ver todas las denuncias que he presentado, cobros abusivos, cobros fantasma, cobros que no están dentro del contrato, la situación del estacionamiento subterráneo, que independiente de que lo haya hecho el municipio con la empresa, no puede ser que durante 30 años no paguen nada. Además, las deudas tributarias que tienen pendientes en relación al estacionamiento subterráneo”, indicó.

Agregó además que figuran “múltiples incumplimientos laborales, más de 20 juicios que tienen”.

El concejal espera que se tome el ejemplo de una medida similar que se tomó en Providencia, por lo que espera viajar a Santiago para “ver el modelo de acción que hicieron para presentar y sumar a las propuestas que hemos hecho durante estos años”.

Las vías para terminar el contrato

El Día conversó con la abogada María José Lira, experta en Derecho Administrativo, para ahondar en los caminos que tiene la municipalidad para poner fin a la relación entre las partes.

De partida, Lira indica que “los contratos que celebran los órganos de la administración pública tienen algunas particularidades respecto de los contratos que se suscriben entre privados”. En esa línea, recalcó que “no se puede olvidar que su objetivo es satisfacer necesidades públicas, sociales, mirar el interés general por sobre el particular”.

En este contexto, dijo, “el legislador le ha otorgado ciertos privilegios, que rompen un poco con este equilibrio entre las partes contratantes”. 

Esta es la posibilidad de la administración de poner término al contrato de manera unilateral. Esto “cuando se evidencian incumplimientos por parte del contratista, o cuando existen motivos de interés general que hacen conveniente poner término al contrato”.

Lo anterior, por otra parte, establece “derechos e indemnizaciones por parte del privado que contrata”.

El proceso consiste en emitir un acto administrativo debidamente motivado. “Se notifica y se pone término. No necesita previa instancia judicial y no necesita que el contratista esté de acuerdo o no con lo que se esté haciendo para poner término al contrato”, aclara.

Por otra parte, cuando es la administración la que incumple el contrato, “al contratista solo le queda generar una instancia judicial o incluso administrativa ante la Contraloría, y eventualmente, dependiendo de la etapa de la ejecución del contrato o la licitación, ante el Tribunal de Contratación Pública”.

Demandas cruzadas

Frente al hecho de que la concesionaria haya presentado una demanda por incumplimiento de contrato por parte de la municipalidad, María José Lira explica el escenario.

“La municipalidad tiene que responder a la demanda, haciéndose cargo de las imputaciones que se le hacen y al mismo tiempo, tiene la posibilidad de generar una nueva demanda en el mismo procedimiento, en contra de la concesionaria, donde se pide que ponga término al contrato”, señaló.

Como el caso está en sede judicial, dice Lira, “hay que esperar y ver qué se resuelve respecto de este contrato. A mi parecer, y sin perjuicio de esta discusión específica que da origen a la demanda, podría analizarse igualmente poner término por vía administrativa, pero esa es una decisión más de análisis jurídico, en términos de decidir ‘o esperamos a que el tribunal resuelva o uso mis potestades”.

Lo que sí está claro, aseguró, “es que respecto al asunto que está siendo objeto del juicio, que es este incumplimiento por parte de la municipalidad en que los inspectores municipales no fiscalizan el pago de estacionamientos, la municipalidad tiene que abstenerse de hacer cualquier tipo de modificación a esta materia, que es objeto de juicio. Obligarse a no actuar respecto de otros temas va a estar supeditado a la contestación de la demanda, y si presenta una contrademanda”, agregó.