Denuncia de extorsión contra gobernadora: Exfuncionarios declaran por horas ante la Fiscalía

El viernes 17 de mayo diario El Día dio a conocer en exclusiva una denuncia por extorsión que pesa sobre la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo. De acuerdo a los antecedentes conocidos por este medio de comunicación, la autoridad es indagada por pedir dinero a funcionarios, presuntamente, para financiar su campaña a la reelección.

La denuncia fue presentada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, luego de tomar conocimiento por parte de los mismos afectados, quienes afirman que se trataba de un actuar recurrente de Naranjo, que habría llegado al punto de amenazar con despidos.

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Todo lo anterior, ha impactado en la ya tensa relación entre los funcionarios del Gobierno Regional y la autoridad electa, cuya gestión ha estado marcada además por denuncias de maltrato y faltas a la probidad.

Los avances ¿En qué está el caso? 

La causa está siendo investigada por el fiscal Carlos Vidal y tiene carácter de reservado, por lo que los detalles de la misma se manejan con cautela, y las indagatorias están en manos de la Sección Anticorrupción del OS7 de Santiago.

Por su parte, la Contraloría General de la República inició una investigación de oficio, esto a pesar de que el 1 de abril ya se había interpuesto una denuncia por presuntos cobros ilegales de la gobernadora a funcionarios.

De acuerdo a informaciones recabadas por El Día, el caso ha tenido avances en estas semanas, tanto en la arista penal como en la administrativa, con la toma de declaraciones.

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El miércoles 22 de mayo fueron entrevistados varios de los afectados, que serían exfuncionarios del Gobierno Regional y cuyas identidades son protegidas en medio del proceso.

Según las informaciones recabadas, estos habrían aportado con documentación para acreditar sus denuncias, los que ahora deben ser estudiados para determinar la eventual existencia de delitos.

Fuentes consultadas, que mantendremos en reserva, describen a El Día que los testimonios entregados al Ministerio Público tomarían “varias horas”. 

De forma paralela y con algunos días de diferencia, la CGR ha estado citando a funcionarios a declarar en lo administrativo. Entre ellos se encuentran los jefes de las divisiones de Presupuesto Regional y de Infraestructura y Transporte, así como a funcionarios de confianza.

Un aspecto a aclarar mediante las diligencias del órgano contralor apuntaría a determinar potenciales irregularidades de la gobernadora en la designación de funciones críticas.

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Diputado valora avance

En vista de los antecedentes recabados, este medio tomó contacto con el diputado Juan Manuel Fuenzalida, quien indicó estar en conocimiento de los avances del caso y valoró el desarrollo de diligencias.

“Es parte del proceso que se cite a los involucrados. He tomado conocimiento de que ya han declarado y de esa forma se va a poder establecer el camino para nuevas diligencias. La Fiscalía está tomando el camino correcto para poder tomar conocimiento de la forma como se operaba, porque eso va a significar, además de las declaraciones, otro tipo de revisiones para acreditar lo que se está denunciando”, dijo el parlamentario.

Las otras causas

Cabe señalar que los hechos son distintos a los que desencadenaron en las sanciones impuestas por Contraloría a la gobernadora regional de Coquimbo, que se encuentran hoy en manos de la Corte Suprema.

El caso anterior dice relación con faltas a la probidad y el mal uso de vehículo fiscal, hecho que estalló tras la filtración de una denuncia que realizó un conductor del Gobierno Regional y que derivó en una investigación en términos administrativos.

Esa denuncia fue resuelta -en parte- a fines de agosto de 2023, con una suspensión de tres meses y una disminución de la mitad de su sueldo. 

La defensa de la autoridad presentó un recurso de reposición, que fue rechazado por la Contraloría Regional de Coquimbo, y posteriormente llevó el caso a la Corte Suprema. En enero, el máximo tribunal llegó a acuerdo, quedando a la espera de la redacción del fallo, sin embargo, a más de cinco meses no ha habido novedades.

La reelección

En octubre son las elecciones de gobernador regional y en vista de lo próximo de la jornada electoral, la gobernadora ha sido consultada sobre la posibilidad de repostular al cargo, frente a lo que ha admitido “llamados de varios partidos”.

Actualmente, la autoridad se encontraría evaluando ir a la reelección, lo que también podría depender de las definiciones que hagan los diferentes pactos políticos para los comicios de gobernador regional, lo que aún no ha sido zanjado.

Ahora bien, ¿qué sucede si deja cargo y aún no hay respuesta de la Corte Suprema?

La abogada María José Lira aclara a El Día que el tribunal deberá pronunciarse y si Krist Naranjo ya no está ocupando el cargo, los antecedentes de una eventual sanción quedarían en su hoja de vida y podrían tener repercusiones en caso de optar a otro puesto como funcionaria pública, vía elección o no.

Es más, si se ratifica la sanción en el hipotético escenario de que ya no esté en el cargo y llegase a tener un nuevo empleo en el sector público, en ese momento se haría efectiva la suspensión.