Parlamentarios piden clarificar
Una jugada anticipada: Las salidas del gabinete local previo a la entrada en vigencia de la Ley Karin
Este 1 de agosto entra en vigencia la normativa que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, conocida como Ley Karin.
A nivel regional, esta nueva normativa ha generado un verdadero remezón en algunas reparticiones de gobierno, donde algunos funcionarios habían denunciado a autoridades o personeros por acoso laboral o malos tratos.
En tanto, dirigentes de los funcionarios sostienen que para las autoridades regionales es un tema preocupante, ya que algunos seremis y directores de servicios no podían difundir la norma por estar acusados de este tipo de conductas.
Y tal como dio a conocer Diario El Día en su edición del lunes, la situación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sería la más compleja, la que incluyó la salida de tres de sus principales jefaturas de área.
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TRES DESVINCULACIONES
En este contexto, Patricio López, presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), sostuvo que “en el caso del MOP, lo que nosotros sabemos es que hay tres desvinculaciones de directores, que por lo general, son servicios de Alta Dirección Pública o son puestos de confianza propiamente tales”.
En cuanto a lo que habría gatillado la salida de los directores, López explicó que “específicamente, respecto de dos de ellos - Arquitectura y Vialidad - había muchos reclamos por parte de los funcionarios debido a una mala relación o prácticas laborales incorrectas. Esa es la razón por la cual nosotros intervenimos a favor de ellos y se lo dimos a conocer a la ministra durante su visita. Hubo conversaciones sobre los reiterados reclamos de los funcionarios”, remarcó el dirigente en la edición del martes.
Además, a ello se debe sumar la salida de los seremis Paola Salas de Salud y de Rubén García de Justicia, quienes habían sido denunciados por acoso laboral y malos tratos por parte de funcionarios.
En el caso de García, éste fue acusado de malos tratos por una abogada de la seremi, la cual, se encontraba embarazada. Incluso, aseguró, la autoridad la habría mandado a lavar los platos tras un almuerzo.
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OTRA MÁS
A estas denuncias sin embargo, se debe agregar la salida, durante este miércoles, de la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Julia Sandes Pérez, cargo que, desde ahora, asumirá en calidad de subrogante, Jaime Foch.
Cabe recordar que la ahora exdirectora regional fue denunciada por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) por mal liderazgo, improvisación, acoso laboral reiterado y prácticas antisindicales.
Es más, no se descarta que se efectúen nuevos cambios de personeros de gobierno para evitar situaciones más complejas una vez que comience a regir la Ley Karin.
PROTOCOLOS INTERNOS
En este contexto, Paulina Mora, seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, afirmó que las últimas modificaciones en el gabinete regional se deben tanto a evaluaciones propias de las gestiones de los seremis como a decisiones personales de los personeros.
En ese sentido, Mora explicó que las situaciones que se pudieran haber generado entre las autoridades y los funcionarios se manejan a nivel de protocolos internos, procedimientos que están regulados y que, mientras no haya una determinación final, no pueden ser divulgados para no transgredir los derechos de los involucrados.
“Como gobierno, hemos tenido una preocupación importante por los trabajadores. Por eso hemos impulsado una agenda en materia de derechos laborales y mejora de la calidad de vida, como la ley de las 40 horas y el aumento del sueldo mínimo”, sostuvo la vocera del gabinete regional.
CLARIFICAR LAS SALIDAS
Sin embargo, estas respuestas no convencen a todos.
De esta forma, el diputado Víctor Pino aseveró que es inaceptable y profundamente preocupante escuchar sobre presuntos casos de acoso laboral en secretarías de gobierno. “Estos hechos recalcan la urgencia de aplicar rigurosamente la Ley Karin, la cual debe ser un instrumento eficaz para erradicar el maltrato hacia los trabajadores del mundo privado y público. Es necesaria una investigación exhaustiva e imparcial sobre estos hechos y, de ser cierto, evitar que vuelvan a ocurrir, aunque los acusados hayan dejado sus cargos”, señaló Pino.
Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes afirmó que la autoridad debe esclarecer los motivos de estas salidas.
“Aunque son cargos de confianza y de exclusiva responsabilidad, es bueno que la comunidad conozca por qué un personero de tan alta importancia deja sus funciones. Especialmente cuando se trata de movimientos colectivos, como en Obras Públicas, donde al menos, tres direcciones están dejando sus cargos”, afirma.
Cifuentes agregó que la puesta en vigencia de la Ley Karin es una nueva oportunidad para establecer relaciones más saludables dentro de las organizaciones. “Esto devela la importancia de las relaciones interpersonales y cómo la jefatura debe preocuparse de manera específica por cómo nos relacionamos dentro de las organizaciones. Hay que tener mucho cuidado de no afectar los derechos laborales”, sostuvo el parlamentario.