¿Podría configurarse el delito de cohecho? Hermanos Manouchehri emplazan a Herman por denuncia de compra de patrocinios

Un importante revuelo causó el reportaje emitido por T13, en el cual se denuncia un eventual pago a dirigentes gremiales y sociales para apoyar las candidaturas independientes del concejal Felipe Velásquez y del exintendente regional Pablo Herman. Así, en el caso de Velásquez, la investigación da a conocer cómo se habría contactado a dirigentes de ferias libre, ofreciéndoles mil pesos por cada persona que pudiera patrocinar su candidatura.

Sin embargo, lejos de dar por superada la polémica, durante la mañana de este miércoles, el exintendente Pablo Herman, aseguró que, tras la denuncia, habría intereses del alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, y de su hermano y diputado socialista, Daniel Manouchehri. Al respecto, el jefe comunal aseguró que “la investigación periodística de Canal 13 dio a conocer hechos extremadamente graves, y lo hizo a través de evidencias concretas que deben ser investigadas por los organismos competentes, porque podrían significar delito de cohecho”.

Según el edil, “los involucrados no pueden desviar el tema haciendo acusaciones falsas e infundadas de una operación política. Me parece una vergüenza que traten de escudarse con nosotros ante una denuncia que es formal y que la hacen dirigentes de la comuna. Aquí hay temas de fondo, graves, que deben ser investigados por la justicia”, agregó.

Se Estaría Desviando la Atención

Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri, fue enfático en señalar que “la denuncia respecto a la compra de patrocinios es extremadamente grave, ya que hablamos de un eventual delito de cohecho”. Respecto a las imputaciones de Herman en torno a una eventual operación política, el legislador afirmó que “cómo dijo el señor Herman, primero, lo descarto absolutamente, y segundo, creo que es poco correcto por parte de ellos el estar diciendo que hay una operación política y no referirse a los hechos centrales de la noticia”, remarcó.

En esa línea, cuestionó que “si ellos no están financiando a esta persona que ha estado pagando por patrocinios, entonces, ¿quién lo está haciendo? Yo veo y creo que son interrogantes bastante más de fondo que en las cuales debe poner atención la opinión pública, que más que decir que hay una operación política (…), porque para afirmar que esto fuera así, ellos tendrían que aportar pruebas para decir que nosotros estaríamos detrás de la persona que está pidiendo dinero por ellos”.

Por ello, según Manouchehri, este caso debe ser investigado por el Ministerio Público. “Acá estamos en presencia de un delito. El cohecho es penado en nuestro país. ¿Qué viene después? ¿Pagar por los votos? Entonces acá se tiene que hacer una investigación a fondo y efectivamente, detrás de esta persona que está realizando pagos por patrocinios, ella lo realizó de mutuo propio, o si los candidatos están detrás de estos pagos, yo esperaría que esto sea así”, enfatizó.

¿Podría Configurarse el Delito de Cohecho?

Sobre esta interrogante, la abogada María José Lira, experta en derecho administrativo y académica de la Universidad Central Región de Coquimbo, explicó que “se ha hablado mucho del cohecho, pero este es un delito que está regulado en el Código Penal y que en las distintas modalidades o acciones en que se puede desarrollar, exige como sujeto para que se configure esta acción a un funcionario público”.

“O también” - agrega - “se sanciona al que pide algún beneficio para hacer o no hacer alguna gestión y también al particular que le paga para que haga o no haga alguna situación en favor de él”, continuó. En esa línea, recalcó que “se habló en algún momento del cohecho electoral, pero como figura tal no existe como delito. También, en términos de lo que ocurrió con el financiamiento ilegal de las campañas políticas, específicamente en el Congreso y cómo en el fondo, se podía entender que un diputado o un senador en ejercicio que iba a la reelección, recibía recursos de privados y que finalmente terminaban legislando en favor de esos apoyos o empresas que apoyaban económicamente”.

Sin embargo, aseguró que en este caso puntual, “estamos hablando del exintendente, que hoy día no es funcionario público, y un concejal, que en rigor tampoco lo es”. A modo de ejemplo, sostuvo que para que se pudiera configurar el delito, el concejal tendría que votar a favor de alguna iniciativa, teniendo un pago de por medio de alguna persona interesada, como podría ser una patente de alcoholes o algún permiso en que pudiera interceder.

Eso sí, aclaró que la normativa electoral contempla ciertos delitos, entre los que se encuentra el solicitar votos por pago, alguna promesa de dinero, lo que está sancionado y tiene una pena privativa de libertad y multa. “También sanciona como delito a la persona que vende su voto o va a votar por algún dinero o algún otro ofrecimiento, pero no regula como delito el tema del patrocinio a una candidatura independiente”, complementó.