Inhibidor de señal de Huachalalume estaría obsoleto y no es 100% eficiente

Tras el informe de la Contraloría General de la República que expone una serie de datos respecto al funcionamiento del Sistema de Gestión de Bloqueo de Telefonía en las cárceles del país, son distintas las lecturas que se pueden sacar de él, ya que si bien Gendarmería advirtió que las observaciones ya han sido acogidas, igual deja al descubierto algunas falencias. Aunque la lupa del informe estuvo en el sistema implementado desde hace un año en tres unidades penales de la Región Metropolitana, también dio un vistazo a la realidad de lo que ocurre en la Región de Coquimbo.

El documento reservado de la CGR señaló que existieron deficiencias que permitieron a reclusos cometer delitos desde el interior de las cárceles, como estafas telefónicas y la coordinación de ilícitos en el exterior.

“Aun cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, éste puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior”, describió el informe.

El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, explicó que las observaciones fueron incorporadas dentro del proceso licitatorio que se lleva a efecto para las próximas nueve unidades penales donde se implementará el sistema de bloqueo.

En un punto de prensa el director aseguró que, “el sistema -inhibidor de señal telefónica- sí funciona. Eso produce tranquilidad tanto para el entorno más cercano del cuadrante Pedro Montt, así como también en el ámbito de la seguridad nacional respecto del combate a la criminalidad”.

Según cifras entregadas por la i institución, a un año de implementar la medida, se ha logrado bloquear un total de 51.049 chips, y 37.329 aparatos telefónicos y módems wifi, que, en su mayoría han sido incautados desde las unidades penales.
Actualmente se proyecta la implementación del sistema de bloqueo en las unidades penales de Arica, Valparaíso, Colina I y II, Puente Alto, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

BLOQUEO OBSOLETO

En Chile existen 79 recintos de régimen cerrado, y de ellos, sólo 11 cuentan con sistema inhibidor. Es decir, apenas el 12,7%. Los principales recintos de la Región Metropolitana (en el denominado cuadrante Pedro Montt, que comprende al Centro de Detención Preventiva Santiago I, Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad) cuentan con el sistema de inhibición de señal telefónica denominado Guardian, que entró en funcionamiento en abril de 2024 por un monto de $5.600 millones de pesos.

Pero, los penales de las regiones, específicamente en Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Biobío, Valdivia y Puerto Montt cuentan con la tecnología Jammer que comenzó a funcionar entre 2005 y 2013, y que según detalla el ente contralor sirve de poco ya que centra su búsqueda en las redes 2G.

“La última publicación de las series conexiones internet móvil efectuada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), expuso que, en marzo de 2024, existieron 172.733 conexiones 2G; 910.891 conexiones 3G; 17.634.089 conexiones 4G y 4.251.156 conexiones 5G, lo que evidencia que la utilización de las redes 4G y 5G son las predominantes en la actualidad”, añade el informe.

De hecho, los auditores verificaron que en agosto de 2024, en el Complejo Penitenciario de La Serena, que “los equipos inhibidores que se encontraban instalados permitieron efectuar llamadas y conexiones a internet desde la red 3G de distintos operadores móviles, siendo confirmado por el recinto penitenciario que dichos dispositivos de inhibición cubren hasta las redes 2G, redes que actualmente no están disponibles en el sector en que se encuentra emplazado el complejo”, advirtiendo que el mecanismo no es 100% efectivo.

Velocidad tecnológica

Al respecto, el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, ANSOG, Hugo Rojas Montenegro, destacó que al interior del Centro Penitenciario de Huachalalume el sistema inhibidor cumple parcialmente su función.

“Cuando uno se acerca al perímetro de la instalación, baja la intensidad y la señal se cae, hay interferencia y tenemos una señal muy débil, uno tiene que alejarse para comunicarse con el exterior. Dentro de la unidad hay sectores en los que se capta mejor la señal, y otros lugares en los que no la hay. Claro, es efectivo que el sistema Jammer, que está en el primer grupo de las cárceles concesionadas, funciona con el bloqueo 2G. Interrumpe la telefonía pero no por completo. A nosotros nos encantaría que fuéramos actualizándonos y que fuéramos de la mano con la tecnología, pero esos son temas que van de la mano del gobierno central”, apuntó. 

Precisó que el mecanismo está instalado desde el año 2005 cuando se inauguró la cárcel, por lo que esperan nuevas actualizaciones de equipos.

“El sistema se defiende dentro de lo que puede y no con todas la operadoras, porque no está actualizado. Como funcionarios nosotros realizamos cotidianamente registros sorpresivos y aleatorios en los diferentes módulos en los que habita la población penal, donde requisamos diferentes elementos prohibidos, entre los que decomisamos cargadores y teléfonos. Recurrentemente salen estos aparatos, ya que hay una infinidad de estrategias entre los reos y la visita para ingresar este tipo de equipos al recinto”, comentó.

Denuncia

Al respecto, el diputado (UDI) Juan Manuel Fuenzalida, uno de los denunciantes de la situación, recordó que “en mayo de 2024, cuando hicimos la denuncia ante Contraloría, el exministro de Justicia nos trató de mentirosos. Él afirmaba que este sistema de inhibidores de señal para las cárceles era todo un éxito. Sin embargo, hemos recibido el informe de la Contraloría General de la República, el cual evidencia que este sistema ha sido un fracaso absoluto”.

A juicio del parlamentario, con el mecanismo se “desperdiciaron” 5.600 millones de pesos aprobados en la ley de presupuesto con el claro objetivo de impedir que las más de 600 bandas criminales que operan en las cárceles mantuvieran contacto con el exterior.

Finalmente, el legislador exigió que “alguien deba hacerse responsable por el fracaso de estos inhibidores que no han cumplido su función. Espero que así como el exministro de Justicia y actual subsecretario del Interior nos desacreditó, ahora dé las explicaciones del caso sobre por qué este sistema no ha servido, a pesar de que hace un año advertimos del problema y no se tomaron medidas”.

Querella en curso

Adicionalmente, este viernes Urra Palma, interpuso una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables por la filtración del informe reservado de Contraloría.

Según la acción legal, esta vulneración constituye los delitos de violación de secreto, delito de infidelidad en la custodia de documentos, y delito informático.