Más de $90 millones ha pagado el Gobierno Regional por demandas contra exgobernadora

Hace unos días, se conoció de un nuevo fallo, que obliga al Gobierno Regional de Coquimbo a pagar $12 millones de pesos a una profesional de la institución que fue víctima de acoso laboral por parte de la exgobernadora Krist Naranjo, durante los años 2022 y 2024.

El dictamen del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, señala que la exgobernadora  “ejerció violencia psicológica de forma sistemática y recurrente, en el ejercicio de las funciones de actora, perturbando el desempeño de sus funciones, aislándola de la toma de decisiones propias del cargo que la demandante desempeñaba como jefa subrogante, y logrando cambiarla del cargo que había ejercido por 16 años, sin justificación suficiente”.

Por ello, el fallo estableció no sólo el pago de indemnización, sino que también la restitución al cargo y unidad en la que se desempeñaba la funcionaria antes que  Naranjo la cambiara de funciones. Además, condenó al Gobierno Regional a entregar capacitación a todos los funcionarios respecto de la “protección de derechos fundamentales en la Administración Pública, actividad que deberá ser dictada por un profesional experto en la materia” en un plazo de 4 meses.

PERJUICIO AL PRESUPUESTO

Pero este no es el único caso por el que el Gobierno Regional ha sido condenado al pago de millonarias indemnizaciones. Durante los años de administración de Naranjo, fue de conocimiento público las diversas problemáticas internas del equipo del GORE ante decisiones arbitrarias de la exgobernadora,  en las que se vieron afectados encargados de comunicaciones, funcionarios de unidad de control, de presupuestos, entre otros.  Situaciones que fueron denunciadas por agrupaciones de funcionarios públicos que daban cuenta de un tenso clima laboral.

Consultados por los montos pagados por concepto de indemnizaciones,  desde la institución informaron a El Día que, hasta el mes de junio del 2025,  se han cancelado $92.704.413 por causas contra Krist Naranjo. 

Dineros y procesos judiciales , que el actual gobernador Cristóbal Juliá señala que han debido asumir en esta nueva administración “a causa del actuar, directo o indirecto, de la exgobernadora Krist Naranjo, dentro de los cuales se incluyen denuncias en su contra por discriminación, acoso y maltrato”.

Para Juliá  estas demandas realizadas por actos de la administración anterior, “no solo evidencia un ambiente laboral muy complejo, con secuelas que se arrastran hasta el día de hoy en algunos funcionarios, sino que también representa un perjuicio directo al patrimonio regional, afectando recursos que son de todos los habitantes de la región”.

COLETAZOS DE UNA MALA GESTIÓN

Paola Cortés, presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional, considera  lamentable que la actual administración del GORE  “tenga que hacerse cargo de pagos respecto a indemnizaciones por maltrato que ocurrieron cuando estuvo la exgobernadora Krist Naranjo”. Si bien, Cortés, asegura que es un derecho del funcionario  interponer acciones si sienten sus derechos vulnerados, estos gastos no se ejecutarían si hubiese existido un agestión adecuada  por parte de Naranjo, junto con el respeto a sus funcionarios y a la administración del Estado. 

Así también para  Ximena Ampuero estas indemnizaciones son coletazos de los actos administrativos de la exgobernadora  que deben ser financiados con recursos de la región, “con dineros del fisco”. 

Recuerda que desde el Consejo Regional nació la denuncia por faltas a la probidad y abandono de deberes contra la exgobernadora y uno de los puntos argumentativos para estas acciones  tenía relación con el gasto fiscal en indemnizaciones, “siendo que la persona que causó este daño fue una persona natural llamada Krist Naranjo, pero la administración es así y cada trabajador tiene el derecho a denunciar si se siente vulnerado y puede pedir una indemnización”.

Mientras que para el consejero regional  Francisco Corral la región sigue enfrentando consecuencias de “la pésima administración  de Krist Naranjo”. Añade que estos cerca de $100 millones y con probabilidad de que siga creciendo” generan un impacto directo en la economía regional y afectan el presupuesto para el desarrollo de proyectos para la región.

“Este escenario perjudica nuestra situación financiera y patrimonial, limitando nuevas inversiones y afectando el desarrollo de nuestra región. Además, el gasto en tiempo y recursos de funcionarios especializados para gestionar estas obligaciones ha sido elevado, desviando y afectando esfuerzos y fondos que podrían utilizarse en proyectos y necesidades que son prioritarias y urgentes”.

Corral agrega que existe un compromiso desde el Consejo Regional de apoyar al actual gobernador Cristóbal Juliá a implementar medidas para mitigar los efectos de las indemnizaciones, mientras que para la core Ximena Ampuero, el cuerpo colegiado seguirá fiscalizando para que situaciones ocurridas con la exgobernadora, no vuelvan a ocurrir  y el Gobierno Regional sea un espacio donde no se vulneren los derechos a los trabajadores.