Docentes de La Serena denuncian descuentos "injustificados" por paro nacional y anuncian acciones legales

Una fuerte molestia existe entre los trabajadores de la educación de la comuna de La Serena luego de que la Corporación Gabriel González Videla aplicara descuentos por los días 4 y 5 de junio, fechas en que los docentes participaron de una paralización nacional en demanda de mejores condiciones laborales.

Según denunció el Directorio Comunal La Serena, la medida fue considerada un acto "deliberado" por parte de la corporación, y recalcaron que la capital regional fue la “única comuna de la Región de Coquimbo que aplicó estos descuentos”, lo que calificaron como un hecho inaudito y una falta de criterio por parte de la administración local.

En una declaración pública, el gremio criticó que mientras otras comunas no ejecutaron los descuentos, el municipio serenense optó por aplicarlos, pese a que la Contraloría General de la República había dejado a criterio de cada sostenedor municipal la aplicación de la medida. "Nos hace preguntarnos ¿por qué la diferencia de criterio?", expresaron desde el directorio, cuestionando la postura adoptada por la alcaldesa de la comuna.

El gremio también recordó que en reuniones sostenidas este año, la alcaldesa había manifestado su compromiso con los docentes y con la solución a la deuda previsional que arrastra la municipalidad por más de 30 mil millones de pesos. Sin embargo, acusaron que compromisos asumidos aún no se han cumplido, como el protocolo de acuerdo firmado en noviembre de 2024, que contemplaba la liberación de recursos ministeriales para el pago de parte de la deuda y el compromiso de no atrasarse en convenios con instituciones financieras como Caja Los Andes y Coopeuch.

Los docentes consideran que la decisión del municipio carece de empatía y representa un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores de la educación. Por ello, anunciaron que iniciarán acciones legales para exigir la restitución de los dineros descontados, argumentando que las comunidades educativas ya habían entregado los planes de recuperación de clases correspondientes antes de la aplicación del descuento, lo que había sido validado por la Secretaría Ministerial de Educación.

El Directorio Comunal aseguró que continuarán explorando todas las vías posibles para lograr la restitución de los recursos y reafirmaron su disposición a defender los derechos de los docentes de la comuna de La Serena.

A las críticas se sumó el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien calificó la situación como una “inmoralidad”.

“Ese municipio debe miles de millones de pesos a mis colegas en cotizaciones previsionales. Están inhabilitados moralmente para tomar represalias, para castigar, para sancionar, desde el momento en que han sido unos permanentes incumplidores. Han estado permanentemente al margen de la ley, y que hoy día se hagan parte de una operación castigo a propósito de la paralización, es una inmoralidad. Y lo digo con todas sus letras”.

Aguilar también criticó que se utilice un oficio de Contraloría como argumento para justificar los descuentos, asegurando que los dictámenes vigentes permiten la no aplicación de sanciones cuando existen planes de recuperación validados.

“Un dictamen no se anula con un oficio, y eso se lo estamos discutiendo a la contralora. En el caso de La Serena, particularmente, yo insisto en el concepto de que están inhabilitados moralmente porque se han apropiado de los recursos de mis colegas durante años”.

“Ahora tienen el descaro —porque esa es la palabra, el descaro— de descontar. La alcaldesa de La Serena, teniendo esta cuantiosa deuda, tenga el atrevimiento de castigar a mis colegas y pretender que después hagan recuperación de clases, sin garantías de restitución. Es una verdadera inmoralidad”, concluyó.

Consultado por Diario El Día, la Corporación Gabriel González Videla entregó una declaración en la que defendió su decisión, señalando que los descuentos se aplicaron conforme al Oficio N° E93773/2025 de la Contraloría General de la República, el cual —según indicaron— tiene carácter vinculante y su cumplimiento es obligatorio para todos los organismos públicos.

“Desde el primer momento, esta administración ha manifestado que, una vez emitido un nuevo pronunciamiento oficial por parte de la Contraloría, se procedería de acuerdo con sus instrucciones. Por lo tanto, no se desconoce la restitución u otra instancia en coherencia con lo mandatado”, señalaron.

Asimismo, reafirmaron su compromiso con la legalidad, la probidad y el uso responsable de los recursos públicos, “actuando siempre con transparencia y conforme a lo instruido por los órganos fiscalizadores del Estado”.