Investigan destino de $2.300 millones

¿Dónde está la plata? Hallan cajas de cheques girados, pero no pagados a proveedores en CGGV

El hallazgo de cheques girados a proveedores entre 2018 y 2019, pero que nunca fueron cobrados, abrió un nuevo flanco en la crisis de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. En paralelo, el concejo aprobó una millonaria subvención de emergencia y un plan de despidos para enfrentar la deuda histórica que ya supera los $80 mil millones.
viernes 26 de septiembre de 2025

La Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, enfrenta un nuevo episodio de su crisis financiera tras revelarse la existencia de cajas llenas de facturas con cheques girados pero nunca entregados a sus destinatarios.

El monto total asciende a $2.377 millones, correspondientes a los años 2018 y 2019, cuyo paradero y justificación se encuentran hoy bajo investigación.

El hallazgo fue informado en la última sesión del concejo municipal de La Serena por el secretario general de la entidad, Nilo Lucero, quien reconoció que los proveedores figuraban como pagados en la contabilidad, cuando en la práctica los cheques permanecían guardados. 

“Se encontraron cajas con documentos contables que nunca salieron de la corporación. Se mostraba que las deudas estaban canceladas, pero no era así”, relató.

El concejal Camilo Araya preguntó directamente quién autorizó esos pagos y qué acciones legales se han emprendido. Lucero reconoció que la labor ha sido casi arqueológica. “Los archivos estaban arrumbados en bodegas sin clasificación. Lo que hemos debido hacer es abrir cajas y reconstruir la información mínima disponible, en una suerte de arqueología contable”, graficó.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

Por su parte, la coordinadora del Departamento de Educación de la Corporación, Tamara Torres, explicó que existe un equipo especializado revisando los antecedentes para complementar las querellas ya presentadas. “Los nombres y procesos son materia reservada, porque forman parte de investigaciones judiciales en curso”, precisó.

Desde la Unidad de Prevención del Delito, Gonzalo Pinochet informó que varias causas se encuentran en estado avanzado, aunque bajo reserva. En tanto, el asesor jurídico Rodrigo Álvarez explicó que, para el delito específico de “giro doloso de cheque”, la acción penal corresponde a los proveedores afectados, lo que complica una ofensiva judicial directa por parte del municipio.

Consultada por El Día, desde la corporación reconocieron que este fue uno de los primeros hallazgos de las auditorías internas. “Se verificó la existencia de documentos rendidos como pagados sin haber sido efectivamente entregados. Esto refleja graves falencias de control administrativo, hoy bajo revisión y con medidas correctivas en curso”, indicaron a través de un comunicado, agregando que se han identificado eventuales responsables, pero que la investigación interna se encuentra en su etapa final y, por ahora, es reservada. 

“Si se advirtieran hechos constitutivos de delito, serán remitidos al Ministerio Público”, afirmaron.

UNA DEUDA QUE NO DA TREGUA

El escándalo por los cheques extraviados es una nueva arista de una deuda histórica que supera los $80 mil millones, la que ha dejado a la corporación al borde del colapso financiero. 

Por lo mismo, y para evitar una paralización de servicios esenciales en educación y salud, el concejo municipal de La Serena aprobó por unanimidad una subvención de emergencia de $2.479 millones.

La alcaldesa, Daniela Norambuena, defendió la medida señalando que “la situación que vivimos es la más grande de Chile, y requiere decisiones inmediatas para asegurar la continuidad de los servicios”.

DESPIDOS COMO MEDIDA DE AJUSTE

Junto a la inyección de recursos, la administración propuso además, un plan de desvinculación de 52 funcionarios de la administración central, priorizando a los contratados más recientemente, pues sus indemnizaciones son más bajas. El costo total de esta reestructuración se calcula en $393 millones.

No obstante, la medida generó críticas. 

La concejala Marcela Damke cuestionó que “¿por qué no se parte por sacar a quienes han sido nocivos para el sistema?”. Lucero respondió que despedir a los funcionarios con sumarios pendientes o licencias médicas costaría alrededor de $2.000 millones, lo que hace inviable esa alternativa.

Por su parte, Norambuena fue categórica: “No es que sean buenos o malos profesionales; es que no nos da la caja”, dijo.

Eso sí, desde la corporación explicaron que el plan de despidos aún está en análisis y sujeto a revisión. “La prioridad es regularizar obligaciones previsionales y cumplir la normativa laboral antes de cualquier decisión definitiva”, subrayaron.

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL

A su vez, la alcaldesa comprometió la realización de un concejo municipal cerrado para transparentar auditorías, estados financieros y el avance de las causas judiciales. 

Asimismo, se espera el pronunciamiento de la Contraloría sobre la eventual municipalización del Departamento de Salud, medida que permitiría un control más directo y auditorías periódicas.
Como paliativo a la crítica situación económica, el municipio también gestiona la tasación y posible venta de terrenos municipales, operación que podría aportar hasta $7.000 millones a las arcas locales.

UNA CRISIS EN DESARROLLO

Pese a todo, el hallazgo de los cheques sin entregar, cuyo destino aún no se aclara, ha abierto un nuevo frente de dudas sobre la gestión de la Corporación Gabriel González Videla. 

Mientras se avanza en auditorías, sumarios y causas judiciales, las autoridades locales apuestan a que la inyección de recursos de emergencia y la reestructuración administrativa permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, con una deuda millonaria a cuestas y la desconfianza instalada en la ciudadanía, la C.G.G.V. enfrenta un proceso decisivo que podría marcar el futuro de la salud municipal en La Serena.