Cotizaciones falsas y bases "acordadas": nuevo escándalo al descubierto en CGGV

La Corporación Municipal Gabriel González Videla presentó una acción judicial contra la empresa Linkteck SpA y su representante legal, acusándolos de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de recursos SEP en un proyecto de casi 30 millones de pesos en el Colegio Algarrobito.

Un nuevo escándalo golpea a la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Esta vez, la institución interpuso una querella criminal contra la empresa Linkteck SpA y su representante legal, Elías Isaac Varas Castro, por delitos que incluyen falsificación y uso malicioso de documentos privados, estafa y fraude al Fisco.

El caso se origina en un contrato firmado en agosto de 2024 para la modernización de redes y sistemas tecnológicos en el Colegio Algarrobito, con financiamiento del Fondo de Subvención Escolar Preferencial (SEP) por un monto cercano a 30 millones de pesos.

De acuerdo a la acción judicial, la adjudicación se habría concretado mediante un proceso viciado: la empresa presentó cotizaciones falsas de supuestos competidores —VisionSystem SpA y Expert Security SpA—, cuyos representantes negaron haber participado. Incluso denunciaron la suplantación de identidad mediante correos electrónicos sospechosos, uno de ellos con evidentes errores ortográficos.

La querella también acusa a Linkteck de incumplimiento contractual, señalando que apenas ejecutó un 65% del proyecto, pero igualmente emitió una factura como si la obra hubiese sido finalizada. Esto implicaría un perjuicio económico directo al Fisco, además del mal uso de recursos públicos destinados a mejorar la educación municipal.

Se acusa que la directora de Educación de la época y la entonces jefa de Jurídico de la Corporación habrían coordinado la elaboración de bases de licitación “direccionadas”, configurando condiciones que favorecían a ciertos oferentes y restringían la competencia libre, lo que vulnera directamente los principios de probidad y transparencia.

El documento solicita diligencias a la PDI y al Ministerio Público, como peritajes informáticos, revisión de antecedentes tributarios y declaración de funcionarios que participaron en la recepción de documentos y validación del proceso.