Trabajadores de la educación exigen pago de millonarias deudas por parte de la Corporación GGV

Cerca de 1.500 trabajadores del área de educación de La Serena se ven afectados por una millonaria deuda de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), derivada de incumplimientos prolongados en pagos previsionales, convenios colectivos y descuentos sindicales no transferidos. Según dicen, la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales ha agravado la situación, y los gremios ya evalúan acciones legales y eventuales manifestaciones públicas.

Diversos sindicatos del ámbito educativo —entre ellos docentes, asistentes de la educación y funcionarias de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF)— han levantado la voz ante las múltiples irregularidades.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Jorge Poblete, explicó que las deudas incluyen cotizaciones previsionales impagas, préstamos sociales no saldados con Cajas de Compensación y entidades como Coopeuch, además de cuotas sindicales descontadas pero no transferidas al sindicato, las cuales alcanzan los 9 millones de pesos.

“Estamos solicitando una reunión con la Corporación y no nos dan respuesta. Queremos saber qué pasará con estas deudas”, declaró Poblete.

Una situación similar enfrenta el Sindicato de Jardines Infantiles VTF, presidido por Carolina Núñez Espejo, que agrupa a cerca de 300 funcionarias. Aunque en este caso no existen deudas previsionales por tratarse de un sistema más reciente, sí denuncian incumplimientos de puntos del convenio colectivo, no pago de cuotas sindicales y retención indebida de descuentos por créditos y seguros.

“La falta de claridad sobre cuándo se devolverán los dineros ha afectado emocional y económicamente a muchas trabajadoras. A algunas se les cerraron sus créditos y perdieron sus seguros. La gente cree que los dirigentes no hacen nada, pero hemos hecho todos los esfuerzos y no hay respuesta”, comentó Núñez.

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Falta de diálogo

Ambos dirigentes critican la escasa comunicación con el municipio y con la alcaldesa Daniela Norambuena. Núñez incluso sostiene que la jefa comunal generalizó responsabilidades hacia los trabajadores de la CGGV por la crisis del organismo, sin convocar a los gremios para conocer su postura.

“Tuvimos reuniones con el secretario Nilo Lucero, pero no se repitieron. Nuestra negativa inicial al traspaso al SLEP fue porque temíamos que nunca se nos devolvieran los dineros adeudados”, explicó Núñez, añadiendo que actualmente tampoco hay respuesta de la Corporación ni del municipio.

Por su parte, Jorge Poblete detalló que existe un protocolo de acuerdo en trabajo con el SLEP Elqui, el municipio y otros actores, el cual contempla nueve pasos para saldar progresivamente la deuda previsional. “Estamos recién en el cuarto paso. La ley obliga al municipio a pagar, pero estamos hablando de una cifra alarmante: alrededor de 40 mil millones de pesos en cotizaciones impagas. La proyección es que esto se pague en seis años, pero no hay certezas”, afirmó.

El dirigente añadió que respecto a las deudas de la CGGV con su sindicato, el proceso se ha estancado y que las solicitudes formales de reuniones no han tenido respuesta. “Nosotros seguimos abiertos al diálogo. Si la alcaldesa o el secretario general Nilo Lucero llegan a leer esto, queremos decirles que estamos dispuestos a conversar”, expresó.

Ante la falta de soluciones, los sindicatos ya evalúan acciones legales, entre ellas una demanda por incumplimiento de contrato colectivo contra la Corporación Municipal. Actualmente, más de 750 afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación están directamente afectados, cifra que supera los 1.500 al considerar otros gremios.

Pese a que aún no convocan movilizaciones, no descartan manifestarse públicamente si la situación no mejora. “Queremos visibilizar esta problemática y llegar a acuerdos concretos que permitan reparar el daño a nuestros socios”, aseguró Poblete.

Incertidumbre tras el traspaso al SLEP

El traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui ha generado nuevas dudas. Poblete explicó que, pese a que la Ley 21.109 establece que los estipendios acordados en convenios colectivos deben respetarse, el SLEP envió el convenio colectivo 2023–2026 a Contraloría en abril para su revisión, sin que hasta la fecha exista pronunciamiento.

Por su parte, Carolina Núñez indicó que muchas trabajadoras de los jardines infantiles han visto reducidos sus sueldos entre 50 mil y 300 mil pesos, debido al no reconocimiento de beneficios colectivos tras el traspaso.

Aun así, Poblete destacó que siempre han apoyado el proceso de desmunicipalización. “Creemos que el traspaso al SLEP era necesario, y siempre hemos tenido un diálogo cordial con Pedro Esparza y su equipo. Pero aún hay mucho por resolver”, concluyó.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Consultado por Diario El Día, el secretario general de la CGGV, Nilo Lucero, sostuvo que el municipio ha mantenido una postura abierta al diálogo con los gremios, pero reconoció las dificultades financieras actuales:

“Como municipio, siempre hemos estado disponibles para el diálogo. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para cumplir con los compromisos asociados a las cuotas sindicales y al convenio suscrito con entidades como la Caja de Compensación y los seguros.

Sin embargo, tras el traspaso del servicio de educación al SLEP, dejamos de percibir los recursos destinados a ese ámbito, por lo que nuestra capacidad de pago ha quedado limitada prácticamente a los fondos que se generan por la recuperación de licencias médicas”, explicó Lucero.