Aplazan hasta noviembre preparación de juicio oral por estafa en la Corporación G.G.V

Con algunos inconvenientes no mayores comenzaron a ventilarse los pormenores de la acusación por estafa y apropiación indebida en el Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena por parte de exfuncionarios de la institución. 

En efecto, ayer estaban convocadas las partes para la audiencia de preparación de juicio oral del caso, sin embargo, la defensa de los imputados solicitó el aplazamiento de ésta, lo que fue otorgado por el juez Pedro Rojas Castro, de la Primera Sala del Juzgado de Garantía, quien fijó para el 19 de noviembre la próxima audiencia. Sin embargo, como la defensa habría acordado con el Ministerio Público un juicio abreviado para algunos imputados, se procedió a dar inicio a éste con la lectura de los hechos de la acusación por parte del magistrado.

Previo a esto, se aclaró que algunos de estos acusados habían devuelto el dinero del que se habrían apropiado, a través de depósitos a la cuenta del tribunal, según se ventiló. Sin embargo, por problemas técnicos esta audiencia de juicio abreviado debió suspenderse para continuarla hoy.

No obstante, el magistrado dio cuenta de los hechos de la acusación, señalando que los imputados se habrían organizado con el objetivo común de cometer de manera sistemática, reiterada y permanente la defraudación de fondos públicos de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. También se acusa que habrían disimulado el origen de los bienes producto de la comisión de delitos, estableciendo para ello una organización en la que cada uno de sus integrantes cumplía funciones determinadas y útiles para su fin, defraudando al fisco por una cifra que supera los 700 millones de pesos.

En la lectura del juez Pedro Rojas, se consigna también que para defraudar hubo funcionarios que encabezaron las coordinaciones e incluso se habría contratado a personas que nunca ejercieron funciones.

Según se dio a conocer, se intervino en programas financiados con fondos públicos, específicamente en el proceso de autorización de boletas, realizando o firmando informes que se asociaban a boletas correspondientes a servicios de salud que no se prestaban, esto, con el propósito de obtener los pagos improcedentes.

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¿CÓMO SE CONOCIÓ EL FRAUDE?

Fue en el mes de febrero de 2024 cuando Diario El Día dio a conocer, de manera exclusiva, un detallado informe de la Contraloría Regional sobre graves irregularidades al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla.

En dicho documento se desprendía que la Contraloría Regional había realizado una auditoría a la contratación y pago de servicios del personal a honorarios por parte del Departamento de Salud de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Dicha auditoría consideró, además, la realización de un examen de cuentas, en el que se verificó que las contrataciones estuvieran debidamente justificadas, que los pagos se correspondieran con las prestaciones realizadas, se ajustaran a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que los cálculos fueran exactos y que estuvieran adecuadamente registrados.

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Entre los principales resultados del informe este pudo constatar que, entre los años 2020 y 2021, la corporación municipal de La Serena pagó servicios a honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en los establecimientos de atención primaria de salud ni en la unidad de dicho organismo, por un total de $375.765.552 y $385.277.310, respectivamente. Esto alcanzó un pago total “improcedente”, a juicio del ente contralor, de $761.042.862.

Posteriormente se iniciaron las acciones judiciales y fue la Policía de Investigaciones la encargada de realizar las pesquisas pertinentes.

De esta forma, gracias a las diligencias investigativas, se logró obtener 22 órdenes de detención y 17 órdenes judiciales de entrada y registro a los diferentes domicilios de los imputados, ubicados en las ciudades de La Serena, Coquimbo, Quillota y la Región Metropolitana. También se gestionaron órdenes de incautación para vehículos, dinero en efectivo y especies asociadas a los delitos investigados.

En este momento son 22 formalizados, de los cuales 4 están en prisión preventiva y 18 con arresto domiciliario total.