¿Quién es Nicole Cadena? El ascenso y caída de una de las "cabecillas" del fraude en CGGV

El pasado 20 de febrero, Diario El Día dio a conocer un categórico informe de la Contraloría Regional sobre graves irregularidades al interior del Departamento de Salud de la Corporación Gabriel González Videla de La Serena. En el documento, se constata que entre los años 2020 y 2021, la institución pagó boletas de honorarios a 19 personas que no desempeñaron funciones ni prestaron servicios en la entidad, derivando en la cancelación “improcedente” de $761.042.862.

Un verdadero escándalo para la administración del alcalde de la capital regional, Roberto Jacob, que hoy tiene el caso en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI por instrucción del Ministerio Público. Según pudo corroborar nuestro medio, la investigación se encuentra en una etapa preliminar, donde se ha tomado declaración a testigos, pero aún no existen formalizados en la causa que ha acaparado las portadas de la prensa en las últimas semanas. 

Si bien el 9 de febrero del 2022, la Corporación GGV interpuso una querella en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude, estafa y otros engaños, tanto el jefe comunal como los altos mandos de la institución optaron por guardar silencio durante los últimos dos años, ocultando el millonario desfalco a la opinión pública. Lo anterior, despertó la indignación transversal del concejo municipal. 

Pese a que son varios los implicados en el bullado caso, en el presente reportaje ahondaremos en el perfil de quienes han sido sindicados como los “cabecillas” de la operación que burló todos los controles internos de la Corporación Gabriel González Videla.

Se trata de Nicole Cadena Munita, quien se desempeñaba como Coordinadora del Departamento de Salud, y su marido Cristián Muñoz Fredes, accionista y controlador de Mucad SPA, empresa que recibió pagos por parte de la institución sin ser reconocida como prestadora de servicios.

Sumario arroja otros implicados

El 24 de enero de 2022, la investigación interna (Nª 2-2022) de la Corporación Gabriel González Videla, concluye que Bélgica Guerra Galleguillos, secretaria del Departamento de Salud, participó ingresando en el sistema interno boletas de honorarios de funcionarios no contratados por la Corporación. 

Asimismo, determinan que Alexis Pizarro, Encargado de Remuneraciones, teniendo conocimiento de los movimientos irregulares, no habría informado a su jefatura directa ni tampoco habría realizado algún tipo de acción tendiente a resarcir el daño causado. Por lo que ambos fueron desvinculados el 20 de abril de 2022.

Cabe señalar que, si bien los dos extrabajadores presentaron una demanda por tutela laboral y por despido injustificado, en el caso de Bélgica Guerra fue rechazado por la justicia, mientras que Alexis Pizarro sigue en curso, ya que este jueves se realizó una audiencia, la que fue ampliada para el próximo 28 de marzo.

A modo de antecedente, la citada firma se fundó en mayo del 2018, con dirección Raúl Britrán 1707. Un año y medio después, Muñoz Fredes inauguró el centro médico VITAL MAS SPA en el mismo domicilio. Entremedio, específicamente en marzo del 2019, celebraba la apertura del laboratorio clínico VITAL MEDICAL CENTER, ubicado en el stripcenter de Avenida Cuatro Esquinas 1617, donde más tarde tanto él como Cadena Munita asumirían la administración del Café del Cerro. Estas no son sus únicas sociedades, pero eso lo detallaremos más adelante. 

Según se desprende de la querella, Nicole Cadena Munita, trabajadora social de 38 años, “hacía la primera visación para el pago de las boletas de honorarios y servicios y asesorías descritas no realizadas”. Bajo este contexto, desde el 2021 la Corporación está en un proceso de revisión de fondos por rendir encargados a la exfuncionaria, por un monto ascendente a $351.872.556, entre los años 2015 y 2021.

Pero, ¿cómo llega a trabajar a la Corporación Gabriel González Videla? La imputada ingresó el año 2015 a la institución bajo contrato de boleta de honorarios, cubriendo horas en uno de los Cesfam de La Serena. Se ganó rápidamente la confianza de su jefatura, lo que le valió realizar un reemplazo en administración directa de salud, para posteriormente firmar contrato indefinido el 01 de marzo del 2016. 

Su ascenso fue rápido. Fue nombrada Coordinadora del Departamento de Salud, a cargo de programas como Espacios Amigables; Detección, Intervención y Referencia asistida en alcohol, tabaco y otras drogas (DIR); Centros de Tratamiento; Vida Sana; Equidad Rural y Más Adultos Mayores Autovalentes, en los cuales trabajó con más de 250 profesionales. Poco a poco comenzó a ser considerada como una de las funcionarias “estrella” de la Corporación GGV, siendo reconocida en varias oportunidades por el Servicio de Salud Región de Coquimbo y el Ministerio de Salud por “Buenas Prácticas e Ideas Innovadoras”. 

Cadena Munita se ganó el cariño de los ciudadanos de La Serena, sobre todo de los adultos mayores, quienes le reconocían constantemente su dedicación a través de redes sociales y de manera personal. De acuerdo a testimonios protegidos por Diario El Día, este sentimiento no habría traspasado la interna de su equipo de trabajo, donde se le sindicaba como una persona “dictatorial”, que incluso se inmiscuía en áreas que no eran de su competencia.

En la misma línea, agregan que la querellada mantenía una relación muy cercana con la directora del Departamento de Salud, Lorena Casarín, con quien incluso compartía fuera de la jornada laboral. Según dicen, esto habría frenado a algunos trabajadores a expresar quejas respecto a su trato, ya que sabían que “estaba blindada”. 

Sin embargo, el punto de inflexión se dio el 15 de octubre de 2021, en plena época de pandemia, cuando se presentó una denuncia en contra de Nicole Cadena Munita por acoso laboral y maltrato psicológico. Esto, derivó en una investigación interna dentro de la Corporación Municipal (Nº 18-2021), iniciada el 09 de noviembre del citado año. 

De acuerdo a información recabada por nuestro medio, en aquella oportunidad se alertó de que algunos funcionarios, en plena jornada laboral, prestaban servicios en recintos privados, de propiedad de Nicole Cadena Munita. Esto, también fue refrendado por actuales empleados al interior del servicio, quienes señalan que se trataba de una “práctica conocida”, de la cual nadie se atrevía a hablar. 

Blindaje a doctora Lorena Casarín

Una vez que el caso sale a la luz pública, uno de los hechos más cuestionados fue el respaldo que le dio el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, a la directora del Departamento de Salud, Lorena Casarín, ya que como jefatura con responsabilidad administrativa, según concejales de la comuna, debió asumir alguna sanción por el millonario desfalco que ocurrió frente a sus ojos durante dos años. 

De acuerdo a testimonios protegidos de funcionarios de la Corporación GGV, Lorena Casarín,  cuyo sueldo bruto llega a los $ 5.630.278, sería la doctora de cabecera de la familia Cifuentes e íntima amiga de Eugenia Cifuentes Lillo, con un sueldo bruto de $ 6.037.535, y que se desempeña como directora del Departamento en Administración Central de la Corporación.

Según indican, la estrecha relación con la hermana del diputado DC, sería una de las razones del por qué habría sido “blindada” con tanta vehemencia. 

Casi dos meses después, específicamente el 05 de enero del 2022, se interpuso una denuncia anónima ante la Contraloría Regional de Coquimbo, donde se acusaba a Nicole Cadena Munita de emitir boletas de honorarios y facturas a nombre de la empresa Mucad SPA por trabajos que nunca fueron realizados por la Corporación GGV. 

Fue así como el 19 de enero del 2022, el entonces secretario general de la institución, Ernesto Velasco, instruyó ampliar la investigación por nuevos antecedentes, proceso que concluyó en un informe reservado que sirvió de fundamento para otros sumarios administrativos e indagaciones al interior del organismo. De este modo, se iba revelando una red de “colaboradores” externos e internos que protagonizaron “una puesta en escena para lograr engañar a la Corporación”.

Un mes después y en medio de graves acusaciones, quien era considerada una de las mejores funcionarias del organismo, presentó su renuncia voluntaria, pactando una indemnización por más de $16 millones. Aunque resulte increíbe, Cadena Munita realizó su última jugada al interior de la institución, amparándose en una cláusula del contrato colectivo vigente. (Ver recuadro)

A semanas de que estallara el caso a la opinión pública, Nicole Cadena Munita y Cristian Muñoz no se encontrarían en la Región de Coquimbo. Según se pudo desprender de una demanda laboral de una ex trabajadora de Vital Medical Center SPA, los imputados aparecen bajo la figura de “en rebeldía”, ya que no se presentaron a la audiencia por un despido injustificado.

Al conocer este antecedente, un equipo de Diario El Día se trasladó al domicilio identificado en la querella, un condominio en calle Guillermo Ulriksen. Sin embargo, cuando el conserje del edificio llamó por citófono al departamento, no hubo respuesta. Según fuentes de nuestro medio, estarían viviendo en una residencia en la comuna de Las Condes, en Santiago.

¿Qué sucedió con sus empresas? En terreno, pudimos constatar que el laboratorio VITAL MEDICAL CENTER está cerrado, a diferencia del Café del Cerro, que está abierto y funcionando con normalidad. En cuanto a VITAL MAS SPA, en el lugar hoy funciona un nuevo centro médico, llamado SINAPTIKA, desde donde afirman ser otra empresa y no tener relación con Cristian Muñoz Fredes. 

Según pudo corroborar Diario El Día, hay al menos 13 sociedades en donde tienen participación tanto Cristian Muñoz como Nicole Cadena, y la mayoría figuran con la misma dirección, Raúl Bitrán 1707. En detalle, se trata de Vital Medical Center SPA, Grupo Vital Chile SPA, C Y N INSUME SPA, Centro Médico Las Higueras SPA, LABVITAL SPA, MUCAD Inversiones SPA y MUCAD SPA, Servicios De Alimentación Miga LTDA (correspondiente al Café del Cerro Grande, donde asumen la administración el 23 de mayo de 2023), Vital Mas SPA y Vital Solutions SPA.

Además de Inversiones Grulla SPA, cuya representante legal es Nicole Cadena Munita, antiguos dueños del Café del Cerro. Junto con lo anterior, también aparece Bloom Kids SPA, entrando un nuevo nombre al entramado, ya que su representante legal es Guillermo Antonio Ramírez Carmona, pero mantiene el mismo domicilio en Avenida Raúl Bitrán N° 1707, La Serena.

Según se desprende desde la Oficina Virtual del Poder Judicial, Nicole Cadena Munita y Cristian Muñoz Fredes, acumulan una serie de demandas en la justicia, tanto por cobranza, con una serie de bancos y con la Universidad Católica del Norte, así como también en el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena. Las empresas involucradas son VITAL MEDICAL CENTER SPA, Alimentos Miga Limitada (Café del Cerro) y Mucad SPA.

Volviendo a la querella presentada por la Corporación GGV, cabe precisar que ha sido ampliada en cuatro oportunidades, sumando nuevos nombres a la historia del fraude que remeció a la administración del alcalde Roberto Jacob. Familiares, amigos y conocidos de la pareja Muñoz Cadena encabezan la lista. 

Una de ellas es Tania Muñoz Fredes, hermana de Cristian Muñoz y cuñada de Nicole Cadena Munita. Según se establece en el documento, recibió pagos por 7 boletas de honorarios entre el 2016 (1) y 2017 (6) por la suma de $7.250.000. También, aparece mencionado Carlos Rodríguez Maturana, que según su perfil de LinkedIn trabajó en Mucad SPA La Serena, a quien se le cancelaron 27 boletas de honorarios entre 2020 (9) y 2021 (18) por un monto de $65.458.888. 

En la segunda ampliación, se da cuenta de 5 personas, tres funcionarias de la Atención Primaria de la Salud y dos externas, que emitieron boletas irregulares por un total de $192.240.318 entre los años 2019 y 2021, firmadas y timbradas por Nicole Cadena Munita. 

Se trata de Karina Reyes ($42.560.000), Cindy Mauna ($35.446.000) y Alejandra Fuenzalida ($18.384.318), las tres sumariadas por la Corporación. La primera de ellas, trabajadora del Cesfam Raúl Silva Henríquez, presentó su renuncia, mientras que Mauna se encuentra suspendida de sus funciones en el Cesfam Emilio Schaffhauser y Fuenzalida, también empleada de este último recinto, con licencia médica desde el año pasado, lo que no entorpece el avance de la investigación interna.

A ellas se agregan, Patricia García Cárdenas ($23.250.000) y Silvia Bastías Cuevas ($72.600.000), con las cuales no existía relación laboral. Las boletas de ellas, figuran en el consolidado electrónico de boletas mensuales 2021, y fueron cargadas al Programa “231 PRG VIDA SANA, INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL, EN APS”, perteneciente al convenio DIR, que era llevado a cabo por Nicole Cadena. 

¿Por qué se le pagó una indemnización a Nicole Cadena? 

Una vez que el caso sale a la luz pública, uno de los hechos más cuestionados fue el respaldo que le dio el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, a la directora del Departamento de Salud, Lorena Casarín, ya que como jefatura con responsabilidad administrativa, según concejales de la comuna, debió asumir alguna sanción por el millonario desfalco que ocurrió frente a sus ojos durante dos años. 

De acuerdo a testimonios protegidos de funcionarios de la Corporación GGV, Lorena Casarín,  cuyo sueldo bruto llega a los $ 5.630.278, sería la doctora de cabecera de la familia Cifuentes e íntima amiga de Eugenia Cifuentes Lillo, con un sueldo bruto de $ 6.037.535, y que se desempeña como directora del Departamento en Administración Central de la Corporación.

Según indican, la estrecha relación con la hermana del diputado DC, sería una de las razones del por qué habría sido “blindada” con tanta vehemencia. 

En tanto, en la tercera ampliación se identificaron correos electrónicos entre Nicole Cadena Munita y su marido, Cristian Muñoz Fredes, donde se remiten boletas, informes de actividades y facturas de varias personas, de quienes no se pudo verificar que prestaran servicios a la entidad durante el 2021. 

Al respecto, las boletas dirigidas a 4 personas -Rodrigo Campusano Cuadra, Alejandra Salazar Sánchez, Carlos Rodríguez Maturana y Andrés Carmona López- se hicieron bajo los códigos de convenios DIR, Athtripan y Centro de Tratamiento CIP-CRC, programas bajo la coordinación de Nicole Cadena Munita. Al respecto, no se realizó Orden de Trabajo por estos pagos, totalizando $15.089.250 por 7 boletas.

A fines de febrero se presentó la última ampliación de la querella, involucrando dos nuevos nombres, Alexis Araya González y Pamela González Pilar, externos a la Corporación GGV, quienes recibieron pagos bajo los códigos de convenios DIR, Athtripan y Centros de Tratamiento CIP CRC, dependientes de Cadena Munita. 

Araya González recibió la suma de $12.744.000, pero al momento de los hechos se encontraba contratado por el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, desempeñando funciones como docente.

Por su parte, respecto de Pamela González Pilar, figuran pagos en el año 2020 por la suma de $15.422.400 y en 2021 por $10.195.200,  lo que arroja un total defraudado de $25.617.600 por servicios que jamás se habrían prestado.