La Serena: Amplían querella por fraude al Fisco y malversación contra exalcalde Roberto Jacob y exdirectivos

Una ampliación de la querella criminal destinada a establecer nuevas responsabilidades penales por las irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de La Serena.

La acción judicial incorpora nuevos antecedentes y extiende la imputación a delitos de fraude al erario, malversación de caudales públicos por aplicación diferente y administración desleal.

En esta ampliación se dirige la acción penal contra el exalcalde Roberto Jacob, los exsecretarios generales Patricio Bacho Chávez, Ernesto Velasco Rodríguez y Jorge Díaz Torrejón, además de la exdirectora de Educación Sandra Castro Carvajal y el exdirector de Finanzas y Control Interno Jerónimo Clavería Calderón. 

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, señaló, "hoy se presenta esta querella respecto a la administración desleal, lo que implica responsabilidades de quienes estuvieron a cargo y no supervisaron adecuadamente, permitiendo que estos delitos se configuraran y fueran ratificados por el Ministerio Público”. 

La autoridad agregó que se trabajará en el cierre definitivo de la Corporación, señalando que “haremos un trabajo colaborativo para traspasar el Departamento de Salud a la Municipalidad, con el objetivo de garantizar una administración transparente, bajo control de Contraloría, y avanzar en el plan de cierre de la Corporación GGV, aprobado de forma unánime por el directorio. Son decisiones que se toman en el marco de la ley”.

Los informes de auditoría revelan graves irregularidades en el manejo de recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferente (SEP), donde se detectaron contrataciones simuladas, pagos por servicios no realizados, desvíos de fondos y doble contratación, con un perjuicio preliminar que superaría los $5.500 millones.

Además, la investigación por presunto fraude al Fisco indaga dos áreas clave: los contratos de asistencia técnica educativa, en los cuales las empresas CIMPAQ y Excelencia Educativa —relacionadas al mismo grupo de personas— habrían registrado gastos rechazados por $320 mil millones entre 2019 y 2020; y la contratación de servicios profesionales que los propios directores de colegios desconocen. En esta última, figuran 95 personas que durante 2023 habrían recibido pagos con fondos SEP sin haber prestado efectivamente los servicios.

A esto se suma la acción judicial interpuesta contra Mario Fernández Sánchez, representante legal de Servicios Técnicos TELMAR SpA, por presunta estafa, fraude al Fisco, falsedad documental y asociación ilícita, delitos que se investigan en grado consumado y con carácter reiterado.

Entre 2018 y 2024, la Corporación suscribió con TELMAR al menos 13 contratos y 15 anexos, por un monto superior a $2.056 millones, destinados principalmente a la contratación de guardias de seguridad, instalación y mantención de sistemas de CCTV, además de otros servicios en las áreas de salud, educación y cementerios municipales. 

Según la auditoría interna, la empresa no contaba con la autorización vigente del Departamento OS10 de Carabineros de Chile para operar como entidad de seguridad privada, pese a haber sido contratada bajo ese concepto.

Actualmente, la deuda total de la Corporación Gabriel González Videla asciende a más de $83.626.033.357, cifra que motivó al directorio y a la alcaldesa a aprobar su cierre definitivo, con el objetivo de proteger los intereses municipales y garantizar la continuidad de los servicios públicos.