Gremios se muestran preocupados por listado de áreas protegidas

La ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abrió un proceso histórico para definir qué territorios contarán con mayores resguardos legales, los denominados “sitios prioritarios”. 

Hasta el momento, el listado preliminar del Ministerio del Medio Ambiente reconoce a 99 de estos sitios a nivel nacional.

En la actualidad, se encuentran abiertos distintos procesos de consulta ciudadana para poder determinar cuáles podrían ser los sitios prioritarios, pudiendo también formular consultas o reparos. 

En la Región de Coquimbo figuran hasta el momento, sitios como la red de humedales costeros de Coquimbo y La Serena, como El Culebrón y la desembocadura del Río Elqui, Punta Teatinos y Caleta Hornos, en el sector costero al norte de La Serena, la desembocadura del río Limarí, la desmbocadura del río Quilimarí, el Cerro Santa Inés y la costa de Pichidangui, y la quebrada de Culimo, entre otros. 

Al respecto, Leonardo Gros, seremi de Medio Ambiente, explicó que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas corresponde a una necesidad que tiene el país de contar con un órgano institucional que se preocupe por el resguardo de nuestro patrimonio en biodiversidad. Es una ley que se discutió largamente —durante 12 años en el Parlamento— y donde todos los sectores políticos y las distintas miradas del país tuvieron la oportunidad de contribuir para su desarrollo. Hoy esta ley está vigente, y lo que a nosotros nos corresponde como funcionarios públicos es su implementación y aplicación”, subrayó.

En esa línea, indicó que “como ministerio, estamos en pleno proceso de elaboración de los reglamentos, de consulta ciudadana e indígena, y de incorporación de todas las miradas, para que en las próximas etapas de implementación de este nuevo Servicio de Biodiversidad todos y todas puedan ser considerados y sus opiniones integradas. La ley es una realidad. Insisto, se discutió largamente y hoy nos pone a la vanguardia como país en América Latina, en términos de contar con una institucionalidad ambiental a la altura de la gran crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación que enfrenta el planeta”, remarcó.

GREMIOS PREOCUPADOS POR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Sin embargo, para Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), “nuevamente en Chile nos encontramos con una situación en la cual se amenaza o directamente se daña las actividades productivas, usando fundamentos aparentemente nobles. Llama profundamente la atención que un gobierno que proclama la participación ciudadana como uno de sus valores característicos pretenda levantar, a toda prisa, un listado de territorios priorizados para la protección ambiental sin un proceso de consulta y de diálogo sistemático con todas las partes involucradas. Por otro lado, a partir de los antecedentes que se han ido conociendo, hemos sabido que algunas propiedades mineras y sitios con proyectos de inversión en carpeta o en desarrollo podrían quedar dentro de tales áreas prioritarias, lo que significaría un cambio de estatus jurídico y de regulaciones legales que podría limitar el ejercicio legítimo de los derechos de los propietarios. Jugar con los derechos de las personas es muy peligroso para la democracia”, remarcó.

Por su parte, Giovanni Innocenti, presidente la Cámara Chilena de la Construcción La Serena, comentó que “proteger el medio ambiente es fundamental, pero debemos lograr un equilibrio real con el desarrollo productivo de nuestras regiones. Hoy enfrentamos una situación delicada: la forma en que se están implementando los reglamentos y definiendo los sitios prioritarios de esta nueva ley pone en riesgo los derechos adquiridos, las actividades productivas y, en definitiva, la reactivación económica del país. En nuestra región, varios territorios —como humedales, zonas costeras y parques— podrían verse afectados por estas nuevas restricciones. Nos preocupa que este tipo de decisiones se adopten sin diálogo ni análisis técnico, porque la excesiva ‘permisología’ ya ha frenado por años el crecimiento regional. No podemos seguir sumando obstáculos que ahuyenten la inversión y limiten las oportunidades de desarrollo”, aseguró.

En tanto, Ignacio Pinto, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), sostuvo que “hemos estado en coordinación con los principales gremios productivos del país, porque nos parece que este es un tema que compromete  seriamente el desarrollo de todo Chile. En la región serían más de 27 mil hectáreas que estarían bajo esta nueva regulación, en lugares donde ya existen concesiones mineras aprobadas o se tramitan proyectos de mediana y gran minería. Nos parece inaceptable que se intente prohibir o limitar el desarrollo de actividades que previamente han sido autorizadas y una muy mala señal, cuando lo que se requiere es certeza jurídica para promover la inversión”, indicó.

Asimismo, enfatizó en que “el Ministerio de Medio Ambiente está actuando de forma apresurada y una ley que en su espíritu tiene cosas muy valiosas y positivas puede transformarse en un freno para todos los sectores, incluyendo la inversión pública. Es un tema que se debe madurar bien, con participación real de todos los sectores, con diálogo, transparencia en los criterios y utilizando los  plazos que la misma ley permite para realizar con tiempo las  respectivas consultas, que definirán el uso de una parte importante del territorio nacional”, cerró.