Tasa de informalidad laboral llega al 30,1% en la Región de Coquimbo

La Región de Coquimbo continúa mostrando señales de reactivación en materia laboral. Y es que según el Boletín de Informalidad Laboral correspondiente al trimestre julio–septiembre de 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de ocupación informal regional se ubicó en 30,1%, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

El informe evidencia una reducción de la población ocupada informal (-0,2%), impulsada por el aumento de la ocupación total regional (+4,3%). Este comportamiento sugiere una mayor formalización del empleo, especialmente entre los asalariados del sector privado, grupo que lideró la disminución con una baja interanual de 4,7%.

En este contexto, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Monserrat Castro Cortés, sostuvo que “estas cifras confirman que los esfuerzos del gobierno por fortalecer la empleabilidad y promover el trabajo decente están dando resultados. La reducción de la informalidad, especialmente en sectores tradicionalmente vulnerables y especialmente en el caso de las mujeres, evidencia que las políticas de capacitación, intermediación y apoyo a la formalización están contribuyendo al desarrollo económico con equidad en nuestra región”.

En ese sentido, agregó que el desafío para el gobierno “es continuar fortaleciendo la formalidad en el empleo con énfasis en los grupos de la población que tienen más barreras de ingreso al mercado laboral formal, como son las mujeres, jóvenes hasta 24 años, personas con discapacidad y adultos mayores de 50 años”. 

PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD 2.0

Respecto a estas cifras, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, sostuvo que desde que inició su gestión, el 6 de enero, se puso en contacto con la seremi del Trabajo, quedando a disposición principalmente a través de programas que permitan aportar como gobierno regional al fortalecimiento del empleo.

Sin embargo, el gobernador reconoció que ello no se trata de un tema sencillo, debido a las limitaciones legales que tienen los gobiernos regionales en materia de empleabilidad.

“El gobierno regional no tiene competencia directa en esta área, lo que hace difícil avanzar, pero estamos trabajando en alternativas que nos permitan incidir dentro de nuestras facultades”, explicó.

Al respecto, el jefe regional destacó que este año será la última versión del actual Programa de Empleabilidad, una iniciativa propia del gobierno regional que entrega recursos a los municipios para la contratación de personas en labores de aseo y ornato.

“Este programa nos ha permitido que muchas personas accedan a un empleo formal, con contrato por un año y posibilidad de renovación anual. Sin embargo, queremos ir más allá”, aseveró.

En ese sentido, anunció que ya se está diseñando una versión mejorada del programa, denominada “Empleabilidad 2.0”, que ampliará su alcance a otros rubros y aumentará los cupos disponibles para las 15 comunas de la región.

LA VISIÓN DE LOS GREMIOS 

Frente a este escenario, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), advirtió que “el empleo informal tiene muchísimos efectos negativos: para quienes lo ejercen, ingresos generalmente bajos, precariedad laboral, desprotección también en material de leyes laborales como de seguridad social. Para el resto de la sociedad, evasión masiva en el pago de impuestos, una carga pesada sobre todos los servicios sociales –que deben atender a todos los informales y sus familias sin recibir la contribución respectiva– competencia desleal para las empresas, empleadores y empleados que trabajan dentro de la legalidad”.

Dados estos perjuicios, prosigue, “a nuestro entender (la informalidad) debería ser una preocupación fundamental del Estado, incluyendo tanto sanciones a quienes las ejercen como adoptando medidas para simplificar la empleabilidad formal y para emprender negocios. Esta clase de mensajes los hemos repetido desde el sector empresarial una y otra vez. Por ejemplo, sobre la necesidad de facilitar el empleo juvenil, el trabajo en jornadas parciales, la creación de empresas; la importancia de no seguir agregando costos al empleo”.

LOS EFECTOS DE LA INFORMALIDAD 

En línea con lo expresado por Guerrero, Maximiliano Villalobos, investigador del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, recordó que en Chile “los empleadores no aportan al seguro de cesantía. En caso de perder el trabajo, todo ese tiempo de trabajo informal (el trabajador) no aportó nada al seguro. No cotiza en AFP ni salud. Por tanto en el caso de pensiones va generando lagunas que le repercuten en menores pensiones cuando efectivamente se jubile. Queda descubierto en salud”.

En ese sentido, destacó que en la reforma previsional recientemente aprobada, se agregó el beneficio por años cotizados: 12 años en mujeres y 24 en hombres. “Si cumple con eso y se jubila luego de los 65 años, recibe inmediatamente el beneficio. En el caso extremo de alguien que nunca cotizó al trabajar, estando siempre informal, o gran parte de su vida informal, no puede acceder a este beneficio por ejemplo (...). Para el Estado es una carga financiera en el futuro, en un contexto de mayor envejecimiento y espacio financiero del Estado cada vez más restringido”, remarcó.