Libertad de prensa amenazada: denuncian intento de intervención a telefónos de periodistas

Un amplio rechazo generó en el mundo de las comunicaciones la solicitud de la fiscalía para intervenir los teléfonos celulares de once periodistas, en el marco de la investigación contra el abogado Luis Hermosilla, imputado por el denominado caso Audios.

Al respecto, la Federación de Medios de Comunicación Social (FEMES) manifestó su “más profundo rechazo ante el grave precedente que esta acción judicial podría sentar para el ejercicio libre del periodismo en Chile”.

A través de un comunicado, la entidad recordó que este tipo de medidas vulnera la  Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo , la cual establece que los profesionales de la prensa “tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa”.

“La acción emprendida pone en riesgo la libertad de prensa y vulnera el trabajo periodístico, pilar fundamental en una democracia sana y transparente”, subraya el texto.

Asimismo, la federación destacó que “la historia reciente de nuestro país ha demostrado que muchos casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. Amedrentar y perseguir el trabajo de la prensa representa un retroceso democrático”.

EL VALOR DEL SECRETO PROFESIONAL 

Según el abogado y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Pedro Anguita, los periodistas, como cualquier ciudadano, gozan de los derechos y libertades consagrados en la Constitución, pero además cuentan con una protección específica: el secreto profesional.

“Los periodistas poseen la facultad de no revelar la identidad de sus fuentes, lo que es esencial en el periodismo investigativo. Gracias a ello, la ciudadanía conoce hechos que de otro modo permanecerían ocultos”, sostuvo el experto y docente de Universidad de los Andes.

Anguita reconoció que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar diligencias en el marco de sus investigaciones, pero advirtió que “medidas intrusivas como intervenir teléfonos deben pasar por un control judicial riguroso, como ocurrió en este caso, donde la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud”.

En ese sentido, el académico recordó que el gobierno actual presentó un proyecto de ley —promovido por la ministra Camila Vallejo — que busca otorgar un estatus especial de protección a los profesionales de la información frente a amenazas o agresiones, dada la relevancia de su labor en el fortalecimiento de la democracia.

 “MEDIDAS QUE HUELEN A OTRO TIEMPO” 

Por su parte, el periodista y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, Cristian Muñoz, advirtió “el ejercicio periodístico tiene una relación directa con la vigilancia de todo aquello que es de interés público. Limitar las herramientas de los periodistas para cumplir esa misión es un muy mal antecedente, porque pone en riesgo no solo la libertad de prensa, sino la calidad de nuestras democracias”, señaló.

A su juicio, este tipo de medidas “huelen a otro tiempo. Los regímenes autoritarios, cuando buscan consolidar su poder, lo primero que hacen es restringir la labor periodística. Por eso es tan importante proteger el derecho a informar y el secreto de las fuentes, porque son la base del periodismo de investigación y del control ciudadano del poder”, enfatizó.

El académico valoró que la  Corte de Apelaciones de Santiago haya cerrado la puerta a esta solicitud, señalando que “de haberse aprobado, habría significado una amenaza directa a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y al rol fiscalizador de la prensa”.

PREOCUPACIÓN DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

En la misma línea, el presidente del  Colegio Regional de Periodistas de Coquimbo,  Fernando Miranda, calificó la solicitud de la fiscalía como “una acción inconstitucional e infundada que atenta directamente contra la libertad de prensa. Nos resulta preocupante saber que una medida tan intrusiva se haya considerado en una investigación judicial. Por fortuna, la Corte de Apelaciones fue sensata al no acoger la demanda”, sostuvo.

Sin embargo, Miranda advirtió que los periodistas en Chile cuentan con escasas protecciones legales y que esta situación revela la vulnerabilidad del gremio. “Si se hubiese acogido esa solicitud, se habría puesto freno al libre ejercicio del periodismo. Ya tenemos en el Senado una ‘ley mordaza’, y esto sería un nuevo retroceso para la democracia”, advirtió.

El dirigente expresó también su inquietud por los ataques que el periodismo ha recibido en los últimos años desde ciertos sectores políticos. “Estamos viendo con preocupación cómo se levantan discursos que buscan desacreditar la labor de la prensa. El periodismo libre no es un enemigo del Estado, es un pilar de la democracia”, recalcó el periodista.

PROTEGER LA LIBERTAD INFORMATIVA 

Tanto las organizaciones de prensa como los académicos coinciden en que la reserva de las fuentes no solo protege a los periodistas, sino también el  derecho ciudadano a estar informado .

“La función de los comunicadores es velar por el bien común. Sin libertad de prensa ni resguardo de las fuentes, muchos casos de interés público jamás habrían salido a la luz”, destacó Miranda.
En ese sentido, la FEMES reiteró su llamado a las autoridades “a proteger y fomentar un ecosistema informativo libre, diverso y sin presiones indebidas”.