Contraloría aclara que Corporación no puede acogerse a Insolvencia: municipio adelanta alternativas

La Contraloría General de la República resolvió que la  Corporación Municipal Gabriel González Videla no puede someterse a un proceso de liquidación conforme a la ley de insolvencia y reemprendimiento N° 20.720, como pretendía el municipio serenense para hacer frente a su severo endeudamiento. 

En cambio, el organismo fiscalizador estableció que la única vía legal posible es su disolución voluntaria, con la recuperación directa de las funciones públicas por parte de la municipalidad de La Serena .

El dictamen, emitido el  30 de octubre de 2025, responde a una consulta de la alcaldesa serenense, Daniela Norambuena, sobre la posibilidad de aplicar a la corporación el mismo procedimiento concursal utilizado por empresas privadas con problemas financieros.

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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

La resolución del ente contralor fue categórica, indicando que  las corporaciones municipales son entidades de derecho privado con fines públicos, financiadas con recursos estatales y sujetas a un  régimen jurídico especial de derecho público. En consecuencia, no pueden ser tratadas como empresas o personas naturales deudoras.

“No resulta procedente aplicar la normativa concursal contenida en la ley N° 20.720 a la corporación municipal de La Serena”, se indica expresamente en el documento, recordando que la eventual liquidación de una entidad de esta naturaleza compromete la responsabilidad financiera del Estado y de las municipalidades, materia que está sujeta a reserva legal.

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CRISIS FINANCIERA 

Cabe recordar que la Corporación Gabriel González Videla ha sido responsable de la administración de los servicios municipales de educación, salud y cementerios. 
Sin embargo, tras el traspaso de los establecimientos educacionales al  Servicio Local de Educación Pública de Elqui, la entidad quedó a cargo sólo del área de salud y de la administración de los cementerios municipales.

Según los antecedentes enviados por el municipio a la Contraloría, el alto nivel de deuda de la corporación motivó la idea de liquidarla judicialmente, crear una nueva Dirección de Salud Municipal y traspasar los servicios y funcionarios a la nueva entidad. 

No obstante, el dictamen advirtió que los efectos del procedimiento concursal no extinguen la personalidad jurídica ni transfieren adecuadamente las funciones públicas, por lo que la vía correcta es la disolución voluntaria conforme a los estatutos  de la corporación y la reabsorción de sus funciones por el municipio.

TRASPASO DE PERSONAL 

El documento precisa que, una vez disuelta la corporación, la municipalidad debe  recuperar la administración de los servicios públicos traspasados . En el caso de la salud, el personal deberá integrarse al nuevo departamento municipal, siguiendo la jurisprudencia establecida, la cual regula la situación contractual y previsional de los trabajadores durante el proceso de traspaso.

Respecto al área de educación, la Contraloría recordó que, según la ley N° 21.724, el Servicio Local de Educación Pública solo asume la calidad de sostenedor de los establecimientos, pero las deudas y obligaciones previas al traspaso quedan radicadas en el patrimonio de la municipalidad o en el de la corporación, hasta su total extinción.

PRÓXIMOS PASOS 

Ante este escenario, el secretario general de la Corporación Gabriel González Videla, Marcelo Gutiérrez, explicó que, por mandato de la alcaldesa Daniela Norambuena, el trabajo al interior de la institución se centra actualmente en tres líneas de acción: orden, eficacia y austeridad.

“Por supuesto, esto conlleva el cierre de la Corporación Gabriel González Videla. Lo que ha señalado la Contraloría General de la República es que, efectivamente, al tener actualmente a nuestro cargo el Departamento de Salud, tenemos una función pública que cumplir. Por lo tanto, bajo esta premisa, lo que deberíamos preferir es la disolución, en comparación con otras alternativas”, afirmó Gutiérrez. 
En ese contexto, puntualizó que los equipos están trabajando para que el Departamento de Salud pase a la administración municipal lo antes posible, siempre con el visto bueno del concejo municipal.

“Dado que esa función pública ya no recaerá en nosotros, posteriormente,  también se procedería al traspaso de los cementerios. Así, se abre un abanico de opciones para el cierre de la corporación, entre las cuales se encuentran, por supuesto, la liquidación, la disolución, la reorganización y todas aquellas que permite la normativa, que en este caso es la ley”, señaló la autoridad.