Exfiscal Regional: “Acá hubo una administración abusiva y desleal en la corporación G.G.V.”

Con 25 años de experiencia laboral a sus espaldas, el abogado y exfiscal regional, Adrián Vega Cortés, se encuentra liderando un nuevo hito en su ya larga carrera profesional. 

Y es que desde este año, asesora y representa los intereses de la municipalidad de La Serena en aquellas acciones judiciales vinculadas a las irregularidades detectadas en la Corporación Gabriel González Videla, institución sumida hoy, en una grave crisis financiera por presuntos malos manejos. 

No obstante, el abogado ha ejercido previamente en distintos ámbitos laborales, aunque una de las más relevante fueron sus funciones durante ocho años como fiscal regional de Coquimbo, tiempo en que debió enfrentar varios casos de alta connotación pública.

En conversación con Diario El Diario, reconoce no haber imaginado nunca que llegaría a encabezar el Ministerio Público en la región, pero asegura que  hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir con las exigencias que tenía en el cargo, destacando aquellos casos en que se alcanzaron buenos resultados, consiguiendo condenas importantes, como en el caso de la estafa de Investing Capital o el de la niña Melissa, quien fue asesinada por su madre, Mirta Ardiles, y que causó gran conmoción pública. 

En aquella oportunidad, además, la mujer fue condenada como cómplice de los abusos sexuales cometidos por su pareja en contra de la menor de edad, quien sufrió vulneraciones desde que tenía 6 años.

-¿Pensó que llegaría a ocupar el cargo de fiscal regional?
“Cuando decidí postular a ser fiscal adjunto, era abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y de un centro de maltrato infantil grave del SENAME. Ya me había desempeñado cerca de cuatro años en el servicio público y en el área de protección de víctimas. Entonces, el camino natural era pasar a la persecución penal como fiscal adjunto, pero al tomar esa decisión, nunca pensé ni avisoré la necesidad profesional o la expectativa de llegar a ser fiscal regional de la región que me vio nacer, que es la de Coquimbo”.

-¿Por qué después no siguió en el Ministerio Público?
“Las razones de no continuar en el Ministerio Público se relacionan con las propias expectativas que me fijé al momento de postular al cargo. Mi idea era, si accedía al cargo, desempeñarlo durante los ocho años y luego dar un paso al costado porque es una función muy exigente. Además, creo realmente en la renovación de los equipos y es necesario que muchas veces los que llegamos a ciertas etapas de la carrera ya concluidas podamos dar el paso a nuevas jefaturas, nuevas ideas y nuevos proyectos”.

CASOS IMPORTANTES

-¿Cuáles son los casos que más lo impactaron o los más relevantes que le tocó ver como fiscal regional?
“Como fiscal regional, además de la contingencia del estallido social y la pandemia que tuvimos que asumir desde el punto de vista logístico, una serie de demandas o requerimientos inusuales y extraordinarios y pudimos sortearlos bien, tuvimos casos súper mediáticos e importantes a nivel regional. El caso de la estafa de Investing Capital, en el cual se recuperaron más de 5.000 millones de pesos gracias a un trabajo en equipo con el fiscal (Carlos) Vidal, con la abogada asesora Isabel Guajardo y otro equipo que se conformó para poder procesar más de 5.000 contratos y obtener condenas y comiso importante de bienes. También podría mencionar, en general, la necesidad que se tuvo de perseguir ciertos casos de violencia institucional en la región para el estallido, como el caso de Kevin Gómez y el caso de Romario Veloz, ambos con sentencia condenatoria. Y por otro lado, también tuvimos casos mediáticos a nivel nacional, como la muerte de la niña M.S.H. a mano de su madre, y también obtuvimos altas condenas. Además de establecer un criterio de objetividad y esfuerzo por parte de los fiscales con cada uno de los casos que se tuvieron que ver en esa época”.

-¿Y qué experiencia podría decir que le quedó de aquello?
“Una gran experiencia, porque cada día tiene su afán y las fiscalías de Chile cada día afrontan desafíos mayores. En su momento me tocó a mí, lo que le explico, consolidar la persecución penal durante un estallido social, y en pandemia y perseguir delitos no teniendo muchos recursos. Y es parte del aprendizaje personal y la valía de haber sido parte de la historia del Ministerio Público como el tercer fiscal regional de la zona, en el sentido de estar satisfecho de que se hizo el mejor trabajo posible y que se redoblaron esfuerzos por parte de mi persona, de mi equipo y de todos los fiscales y funcionarios de la fiscalía para poder dar alguna respuesta en los casos que nos apremiaban”.

-Y hoy, a la distancia, ¿cómo ve la fiscalía regional?
“Con nostalgia, pero sí con mucha alegría. El otro día fui a la fiscalía regional por un asunto en el que se ejerce como querellante, y efectivamente me sentí como en casa. Conozco los lugares, conozco las personas. Hoy en día hay otra jefatura, de un fiscal experimentado como el señor Patricio Cooper. Así que muy tranquilo de que el trabajo se hizo de un modo objetivo, oportuno, respetando los procesos a los tribunales y a los intervinientes, y en ese sentido, estoy tranquilo por el trabajo realizado”.

-Si volviera a ser fiscal regional, ¿hay cosas que no repetiría?
“Lo cierto es que es difícil colocarse en un escenario como ese, porque cada requerimiento contingente es distinto. Es imposible pensar que en algunas circunstancias yo no actuaría distinto a como habría actuado en su momento en alguno de los casos que me ha tocado enfrentar: siempre tratando de ser objetivo, investigar mano a mano con la policía, con respeto de los derechos de las víctimas y de los imputados. En ese sentido, no tengo ninguna - digamos - nada de qué arrepentirme. Seguramente hubiese intentado desplegar más esfuerzos en materia como violencia familiar y otras, que es una deuda pendiente, porque hay muchas soluciones en materia de violencia familiar provocado por las retractaciones. Se trató de hacer los esfuerzos de equipo, en la red y todo lo demás, pero es una realidad constante y creciente, y siempre es un desafío”.

NUEVO DESAFÍO 

-¿Se encuentra cómodo en sus actuales funciones profesionales?
“En mi rol, yo decidí conscientemente rechazar ser abogado defensor, con toda la valía que implica ejercer como abogado defensor de los derechos de los imputados, porque es esencial en el estado de derecho. Pero decidí actuar en la línea de la querella, que es, en definitiva, perseguir delitos como coadyuvantes de lo que es el Ministerio Público. Y esa es una tarea en la que me siento muy cómodo, además”.

-¿Qué pasos se están dando para conseguir el cierre de la Corporación Gabriel González Videla, que es uno de los temas que usted lleva adelante?
“A mí me compete trabajar en lo que son las querellas para identificar eventuales delitos que se puedan haber cometido durante el curso de un decenio o más en la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Estamos hablando principalmente, por lo menos desde 2018 que está vigente la norma de una administración desleal. Esto es un ejercicio abusivo de las funciones, desproporcionado y descriteriado de las tareas de los directivos de la corporación, puesto que esa gestión provocó una deuda de 80.000 millones de pesos entre cotizaciones previsionales y deuda a proveedores. Esa es la tarea que me compete: tratar de identificar esos fenómenos y eventualmente recuperar quizás algunos dineros por comiso u otros que se cometieron, cosa en la que ya se está avanzando con el caso de los funcionarios irregulares en materia de salud que están en juicio, y de la actual causa en que se está identificando un gasto irregular en materia de subvención escolar que fueron rechazados por la Superintendencia de Educación, lo que implica a todas luces, a juicio de la municipalidad y mi rol como querellante, que acá se trata de una administración abusiva y desleal, y estamos identificando si hay otros delitos”.

-¿Se ha sentido sorprendido por lo que pudo encontrar?
“La verdad es que no, porque en definitiva, es la deuda más grande en Chile de una corporación municipal, la que debe tener sus raíces en algún lugar. Siempre se trata de mencionar que son deficiencias estructurales, pero cuando identificamos que el 20 o 25% de los gastos anuales de una subvención escolar preferente, en este caso, que deben destinarse a cierto objetivo, no se destinan a ese objetivo, necesariamente estamos hablando de sumas anuales que se gastaron de modo imprudente, de modo abusivo y sin que cumpliera los requisitos técnicos. Entonces, no era sorpresa encontrarse con irregularidades de este tipo al momento de identificar las causas del desfinanciamiento”.

-¿Qué lo llevó a trabajar con la alcaldesa Daniela Norambuena? ¿Ella lo convenció?
“No, en ningún caso. Como le dije, yo pretendí ejercer mi carrera profesional como abogado en lo penal -porque también veo cosas civiles, materias laborales y otras cosas más-, pero en materia penal, soy querellante. Y en ese contexto, a mí me convocó el director jurídico de la municipalidad porque estaba indagando con gente que tuviera algún pergamino en el área penal y yo acepté el desafío. No es muy difícil convencer a alguien de una oportunidad si es que te gusta el ámbito en el cual te están ofreciendo trabajo”.

CRISIS EN LA JUSTICIA 

-¿Qué opinión tiene de la situación que está viviendo el Poder Judicial y, en concreto, algunos ministros de la Corte Suprema, quienes han sido expulsados o han enfrentado acusaciones constitucionales? 
“Bueno, es lamentable desde el punto de vista del estado democrático de derecho y la confianza en las instituciones. Pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, la gran mayoría de la judicatura, de los fiscales, de los defensores públicos, privados y de los que ejercen justicia, actuamos conforme a la ley. Necesariamente, en algunas ocasiones, hay personas que se salen de las reglas legales y recurren a argucias para ganar cuando las herramientas jurídicas no les bastan. Lo que habla muy bien es que este asunto no está encubierto, sino que, si se denuncia, la fiscalía y los querellantes, como es en mi caso en distintas materias, estamos dispuestos a actuar y la justicia también, a hacer su trabajo. En definitiva, resolver con objetividad los hechos que se le presentan por parte de un interviniente, fiscalía, querellante, demás mandante o recurrente de distintos tipos de vías procesales”.

-¿Cuál es su visión de que el llamado caso “Papaya Gate” finalmente haya quedado en manos de la fiscalía regional?
“Es que son decisiones que toma el fiscal nacional en función de sus atribuciones. En su momento, este caso surgió en la región en período de pandemia y el fiscal nacional en su momento, Jorge Abbott, se lo designó a la Región de Valparaíso porque en mi calidad de fiscal regional yo tenía que efectuar un trabajo directo, continuo y diario con las autoridades políticas de la época para asegurar la objetividad. Ahora ya ha pasado el tiempo y habiendo avanzado la investigación con la fiscal (Claudia) Perivancich, necesariamente, esta situación de alguna prudencia para la designación, parece adecuado que vuelva a la región, puesto que el actual fiscal regional, que tiene experiencia en materias de alta complejidad, además de sus equipos, ya no tiene esa situación de tener que litigar o investigar a alguien con quien está trabajando directamente. Entonces, parece razonable y adecuada la decisión, sobre todo para el acceso de los intervinientes, confiando en que tanto la fiscal Perivancich como el fiscal Cooper harán un trabajo objetivo y el necesario para poder acreditar lo que sucedió en ese caso”.

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-¿Y usted considera razonable que este caso haya demorado tanto tiempo?
“No puedo emitir opinión al respecto porque como no lo conocí al detalle ni las dificultades que se toparon los investigadores con el caso, no me permitirían dar una opinión fundada”.