“Han disminuido los femicidios consumados y frustrados en la región”

Cada 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal a manos de la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

En este contexto, Camila Sabando, seremi de la Mujer y Equidad de Género, sostuvo que “este es un día fundamental, porque conmemoramos que distintos países nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en conjunto —y también individualmente— por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Esto significa que, como Estado, asumimos un compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Por eso convocamos a la ciudadanía a reunirse en una ceremonia en la que podamos contarles qué hemos hecho para cumplir con este compromiso”.

-¿Qué destacaría de esta fecha?

“En este 25 de noviembre del año 2025 hemos querido destacar la importancia de que la comunidad conozca la Ley Integral. Por eso, la campaña de este año se denomina ‘Una ley en nombre de todas’, que busca que las mujeres se apoderen de esta ley y la puedan ejercer”.

-¿Cuáles son los alcances de esta ley?

“Esta ley, aprobada en 2024 luego de siete años de tramitación, permite mejorar, entre otras cosas, la fiscalización de las medidas cautelares y establece mecanismos de supervisión judicial para garantizar su cumplimiento y pertinencia. Esto era algo que durante mucho tiempo las mujeres demandaron que se reforzara. La ley incorpora esa innovación. Por otro lado, fortalece el rol de la representación jurídica de SernamEG en casos de femicidios y femicidios suicidas, lo que permitirá llegar más rápido y de manera más eficiente a las mujeres que han sido víctimas de violencia grave o extrema”.

-¿Qué otras innovaciones trae la ley?

“También incorpora a los niños y niñas como víctimas, y ya no solo como testigos de violencia, para así activar toda la red de protección y poder atender a quienes presencian —y por tanto sufren— la violencia de género ejercida contra sus madres o contra alguna mujer. Esto es un avance muy significativo, porque antes se les consideraba solo testigos y se les dejaba fuera, como si no fueran víctimas”.

-Aunque suene frío hablar de números en estos casos, ¿cuáles son las estadísticas que actualmente se manejan en casos de violencia intrafamiliar en la región? 

“Afortunadamente este año podemos decir que hemos disminuido tanto los femicidios consumados como los femicidios frustrados. Este año tenemos dos consumados y siete frustrados. Cualquier tipo de homicidio es lamentable, porque todas las vidas son importantes. Por lo tanto, no celebramos tener dos casos, pero sí reconocemos que, gracias al fortalecimiento del sistema jurídico para la protección de las mujeres y a las políticas públicas orientadas a prevenir y reparar la violencia, hemos visto una disminución. En comparación con el año pasado, tuvimos cuatro homicidios consumados y doce frustrados. Este año bajamos a dos consumados y siete frustrados. Esto evidencia que las medidas que hemos impulsado como gobierno para abordar la violencia en contra de las mujeres están siendo efectivas”.

-¿Qué balance pudieron hacer del caso de Camila Rojas, considerando que el condenado podría acceder a beneficios en unos años más? 

“Nosotros trabajamos articuladamente en la Región de Coquimbo con los distintos agentes de justicia, y siempre estamos impulsando que las mujeres cuenten con representación jurídica con perspectiva de género, que es precisamente lo que ofrecemos desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Entiendo que en este caso la representación jurídica estaba en manos de particulares y, de todas maneras, nosotros siempre instamos a que se ejerza justicia con perspectiva de género. Creo que siempre es lamentable cuando se disminuyen las condenas en casos como estos, pero eso está en manos de otras instituciones. Hay que comprender que yo, como parte del poder ejecutivo, no puedo intervenir en las decisiones que toman otros poderes del Estado. Lo que sí puedo decir es que tenemos una mesa interinstitucional de acceso a la justicia, en la cual existe un espacio de diálogo y reflexión para avanzar hacia una aplicación de justicia con perspectiva de género cada vez más sólida”. 

-¿Cuál es la importancia de denunciar?

“Nosotros siempre invitamos a que se hagan las denuncias cuando se presencia violencia o cuando existe violencia de género en contra de las mujeres. Invitamos a las mujeres a denunciar, pero también promovemos un paso previo o complementario: llamar al 1455. Este es un fono de orientación permanente al que puede llamar cualquier persona: un familiar que presencia violencia, una amiga, una vecina, una compañera de trabajo, de universidad o de escuela. Todas pueden llamar para saber cómo abordar una situación cuando saben que una mujer está viviendo violencia, o también puede hacerlo la propia mujer que la está sufriendo”.

-¿Cuál es la situación actual de las  deudas de pensiones de alimentos en la región?

“En la Región de Coquimbo y a nivel nacional podemos hacer un balance bastante positivo: la ley está funcionando. A la fecha de hoy tenemos a nivel nacional más de 2,9 billones de pesos en órdenes de pago de pensiones de alimentos, lo que demuestra que el mecanismo está operando correctamente. En la Región de Coquimbo, hay más de 65.000 millones de pesos que han sido ordenados a pagar, y eso nos pone muy contentas, porque finalmente está permitiendo que los hombres que tenían esta deuda pendiente —y que muchas veces no sabían cómo resolverla debido a complicaciones económicas— puedan regularizar su situación. Este mecanismo entrega facilidades y alternativas para que los deudores se pongan al día y puedan salir del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, que sabemos que implica una serie de sanciones y que no resulta cómodo para nadie”.

-¿Cómo han enfrentado la situación generada por las acusaciones de agresión sexual y violación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve? 

“Para nosotros desde un primer momento no hubo duda de que en estos casos la justicia debe actuar. No importa quién sea la persona acusada: si existe una acusación por violencia hacia una mujer, debe cumplir con lo que establece la ley. En ese sentido, este caso quedó en manos de las instituciones, que han realizado las investigaciones correspondientes para determinar las sanciones que correspondan. Nuestro gobierno no se pierde en esto y no mira quién comete los delitos de violencia de género; lo que hacemos es instar a que las instituciones funcionen y a que se haga justicia”.