Locatarios del Terminal Pesquero de Coquimbo acusan presiones para firmar nuevo contrato

Preocupación, incertidumbre y un clima de tensión marcan actualmente la relación entre los locatarios del Terminal Pesquero de Coquimbo y la Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO). Esto, luego de que la estatal insistiera en que los comerciantes firmen un nuevo contrato de arriendo, cuyas condiciones difieren del acuerdo vigente desde 2011 y que, según los trabajadores, pone en riesgo la continuidad de una actividad que se ha desarrollado por décadas en el borde costero.

El contrato tiene una duración anual, pero contempla una renovación automática cada mes de diciembre, mecanismo que, afirman los locatarios, EPCO estaría desconociendo al intentar imponer un nuevo instrumento contractual. La principal inquietud radica en que la propuesta planteada por la empresa establece un plazo fijo de un año sin renovación automática, lo que abriría la posibilidad de poner término unilateral al vínculo y, eventualmente, al desalojo de quienes desarrollan sus actividades en el sector.

La situación mantiene en alerta a cerca de 100 locales, entre marisquerías, pescaderías y servicios gastronómicos, que dan vida al terminal pesquero. En total, alrededor de 400 familias dependen directamente de este polo comercial, el que además genera más de 2 mil empleos directos e indirectos asociados a proveedores, transporte y servicios, configurándose como uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos de la comuna.

GESTIONES POLÍTICAS 

Ante este escenario, el sindicato independiente Los Delfines ha intensificado sus gestiones para frenar lo que califican como “presiones” por parte de la empresa portuaria. En ese contexto, han sostenido reuniones con la diputada Nathalie Castillo, además de recibir apoyo jurídico tanto de asesores particulares como de la delegación presidencial regional durante el año pasado y nuevamente en los últimos meses.

La parlamentaria anunció que ejercerá sus facultades fiscalizadoras y oficiará al Sistema de Empresas Públicas (SEP) con el objetivo de conocer en detalle el contrato que EPCO pretende imponer a los locatarios. Asimismo, enviará un oficio a la Dirección de Obras Portuarias para aclarar las competencias que tiene la empresa portuaria en distintos sectores de la caleta.

CONTRATO QUE NO DA GARANTÍAS

En este contexto, Ricardo “Vitali“ Ledezma, presidente del sindicato Los Delfines, relató a El Día que hace algunos días se reunieron con el gerente general de EPCO, Ernesto Piwonka, instancia en la que reiteraron su negativa a firmar el nuevo contrato. “Aquí no estamos hablando de un pago de arriendo, estamos hablando de un tema contractual, de un nuevo contrato que no nos entrega garantía ni seguridad”, señaló el excandidato a alcalde por Coquimbo.

Según explicó el dirigente, el primer acercamiento por parte de la empresa se produjo en 2023, cuando fueron citados a una reunión y se les presentó el nuevo documento. “En esa primera instancia jamás lo firmamos, porque nos sorprendió esta determinación”, afirmó. Posteriormente, EPCO habría propuesto modificaciones parciales a algunas cláusulas, las que tampoco dejaron conformes a los locatarios, especialmente por la duración del contrato.

“Vitali” Ledezma recordó que la historia contractual del sector se remonta a los años 90. En 1996, los comerciantes lograron formalizar su presencia tras años de actividad informal, pasando a ser contribuyentes del Estado, con patentes municipales, impuestos y resoluciones sanitarias al día. En 2011, los dirigentes de ese entonces firmaron un nuevo contrato con la empresa portuaria, el que estableció un plazo anual con renovación automática en diciembre, condición que se ha mantenido hasta hoy.

“Ese es el contrato vigente que la empresa portuaria quiere que cambiemos. La cláusula que más nos preocupa es la que establece un contrato a un año, pero no renovable. Si firmamos eso, al año siguiente nos pueden decir que no se renueva más, y eso significa que quedamos fuera”, advirtió el comerciante.

DERECHO ADQUIRIDO 

Para los locatarios, el conflicto trasciende lo administrativo y se vincula con un derecho adquirido tras décadas de trabajo en el sector. La presencia comercial en el lugar comenzó en los años 80 y se consolidó en los 90, en un proceso que incluyó manifestaciones y negociaciones con autoridades de la época para asegurar un espacio que, en ese entonces, era un sitio eriazo.

“Hay una historia de más de 45 años en este sector. Aquí se creó un polo turístico con el esfuerzo de los propios pescadores y comerciantes”, sostuvo Ledezma, quien añadió que el nuevo contrato “borra nuestro pasado” y desconoce el aporte social y económico que ha significado el terminal pesquero para Coquimbo.

El dirigente también relató que en 2024 sostuvieron una reunión con el delegado presidencial, Galo Luna, quien puso a disposición del sindicato a su equipo jurídico. Según “Vitali”, desde la delegación se les indicó que, si bien la empresa portuaria debía regularizar contratos, también podía mantener los existentes para quienes ya contaban con ellos, lo que trajo cierta tranquilidad durante gran parte del año pasado.

Sin embargo, a comienzos de 2025 —según el sindicato— EPCO retomó las gestiones para exigir la firma del nuevo contrato. Esto motivó una nueva asamblea de locatarios, donde, por votación unánime, se ratificó la negativa a suscribir el documento. “Firmar ese contrato sería un acto irresponsable. No nos da garantías y pone en riesgo a cientos de familias”, afirmó el presidente del sindicato, quien incluso habló de un “daño psicológico” producto de la presión que aseguran estar viviendo.

 RESPUESTA DE EPCO

Desde la Empresa Portuaria Coquimbo entregaron una declaración pública en la que sostienen que durante los últimos años, la firma ha desarrollado un proceso sistemático de ordenamiento y regularización contractual en el borde costero bajo su administración. “A la fecha, este trabajo ha permitido regularizar 11 de un total de 13 contratos, incorporando condiciones acorde con la realidad de los locatarios del sector”, dicen, agregando que este trabajo ha sido aplicado de manera transversal en todo el sector, entregando las facilidades necesarias para avanzar hacia contratos claros y modernos. En la actualidad, la estatal portuaria se encuentra trabajando para que todos los contratos cuenten con fecha de inicio y término definidos, plazos contractuales preestablecidos, reajustabilidad conforme al IPC y el cumplimiento de la normativa vigente, de acuerdo con las actualizaciones legales y regulatorias que, “como empresa del Estado, debemos observar y aplicar”.

Desde la empresa indican que en el caso particular del Sindicato Independiente Los Delfines, “es importante señalar que el proceso de diálogo no ha sido distinto al aplicado con otros locatarios. Sin embargo, este sindicato mantiene un contrato vencido desde hace dos años, pese a los reiterados intentos de EPCO de regularizar esta situación. En este contexto, EPCO ha sostenido diversas reuniones con la directiva del sindicato y sus asesores jurídicos, explicando de manera transparente los objetivos del proceso de reordenamiento y la necesidad de contar con condiciones contractuales vigentes”, sostienen desde desde la empresa. 

Asimismo, desde la firma aseguran que el sindicato ha pedido vincular el plazo contractual a la ejecución del proyecto Mercado del Mar, iniciativa que no tiene relación directa con la gestión de EPCO, por lo que los plazos de dicha obra no dependen ni están condicionados por la actual  administración.

“La Empresa Portuaria Coquimbo reafirma su compromiso con el diálogo, el ordenamiento y el cumplimiento normativo. En tal sentido, no es posible mantener la actual situación irregular, por lo que, de continuar el sindicato negándose a suscribir un contrato por el uso del área que éste ocupa, nos veremos obligados a presentar las acciones legales que correspondan, resguardando el correcto uso de los bienes bajo la administración de EPCO”, se señala en el escrito enviado por la empresa.

MERCADO DEL MAR

Tal como se detalló anteriormente, el conflicto contractual se da en paralelo a la incertidumbre por el futuro del proyecto Mercado del Mar, iniciativa largamente esperada por los locatarios como una solución definitiva. Desde el municipio de Coquimbo, el alcalde Ali Manouchehri señaló que este proyecto “es el símbolo del abandono en el que se encontraba Coquimbo” al inicio de su gestión, motivo por el cual se impulsaron acciones para reactivarlo.

Según explicó el jefe comunal, ya se concretó la concesión marítima y el proyecto se encuentra en evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y se espera que obtenga su Resolución Satisfactoria antes de que finalice 2025, para luego ser ingresado al gobierno regional.

Al respecto, el gobernador Cristóbal Juliá señaló que se está la espera de su admisibilidad técnica, tras haber sido recientemente ingresado por el municipio de Coquimbo, ya que sólo hace poco obtuvieron el permiso de edificación necesario para su tramitación. 

“Si bien se trata de una iniciativa que podría haber avanzado con mayor rapidez, este hito era indispensable para poder ingresarla formalmente, permitiendo actualizar los estudios estructurales, cumplir con las normativas vigentes y redefinir su modelo de gestión y financiamiento, con el objetivo de recuperar infraestructura, pero también de devolver vida, seguridad y dinamismo a uno de los espacios más emblemáticos de nuestro borde costero. La inversión total supera los $10.687 millones y, una vez aprobada su Recomendación Social, se estima un plazo de ejecución de 18 meses”, indicó. 

Mientras tanto, los locatarios del Terminal Pesquero insisten en que no se oponen al desarrollo del proyecto ni a un eventual traslado futuro, pero exigen garantías claras mientras ello no ocurra. “No es que no queramos irnos. Sabemos que hay un proyecto en proceso, pero mientras no exista certeza, no vamos a firmar un contrato que nos deja en total indefensión”, reiteró Ledezma.