Municipio de Coquimbo bajo la lupa: Detectan millonarias irregularidades financieras y faltas a la probidad

Una serie de graves deficiencias administrativas, financieras y de control interno detectó la Contraloría Regional de Coquimbo en la Municipalidad de Coquimbo, tras una auditoría a los gastos, uso de recursos y transferencias efectuadas entre enero y septiembre de 2024. Así lo consigna el Informe Final N° 936/2024, remitido al alcalde, al Concejo Municipal y a la Dirección de Control del municipio, con instrucciones precisas para subsanar las observaciones detectadas .

El objetivo de la fiscalización fue verificar que los gastos en personal, bienes y servicios, así como los recursos transferidos a privados, se ajustaran a la normativa vigente, especialmente en el contexto de las elecciones municipales de 2024, donde la autoridad edilicia postulaba a la reelección. En ese marco, el organismo contralor advirtió que el municipio presenta debilidades estructurales de control interno, varias de ellas reiteradas de informes anteriores.

Uno de los hallazgos más relevantes dice relación con las conciliaciones bancarias, donde se detectaron partidas de antigua data que no han sido regularizadas ni aclaradas contablemente. En la conciliación de septiembre de 2024, correspondiente a una cuenta corriente desde la cual se efectuaron pagos examinados, se identificaron diferencias por más de $900 millones, incluyendo giros bancarios no contabilizados, depósitos no registrados y cheques girados y no cobrados. Frente a ello, la Contraloría instruyó al municipio presentar un programa de trabajo para regularizar estas partidas, con un plazo máximo de 60 días hábiles para acreditar avances .

Asimismo, el informe constató la existencia de cinco cuentas corrientes del BancoEstado, asociadas a establecimientos educacionales, que no estaban incorporadas en la contabilidad municipal, manteniendo saldos por $61.746.693. Si bien el municipio argumentó que dichos recursos eran administrados directamente por los liceos bajo un régimen de administración delegada, Contraloría determinó que los fondos siguen siendo municipales y ordenó su traspaso a Rentas Generales de la Nación, conforme a la normativa vigente .

En materia de probidad administrativa, la auditoría estableció que un funcionario municipal y dos prestadores a honorarios, quienes además eran candidatos en las elecciones municipales de 2024, realizaron publicaciones relacionadas con sus campañas durante la jornada laboral, infringiendo la ley sobre Transparencia y Control del Gasto Electoral. El informe advierte que este actuar vulnera el principio de probidad administrativa y prohíbe expresamente el uso de tiempo, recursos o bienes públicos para fines políticos .

Otro punto observado corresponde al uso de recursos imputados a gastos de representación, protocolo y ceremonial, donde se adquirieron insumos sin acreditar la realización de actividades oficiales con participación de autoridades que justificaran dicho gasto. Contraloría instruyó reforzar los controles, advirtiendo que futuras erogaciones de este tipo podrían no ajustarse al principio de legalidad del gasto público

Finalmente, el informe da cuenta de falencias persistentes en la gestión interna, como la falta de segregación de funciones en procesos financieros, contratos a honorarios suscritos fuera de plazo, deficiencias en el control de vehículos municipales y registros manuales de asistencia laboral. Varias de estas observaciones ya habían sido formuladas en fiscalizaciones anteriores y, al no haberse subsanado, se mantienen vigentes, obligando al municipio a adoptar medidas correctivas y reportar su cumplimiento ante la Contraloría General de la República.