Tras informe de Contraloría por irregularidades financieras: Municipio de Coquimbo apunta a "procesos heredados"

Diario El Día tuvo acceso a un informe de Contraloría de 107 páginas, en el cual el organismo fiscalizador detectó una serie de deficiencias administrativas, financieras y de control interno en la Municipalidad de Coquimbo, tras una auditoría a los gastos, uso de recursos y transferencias efectuadas entre enero y septiembre de 2024.

Así lo consigna el Informe Final N° 936/2024, remitido al alcalde Ali Manouchehri, al Concejo Municipal y a la Dirección de Control del municipio, con instrucciones precisas para subsanar las observaciones detectadas.

El objetivo de la fiscalización fue verificar que los gastos en personal, bienes y servicios, así como los recursos transferidos a privados, se ajustaran a la normativa vigente, especialmente en el contexto de las elecciones municipales de 2024, en las que la autoridad edilicia postulaba a la reelección. En ese marco, el organismo contralor advirtió que el municipio presenta debilidades estructurales en su control interno, varias de ellas reiteradas en informes anteriores.

Uno de los hallazgos más relevantes dice relación con las conciliaciones bancarias, donde se detectaron partidas de antigua data que no han sido regularizadas ni aclaradas contablemente. En la conciliación de septiembre de 2024, correspondiente a una cuenta corriente desde la cual se efectuaron pagos examinados, se identificaron diferencias por más de $900 millones, incluyendo giros bancarios no contabilizados, depósitos no registrados y cheques girados y no cobrados. Frente a ello, la Contraloría instruyó al municipio a presentar un programa de trabajo para regularizar estas partidas, con un plazo máximo de 60 días hábiles para acreditar avances.

Asimismo, el informe constató la existencia de cinco cuentas corrientes del BancoEstado, asociadas a establecimientos educacionales, que no estaban incorporadas en la contabilidad municipal, manteniendo saldos por $61.746.693.

Si bien el municipio argumentó que dichos recursos eran administrados directamente por los liceos bajo un régimen de administración delegada, la Contraloría determinó que los fondos siguen siendo municipales y ordenó su traspaso a Rentas Generales de la Nación, conforme a la normativa vigente.

En materia de probidad administrativa, la auditoría estableció que un funcionario municipal y dos prestadores a honorarios —quienes además eran candidatos en las elecciones municipales de 2024— realizaron publicaciones relacionadas con sus campañas durante la jornada laboral, infringiendo la ley sobre Transparencia y Control del Gasto Electoral.

Otro punto observado corresponde al uso de recursos imputados a gastos de representación, protocolo y ceremonial, donde se adquirieron insumos sin acreditar la realización de actividades oficiales con participación de autoridades que justificaran dicho gasto. La Contraloría instruyó reforzar los controles, advirtiendo que futuras erogaciones de este tipo podrían no ajustarse al principio de legalidad del gasto público.

Además, el informe da cuenta de falencias persistentes en la gestión interna, como la falta de segregación de funciones en procesos financieros, contratos a honorarios suscritos fuera de plazo, deficiencias en el control de vehículos municipales y registros manuales de asistencia laboral. Varias de estas observaciones ya habían sido formuladas en fiscalizaciones anteriores y, al no haber sido subsanadas, se mantienen vigentes, obligando al municipio a adoptar medidas correctivas y a reportar su cumplimiento ante la Contraloría General de la República.

MUNICIPIO EJECUTA MEDIDAS

Al respecto, el administrador municipal de Coquimbo, David Díaz, sostuvo que “el informe de la Contraloría contiene observaciones administrativas, varias de ellas asociadas a procesos heredados de gestiones anteriores, en un municipio que fue recibido con graves problemas financieros, de orden y control”.

“La Contraloría ha instruido que estas observaciones sean subsanadas, y el municipio ya se encuentra ejecutando las medidas correctivas correspondientes”, agregó.

Respecto de los funcionarios César Hernández y Francisco Cornejo —mencionados en el informe por uso de redes sociales en período electoral y en horario laboral— indicó que ya fueron desvinculados.

“En Coquimbo hay una sola línea: transparencia, probidad y orden en el uso de los recursos públicos”, remarcó.

CONCEJALES PIDEN SESIÓN ESPECIAL

El concejal de Coquimbo, Felipe Carrazana, señaló que “el informe de Contraloría expone debilidades relevantes en la gestión administrativa y financiera del municipio que deben ser aclaradas y corregidas”.

“Corresponde ejercer un seguimiento riguroso a las observaciones formuladas, exigir la implementación de medidas correctivas dentro de los plazos establecidos y reforzar los controles internos para asegurar un uso adecuado y transparente de los recursos públicos”, acotó.

A su vez, el concejal porteño Mario Burlé indicó que solicitó una sesión extraordinaria para analizar el informe de la Contraloría. En esa línea, recalcó que “me parece una situación sumamente grave”.“Creo que deben aclararse a la brevedad todos y cada uno de los reparos que realiza la Contraloría en esta auditoría, tanto en lo relativo a gastos, uso de recursos y transferencias efectuadas, como también respecto de funcionarios —cuyas identidades desconozco— que habrían sido candidatos en la última elección municipal del año pasado y que habrían realizado propaganda en horario funcionario”, añadió.

Asimismo, puntualizó que “las sumas que la Contraloría objeta son bastante importantes y no se puede tomar esta situación de manera liviana. Lamento profundamente que esta información no haya sido informada en el concejo municipal realizado hoy (ayer) miércoles, considerando además que el próximo concejo ordinario recién se realizará el 7 de enero, debido a que los dos miércoles siguientes corresponden al 24 y 31 de diciembre”.