Abogada es acusada de ingresar más de medio kilo de pasta base a la cárcel

La medida cautelar de prisión preventiva  fue decretada por el Juzgado de Garantía de La Serena  en contra de la abogada Claudia Abufom, imputada por el delito de tráfico de drogas, luego de que el Ministerio Público la formalizara por su presunta participación en el ingreso de más de medio kilo de pasta base de cocaína al Complejo Penitenciario Huachalalume de La Serena.

Según se indica en la carpeta investigativa del caso, a la que El Día tuvo acceso de forma exclusiva, el pasado jueves, la resolución fue adoptada tras una extensa audiencia de control de detención, en la que el tribunal analizó los antecedentes expuestos por la fiscalía, los que permitieron, a juicio del tribunal, tener por justificada la existencia del delito contemplado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, de la Ley 20.000, descartando que se trate de microtráfico, dado el volumen de droga incautada.

La profesional, quien no tiene antecedentes penales, fue  detenida el pasado 17 de diciembre en su oficina laboral ubicada en la comuna de Coquimbo por personal del OS7 de Carabineros tras una solicitud del fiscal del caso.

AUDIENCIA DE FORMALIZACIÓN

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, los hechos se remontan al pasado 9 de diciembre, cuando un interno identificado como J.E.O.R.  concurrió a una visita con la abogada. Según un oficio de Gendarmería remitido a la fiscalía, el interno fue sometido a revisiones corporales antes y después del encuentro.

Sin embargo, tras finalizar la visita, se le encontró en su poder una bolsa de nylon que contenía otras seis bolsas con una sustancia que, tras una prueba de orientación química realizada por personal del especializado de Gendarmería, arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína.

El acta de recepción de la droga dio cuenta de seis envoltorios con un peso neto total de 549,02 gramos, cantidad que el tribunal calificó como significativa para los estándares de la zona y claramente asociada al delito de tráfico de drogas.

Uno de los elementos centrales considerados por el tribunal fue la declaración del propio interno, quien señaló que otro recluso — cuya identidad no quiso revelar por temor a represalias — le habría ofrecido $500 mil para recibir el paquete de droga durante una visita en la sala de abogados. En ese contexto, sindicó directamente a la imputada como la persona que le habría entregado el contenedor con la sustancia ilícita.

A ello se sumaron los testimonios de funcionarios de Gendarmería. Uno de éstos declaró que la abogada ingresó al recinto alrededor de las 14:58 horas y se retiró cerca de las 15:08, tras pasar los controles habituales, mientras que otro gendarme, encargado del sector de visitas, indicó que la entrevista con el interno duró apenas de dos a tres minutos y que ambos mostraron una actitud sospechosa, lo que motivó una revisión adicional al recluso, hallándose la droga entre sus prendas.

El tribunal consideró razonable la versión de Gendarmería respecto del breve tiempo de la visita, señalando que el lapso total de ingreso, traslado, entrevista y salida, refuerza la hipótesis de que el contacto entre la imputada y el interno fue mínimo, pero suficiente para concretar la entrega. Asimismo, descartó los cuestionamientos de la defensa respecto de la imposibilidad física de ingresar los paquetes, señalando que, según las fotografías incorporadas a la causa, se trata de envoltorios planos, incluso el de mayor tamaño, lo que permitiría su traspaso en el espacio existente en el sector de visitas.

En cuanto a las presunciones fundadas de participación, el tribunal estimó que los antecedentes permiten, al menos en esta etapa procesal, superar la presunción de inocencia y situar a la imputada como autora del delito. También se rechazó la tesis de la defensa que apuntaba a una eventual maniobra de Gendarmería para inculpar a la abogada, señalando que no resulta razonable sostener que la institución buscara “deshacerse” de la droga mediante un procedimiento que terminó precisamente con su incautación.

Respecto de la necesidad de cautela, la magistratura reconoció que se trata de un delito de alta penalidad y que concurre la agravante de haberse cometido al interior de un recinto penitenciario. No obstante, se tuvo en consideración la irreprochable conducta anterior de la imputada, su edad y la existencia de una teoría alternativa de los hechos, además de lo dispuesto en las llamadas “Reglas de Bangkok”, que establecen que, tratándose de mujeres imputadas, debe privilegiarse el uso de medidas alternativas al encarcelamiento.

En ese contexto, el tribunal resolvió decretar la prisión preventiva únicamente por peligro de fuga, abriendo la posibilidad de acceder a la libertad previo pago de una caución. 

Considerando la gravedad del delito y la capacidad económica de la imputada, se fijó un monto de $3.000.000 como garantía para asegurar su comparecencia durante el proceso.

De esta forma, la profesional quedó privada de libertad y  ermanece recluida en la sección femenina del recinto penitenciario, luego que la Corte de Apelaciones confirmara ayer la medida cautelar.

SE ACREDITÓ DELITO

En ese contexto, Andrés Galvez, fiscal de La Serena, sostuvo que durante la formalización el Tribunal de Garantía acreditó tanto el delito imputado y conjuntamente la participación de la imputada en éste.     

“Los antecedentes fueron reunidos por Gendarmería y el OS7 de Carabineros. La fiscalía cumplió el rol que le corresponde, como la imputación de los cargos en la investigación. Por ahora mantendremos el desarrollo de las diligencias respecto a estos hechos que fueron detectados por Gendarmería”, señaló el persecutor del caso.

HECHO INÉDITO

Consultado Hugo Rojas, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, sobre este tipo de situaciones, indicó que a nivel regional no existen antecedentes similares recientes, aunque a nivel nacional sí se han detectado otros casos. 

“Se trata de un caso aislado en relación con la realidad rutinaria que tenemos tanto con la Defensoría Penal Pública como con la defensoría particular de los internos. Por lo menos, en el período de funcionamiento de esta cárcel, es la primera vez que una abogada particular queda en prisión preventiva por este tipo de ilícitos”, señaló el dirigente de los oficiales de Gendarmería.

En cuanto a la versión entregada por la defensa de la imputada, quien habría señalado que gendarmes le habrían entregado los elementos incautados, precisó que esa es la tesis levantada por la defensa. 

“No obstante, la investigación se encuentra en curso y tiene carácter reservado, siendo llevada adelante por la Oficina de Seguridad Interna (OSI) del recinto penitenciario, organismo especializado en este tipo de indagatorias. Por esa razón, no se han entregado mayores antecedentes públicos mientras el proceso investigativo continúa”, aseveró el vocero de los gendarmes de la región.

En todo caso, desde Gendarmería se confirmó que la abogada permanece, hasta el cierre de esta edición, detenida desde el día miércoles, fecha en que se decretó su ingreso a prisión preventiva por resolución de los tribunales competentes.

CANDIDATA A CONCEJAL DE COQUIMBO

La abogada Claudia Abufom tiene una amplia trayectoria de más de 35 años ejerciendo su profesión. De hecho, ha estado a cargo de diversos casos emblemáticos y de connotación pública.

Abufom también destacó en la política regional como exmilitante de Renovación Nacional. En 2012 renunció a la colectividad tras manifestar su aspiración de participar de forma independiente en la competencia por la alcaldía de Coquimbo, opción que posteriormente descartó. Finalmente, asumió solo el desafío de postular como candidata a concejala de la comuna de Coquimbo, obteniendo 999 votos.

La investigación continuará en curso, mientras se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer la eventual participación de terceros en el ingreso de la droga al recinto penitenciario.