Detectan 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores en sector público: una en municipio de Illapel

La Contraloría General de la República (CGR) informó que durante el año 2025 se detectaron 35 casos de personas con inhabilitación absoluta para trabajar con menores de edad que, aun así, se desempeñaban en funciones públicas con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, infringiendo gravemente la normativa vigente y poniendo en riesgo la protección de derechos fundamentales.

De acuerdo con el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC N°19), el problema es de carácter estructural. Entre 2020 y agosto de 2025, se identificaron 164 personas inhabilitadas que ejercieron o ejercen cargos con contacto directo con menores, distribuidas en 72 instituciones públicas a nivel nacional .

El informe detalla que la mayor concentración de estos casos se da en el ámbito escolar, en funciones como profesores, asistentes de la educación y auxiliares de aseo, lo que agrava el impacto de las irregularidades detectadas. En cuanto a la evolución anual, los casos aumentaron sostenidamente:

• 2020: 17 casos
• 2021: 12 casos
• 2022: 26 casos
• 2023: 33 casos
• 2024: 41 casos
• 2025: 35 casos

Entre las entidades que durante 2025 mantenían contratadas personas inhabilitadas figuran municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educación pública (SLEP), hospitales y servicios de salud, incluyendo, entre otras, a las municipalidades de Illapel, Puerto Montt, Concepción, Valdivia, La Pintana, San Pedro de Atacama, Nancagua y Lago Ranco, además de diversos SLEP como Atacama, Maule Costa, Valdivia y Costa Araucanía .

La normativa vigente —contenida en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, junto al artículo 6 bis del Decreto Ley N°645 de 1925— establece la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen una relación directa y habitual con menores, obligación que las instituciones deben verificar previamente a cualquier contratación mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones.

Ante estos antecedentes, la CGR instruyó a las entidades involucradas dar cumplimiento inmediato a la ley, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes, revisar las eventuales responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en los nombramientos y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles .

Finalmente, el organismo fiscalizador reiteró que este informe reafirma su compromiso con la protección de la infancia, instando a todos los servicios públicos a fortalecer sus mecanismos de control, evitar nuevas irregularidades y garantizar el estricto respeto a la normativa vigente.

MUNICIPIO  DESCARTA INCUMPLIMIENTOS

Desde la Municipalidad de Illapel salieron al paso de los antecedentes incluidos en el informe de la Contraloría General de la República, asegurando que no existió incumplimiento de la normativa vigente. A través de una declaración pública, el municipio señaló que “el área de Educación cumple anualmente, en el mes de marzo, con la actualización obligatoria de certificados de antecedentes y de inhabilidades para trabajar con menores, conforme a la normativa vigente y a los requerimientos de la Superintendencia de Educación”.

En ese contexto, explicaron que el caso mencionado corresponde a una inhabilidad sobreviniente, detectada durante una fiscalización realizada en septiembre. “Se trataba de un docente que ya había presentado su renuncia y cuyo vínculo laboral con el municipio finalizó en el mes de junio, es decir, con anterioridad a la detección de dicha inhabilidad”, precisaron, agregando que al momento de la revisión anual efectuada en marzo, el funcionario “no presentaba impedimentos legales para ejercer funciones”.

Finalmente, desde el municipio indicaron que, tras el análisis del caso, la Superintendencia de Educación concluyó que el sostenedor actuó conforme a derecho. “Se dejó constancia de que el municipio cumplió con el proceso de idoneidad moral exigido por la ley, no existiendo omisión ni incumplimiento, ni exposición de estudiantes a dicho funcionario bajo dependencia municipal”, señalaron, reafirmando su “compromiso permanente con la transparencia, la protección de los estudiantes y el estricto cumplimiento de la normativa educacional vigente”.