Llamadas, WhatsApp y visitas: denuncian presiones de delegado y alcalde (s) de Coquimbo contra seremi

Durante la tarde de este jueves, desde el gobierno se confirmó la salida de Darío Vásquez desde la seremi de Salud de la Región de Coquimbo. 

No fue una despedida fácil ni silenciosa, pero todo indica que dicha decisión habría sido gatillada por la forma en que la ahora, exautoridad, llevó a cabo una serie de acciones que generaron gran polémica en su momento en el gobierno y gremios vinculados al turismo, como la manera en cómo se comunicó la emergencia por marea roja en Tongoy, la clausura de piscinas en el resort Rosa Agustina y, esta semana, la clausura del Paseo El Faro.  

En este contexto, Diario El Día tuvo acceso a una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por un funcionario cercano a la exautoridad –la que, según pudo confirmar nuestro medio, se encuentra “en estudio”-, a través de la cual, acusa presiones del delegado presidencial, Galo Luna, la seremi de Economía, Paulina Elgueta y el administrador municipal de Coquimbo, David Díaz  - en su calidad de alcalde subrogante - tras la clausura de las piscinas del resort Rosa Agustina a principios de diciembre del año pasado.

La denuncia ante la Contraloría General de la República identifica a David Díaz, en su calidad de administrador municipal de Coquimbo y alcalde subrogante, como el principal responsable de ejercer presiones políticas indebidas sobre la autoridad sanitaria regional, tras la prohibición temporal del funcionamiento de las piscinas del Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, decretada por la SEREMI de Salud de Coquimbo el 2 de diciembre de 2025, por graves incumplimientos sanitarios que ponían en riesgo la salud pública.

Según el documento, el mismo día de dictada la medida sanitaria, David Díaz se comunicó directamente con el SEREMI de Salud, Darío Vásquez, mediante mensajes de WhatsApp y una llamada telefónica, identificándose expresamente como “David Díaz, Administrador Municipal”. En dicha conversación —registrada aproximadamente a las 16:00 horas— el administrador municipal habría increpado al SEREMI de manera insistente y en un tono calificado como amenazante e intimidatorio, buscando revertir la decisión técnica adoptada por la autoridad competente.

La denuncia sostiene que estas comunicaciones constituyen una interferencia inadmisible en el ejercicio de facultades técnicas exclusivas de la autoridad sanitaria, vulnerando el principio de independencia técnica, la probidad administrativa y el deber del Estado de resguardar la vida y la salud de la población. Se enfatiza que, durante la conversación, David Díaz habría antepuesto consideraciones políticas, económicas y de impacto laboral por sobre los criterios sanitarios, relativizando los riesgos constatados en la fiscalización.

Extractos textuales de la conversación telefónica (2 de diciembre de 2025). El escrito incorpora transcripciones literales que, a juicio del denunciante, evidencian la presión ejercida por el administrador municipal:

“...los dueños del Rosa Agustina lo llaman para contarle de una fiscalización que terminó por cerrar o clausurar las piscinas...”

Este extracto es presentado como evidencia de contacto directo entre el privado afectado y la autoridad política municipal, previo o paralelo a las gestiones ante la SEREMI de Salud.

“...están ellos de manera muy permanente en contacto con el alcalde, en contacto conmigo, pidiendo que les podamos brindar apoyo...”

Según la denuncia, esta frase constituye un reconocimiento explícito de presión ejercida por el privado, canalizada a través de autoridades municipales, para influir en una decisión sanitaria.

“...el lío, más que lo estrictamente técnico del trabajo suyo y mío, es también una mirada un poco más gerencial, desde cómo nos afecta en lo global, el hecho de realizar esta prohibición de funcionamiento...”

Este pasaje es interpretado como una subordinación de los criterios técnicos sanitarios a consideraciones políticas y económicas, ajenas al mandato legal de la autoridad de salud.

“...también estamos en unas medias semanas, unas medias complicadas, en donde prontito tenemos excepciones (elecciones) y tampoco queremos que nos estén matando, porque no contribuimos a la economía, a que estamos prácticamente generando cesantía...”

El denunciante sostiene que aquí se anteponen explícitamente argumentos económicos y de empleo por sobre la protección de la salud pública, desconociendo el carácter preventivo de la fiscalización sanitaria.

“...es un punto importante. Marca un punto importante en la clase de desempleo de nuestra comuna. Es un stakeholder que para nosotros es importante cuidarlo...”

Este extracto es citado como evidencia de un sesgo político favorable al privado, al calificar al resort como un “stakeholder” que debe ser protegido, aun cuando se encontraba en infracción sanitaria.

Ofrecimiento de apoyo institucional al privado. La denuncia agrega que David Díaz no se limitó a cuestionar la medida sanitaria, sino que ofreció explícitamente apoyo municipal al Resort Rosa Agustina, comprometiendo recursos y capacidades institucionales para intentar revertir la prohibición:

“...desde la municipalidad, nosotros lo estaremos apoyando, con gestión documental, y con profesionales, a ver si puede revestir esta condición...”

A juicio del denunciante, este ofrecimiento configura una violación al principio de imparcialidad, ya que la municipalidad no puede adoptar una posición de respaldo activo a un privado que ha sido sancionado por la autoridad sanitaria competente, ni menos facilitar mecanismos para eludir o revertir una resolución administrativa fundada en riesgos para la salud.

Conflicto de interés y antecedentes económicos. El escrito añade que esta conducta resulta especialmente grave al considerar que la Municipalidad de Coquimbo mantiene contrataciones previas con la empresa Administradora de Turismo Rosa Agustina Limitada, por un monto total de $28.677.863, correspondientes a servicios de catering, producción de eventos y una licitación pública adjudicada en diciembre de 2025. Según el denunciante, estas contrataciones se habrían realizado incluso en un contexto de decreto de austeridad, lo que refuerza la sospecha de un favorecimiento deliberado hacia el privado, pese a sus incumplimientos sanitarios.

LA DENUNCIA EN CONTRA EL DELEGADO

Por otro parte, la denuncia atribuye al delegado presidencial regional de Coquimbo, Galo Luna, una eventual intervención política directa e improcedente – a juicio del denunciante - en el proceso de fiscalización sanitaria que culminó con la prohibición temporal del funcionamiento de las piscinas del Resort Rosa Agustina.

De acuerdo con la denuncia, Luna contactó telefónicamente al seremi de Salud para exigirle explicaciones respecto de las razones por las cuales se había dispuesto la prohibición de funcionamiento de las piscinas sin haberle informado previamente. 

En dicha comunicación, el delegado presidencial habría reprochado la decisión adoptada, señalando que ésta afectaba negativamente un proyecto turístico que — según sus propios dichos consignados en el escrito — contaría con “interés presidencial”. El documento enfatiza que este reproche no se formuló desde una perspectiva técnica, sanitaria o jurídica, sino desde una óptica eminentemente política y económica, centrada en el impacto sobre la inversión privada y la actividad turística.

En la denuncia se agrega que esta intervención del delegado presidencial no se habría limitado a una llamada de cuestionamiento, sino que derivó en gestiones de mayor gravedad institucional. En ese contexto, se afirma que al día siguiente de la prohibición sanitaria, Galo Luna habría contactado directamente a la ministra de Salud, solicitando derechamente la desvinculación inmediata del seremi, atribuyéndole responsabilidad política por la medida adoptada respecto de las piscinas del resort. 

Según el escrito, esta solicitud de remoción habría sido comunicada posteriormente al propio seremi con fecha 5 de diciembre de 2025, por intermedio de la jefa de gabinete de la Ministra de Salud, Javiera Amenay, lo que generó —según se expone— fundadas aprensiones de una operación de presión política orientada no solo a revertir la fiscalización sanitaria, sino también a deslegitimar y castigar institucionalmente a la autoridad que la llevó a cabo. 

DARDOS EN CONTRA DE LA SEREMI DE ECONOMÍA 

Además, la denuncia atribuye a la seremi de Economía de la Región de Coquimbo, Paulina Elgueta, una intervención directa y reiterada en favor del complejo turístico Rosa Agustina Resort de Guanaqueros.

Según el escrito, ese mismo día, alrededor de las 18:00 horas, la autoridad económica se presentó personalmente en dependencias de la seremi de Salud y solicitó, en términos alterados, una reunión privada inmediata con Darío Vásquez. En dicha instancia, la seremi habría exigido explicaciones por la medida sanitaria adoptada, reprochando que ésta generaría un perjuicio económico al establecimiento turístico, afectaría su imagen pública y pondría en riesgo la empleabilidad de sus trabajadores, instándolo derechamente a dejar sin efecto la prohibición de funcionamiento.

La denuncia sostiene que, en esa misma reunión, Paulina Elgueta habría requerido que el representante del resort fuera recibido con prontitud por la autoridad sanitaria, con el objeto de brindarle asesoría técnica y jurídica que permitiera revertir la medida de prohibición, relegando a un segundo plano la constatación de deficiencias sanitarias graves acreditadas en las actas de fiscalización. 

¿QUÉ SE PIDE?

En concreto, en la denuncia se pide a la Contraloría General de la República que inicie una investigación administrativa formal y exhaustiva respecto de los hechos descritos, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias, y evaluar si corresponde derivar antecedentes al Ministerio Público por la eventual configuración de delitos.

Cabe indicar que Diario El Día pudo confirmar que la denuncia realmente existe y que está actualmente “en estudio”.

DELEGADO Y ALCALDE (S) NO HAN SIDO NOTIFICADOS

Desde la delegación presidencial regional de Coquimbo, en tanto, explicaron que no existe ninguna notificación sobre alguna denuncia o pronunciamiento de la Contraloría respecto a la situación generada por la salida del seremid e Salud.  

“Sin embargo, y como ha sido la tónica de esta gestión, en caso que el ente contralor requiera de información o documentación pertinente, se responderá en la forma y los plazos que determine la legislación vigente”, mencionaron.

Por su parte, David Díaz, alcalde (s) de Coquimbo, señaló que “a la fecha no he sido notificado de ninguna denuncia de este tipo o similar, pero niego tajantemente haber ejercido cualquier acción que vaya contra la probidad administrativa. My por el contrario: siempre he promovido que las instituciones fiscalizadoras puedan hacer bien su trabajo y como municipio siempre trabajamos en conjunto y de manera colaborativa, desde que era director de Seguridad Pública a la fecha”.