Condenan a ex funcionario de la Seremi de Minería por fraude al fisco en proyecto minero de Canela

Un caso ocurrido a comienzos de 2020, vinculado al uso irregular de recursos públicos destinados al fortalecimiento de la pequeña minería, terminó con una condena judicial en La Serena. El Juzgado de Garantía sentenció a Patricio Bolvarán, ex trabajador a honorarios de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de Coquimbo, por un delito reiterado de fraude al fisco, tras una investigación desarrollada por la Fiscalía local.

Los hechos se remontan al 6 de enero de 2020, cuando desde la Seremi de Minería se realizó la entrega de $103.500.000 en fondos públicos al Sindicato de Trabajadores Independientes Pirquineros Nueva Esperanza, con el objetivo de financiar el mejoramiento de una planta minera gravimétrica de oro en la comuna de Canela, en el marco de un proyecto desarrollado por una empresa privada.

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Según la acusación del Ministerio Público, el condenado, en su calidad de trabajador de la repartición pública bajo contrato a honorarios, se hizo pasar falsamente por representante del Seremi de Minería, señalando además ser ingeniero comercial. Prevaliéndose de su acceso a información institucional y del conocimiento de los procedimientos internos, engañó a los directivos del sindicato para que, entre el 20 de enero y el 5 de junio de 2020, emitieran vales vista endosables en Banco Estado con los recursos previamente transferidos por la autoridad minera.

De acuerdo con la investigación, Bolvarán cobró personalmente cuatro de los seis vales vista, sin contar con autorización superior y abusando de la confianza depositada en él, apropiándose de $72.200.000, lo que generó un perjuicio directo al patrimonio fiscal por ese monto.

Durante la audiencia, el fiscal de La Serena, Marcial Pérez, expuso que la Fiscalía reunió diversos antecedentes, entre ellos declaraciones de funcionarios de la Seremi de Minería, documentación de la Subsecretaría de Minería, información bancaria detallada, un informe de la Policía de Investigaciones con múltiples testigos, además de los propios vales vista endosables emitidos en distintas fechas del año 2020.

Finalmente, el tribunal condenó al acusado a la pena de tres años de presidio, más cinco años de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y una multa de $14 millones 400 mil pesos. La sentencia será cumplida bajo el beneficio de remisión condicional, considerando su irreprochable conducta anterior y la colaboración prestada durante la investigación.