¿Nuevo retraso? Piden más plazo para construir Hospital de La Serena por faltas del MOP

La Sociedad Concesionaria Acciona, que lleva adelante la construcción del hospital de La Serena, presentó formalmente una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, solicitando una ampliación de plazo de las obras por 266 días en el contrato del nuevo nosocomio. 

Y es que la empresa acusa al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de haber incumplido el marco contractual durante el proceso de revisión del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), generando retrasos que —según sostiene— no le son imputables.

La controversia se enmarca en la ejecución del contrato de concesión adjudicado en enero de 2022 al consorcio Acciona Concesiones Hospitalarias, integrado por Acciona Concesiones S.L. y Concesiones Chile Holdings I SpA. 

El proyecto contempla la ejecución, equipamiento y operación de un hospital de alta complejidad de 125.284 metros cuadrados, con 671 camas, 15 pabellones quirúrgicos, 85 boxes de atención, seis salas de atención integral del parto y un servicio de urgencia, además de la provisión y mantención de equipamiento médico y mobiliario clínico. 

Además, se estima que beneficiará a cerca de 723 mil personas de las comunas de La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Según se desprende del documento presentado ante el organismo –al que tuvo acceso Diario El Día- el eje de la discrepancia radica en el proceso de elaboración, presentación y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), etapa esencial que debe completarse antes del inicio pleno de la construcción. 

Conforme a las Bases Administrativas de Licitación, el diseño debía desarrollarse mediante tres entregas parciales, sujetas a un sistema de revisión por parte del MOP, con plazos definidos para formular observaciones y permitir su subsanación.
Sin embargo, la concesionaria sostiene que entre el 23 de diciembre de 2023 y el 9 de diciembre de 2025 —un período de 718 días— el proceso se desarrolló en forma contraria a lo establecido contractualmente. 

Según el escrito, durante la segunda y tercera entrega parcial del diseño definitivo se produjo una reiteración de observaciones extemporáneas –más de 3 mil- como la reapertura de materias ya cerradas, incorporación de nuevas exigencias en etapas posteriores y formulación de observaciones ambiguas o técnicamente insuficientes.

En ese sentido, la empresa afirma que solo en la tercera entrega parcial se realizaron doce instancias formales de revisión, acumulándose 619 observaciones en esa etapa, mientras que el total del proceso superó las tres mil observaciones. 
En algunos casos, se habrían introducido cambios de criterio respecto de definiciones previamente aceptadas, obligando a rehacer coordinaciones interdisciplinarias y recalcular especialidades ya consolidadas.

La concesionaria argumenta que dicho actuar vulneraría el esquema progresivo y secuencial previsto en las bases de la licitación, que exige que las observaciones sean completas y formuladas dentro de cada iteración, sin habilitar la incorporación de nuevos reparos en etapas posteriores. Según la presentación, la extensión artificial del proceso iterativo desplazó la aprobación del diseño dentro de la ruta crítica del proyecto.

IMPACTO EN EL AVANCE

La aprobación del proyecto definitivo constituye un hito habilitante para el desarrollo ordenado de la construcción. El contrato establece cinco declaraciones de avance físico, cuyo cumplimiento depende de una secuencia técnica que vincula el cierre oportuno del diseño con la ejecución de obras y adquisiciones.

De acuerdo con el cronograma original —considerando modificaciones introducidas por el Decreto Supremo N° 88 que reformuló el Programa Médico Arquitectónico— el diseño debía concluir en enero de 2025. 

Sin embargo, la concesionaria sostiene que los retrasos derivados del proceso de revisión han generado una imposibilidad material de cumplir con los porcentajes de avance exigidos en la segunda declaración de avance, proyectando el desfase hacia las etapas posteriores.

De acuerdo con Acciona, el impacto total estimado asciende a 266 días calendario, plazo que la empresa solicita sea reconocido formalmente para ajustar los hitos contractuales y evitar consecuencias sancionatorias asociadas a retrasos que considera imputables al MOP.

Así, ante la demora en la aprobación integral del diseño definitivo, la concesionaria recurrió al mecanismo de autosuficiencia, herramienta excepcional prevista en las bases que permite ejecutar partidas específicas cuando cuentan con suficiente grado de definición técnica, sin sustituir la aprobación total del proyecto.

No obstante, incluso este mecanismo habría enfrentado dificultades, ya que la empresa señala que tras autorizar el inicio de determinadas partidas en febrero de 2025, la Inspección Fiscal dejó sin efecto dicha autorización días después, para posteriormente restablecerla, generando —según la presentación— incertidumbre jurídica y alteraciones en la programación.

Además, la concesionaria debió presentar múltiples autosuficiencias adicionales, cada una sujeta a nuevas rondas de revisión y observaciones, lo que habría prolongado la indefinición técnica y trasladado a la empresa los efectos de una aprobación tardía del diseño. 

SOLICITUD AL PANEL TÉCNICO

La concesionaria sostiene que las actuaciones del MOP trasladaron a la empresa los efectos de un proceso de revisión que —según afirman— no respetó el procedimiento pactado. De acogerse, el MOP debería dictar el decreto correspondiente.