Dominga: Critican última jugada del gobierno de Boric antes de dejar el poder

Durante la semana pasada, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) –liderado todavía por Valentina Durán, quien renunció el pasado miércoles- y la organización ambientalista Oceana presentaron acciones ante la Corte Suprema de Chile y el Tribunal Ambiental de Santiago para frenar los recursos judiciales impulsados por la empresa Andes Iron en el marco del proyecto minero-portuario Proyecto Dominga.

Según argumentan el SEA y Oceana, la empresa habría perdido el plazo legal de 30 días para reclamar contra la decisión del Comité de Ministros de Chile que rechazó el proyecto, el cual habría vencido el 26 de febrero de 2025. 
Por esta razón, solicitaron a los tribunales declarar inadmisibles las acciones judiciales presentadas posteriormente por la compañía.

Ambas entidades sostienen que la suspensión temporal de una resolución administrativa no interrumpe los plazos legales para presentar reclamaciones. En ese sentido, indican que Andes Iron habría optado por una estrategia procesal equivocada en lugar de recurrir dentro del período establecido por la ley.

Cabe indicar que el proyecto minero-portuario Dominga fue rechazado nuevamente, confirmando la resolución del Comité de Ministros luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta invalidara los intentos previos de aprobar el proyecto, estableciendo que el tribunal ambiental excedió sus atribuciones

Por tal motivo, actualmente la empresa busca reactivar la tramitación del proyecto mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema y una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Santiago, en un nuevo intento por revertir el rechazo ambiental de la iniciativa. 

CUESTIONAN ACCIÓN DEL GOBIERNO

Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), al respecto señaló que “hemos sostenido varias veces que la situación del proyecto Dominga es el emblema de la permisología en Chile, un resumen de todos los vicios de nuestro sistema de evaluación y autorización de proyectos industriales”. 

“Una iniciativa que, cuando se presentó originalmente, fue aprobada por casi todos los organismos técnicos, y que con el tiempo también fue refrendada en sucesivos fallos de la justicia ambiental, sin embargo ha sido permanentemente atacada por grupos de interés y sectores políticos que se autoproclaman medioambientalistas y que han buscado bloquearla por cualquier medio, como ocurre ahora nuevamente en los tribunales”, agregó.

En esa línea, puntualizó que “lo grave del caso es que ha habido políticos dispuestos a abusar de sus atribuciones y buscar subterfugios para negarle el permiso a un proyecto que cumple con las exigencias definidas por nuestras propias leyes y reglamentos”.

“Esta es la receta perfecta para ahuyentar a todo aquel que desee invertir en nuestra región, ¿de qué nos sirve eso, cuál es la intención? Necesitamos estimular la inversión privada, de la cual derivan el empleo, el crecimiento, la calidad de vida, la recaudación fiscal, y de esta última, la posibilidad de mayor gasto social, más educación, salud, carreteras, alcantarillado, etc., cosas que, por lo demás, son indispensables y urgentes en una zona postergada como es la comuna de La Higuera”, añadió en su reflexión.

Asimismo, indicó que esperan que el nuevo gobierno depure este sistema, disminuya la burocracia y evite que ocurran más casos como Dominga.

FLANCOS ABIERTOS

Por su parte, Fernando Roco, abogado que representa a la Asociación Comunal de La Higuera, en cuanto al recurso presentado por el SEA -a pocos días de que se terminara el gobierno- sostuvo que “son acciones procesales que no nos sorprenden en absoluto, pues fue la postura que siempre tuvo la anterior administración del Presidente Boric”.

“Andes Iron ha ejercido los recursos procesales pertinentes respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, así como también lo ha hecho la Asociación Comunal de La Higuera. Por nuestra parte, confiamos firmemente en la Judicatura de nuestro país y en nuestro Estado de Derecho”, agregó.

Respecto a los escenarios que siguen abiertos, explicó que son básicamente la reclamación en contra del pronunciamiento del Comité de Ministros de enero de 2025, lo cual debe ser resuelto por los Tribunales Ambientales.
Finalmente, el diputado Marco Antonio Sulantay, recalcó que “Chile necesita urgente una reactivación económica. Y en este sentido, la minería es fundamental para conseguir este objetivo. Por eso no es aceptable que este tipo de organismos pretendan seguir influyendo en decisiones que deben correr por caminos, técnicos y jurídicos”. 

“Espero que la administración encabezada por el Presidente Kast trate con urgencia la solución definitiva del proyecto Dominga”, cerró.