Contraloría rechaza honorario asignado a delegado de Tierras Blancas

Otra vez la Contraloría regional ordenó a la municipalidad de Coquimbo regularizar la situación contractual del delegado de Tierras Blancas, Daniel Cortés quien, pese a contar únicamente con licencia de enseñanza media y prestar servicios a honorarios, recibe una remuneración - según la página de Transparencia del municipio alrededor de 2 millones de pesos - equivalente a la de un funcionario de jefatura grado 7, cargo reservado para profesionales con estudios superiores.

La instrucción quedó contenida en el oficio Nº OF-98662-2026, dirigido al alcalde de Coquimbo, documento en el que el organismo fiscalizador advirtió nuevamente que el municipio incumplió observaciones previas emitidas en oficios anteriores.

Según establece la Contraloría, la administración comunal debía ajustar los honorarios del prestador conforme a su nivel educacional. Sin embargo, en vez de modificar la situación, la municipalidad suscribió un nuevo contrato mediante el decreto alcaldicio Nº 2.436/2025, manteniendo la misma remuneración cuestionada.

Desde la municipalidad argumentaron que las funciones desarrolladas como delegado municipal de Tierras Blancas justificaban una equiparación con un funcionario de planta grado 7.

En el oficio, la Contraloría precisó que la falta de ese requisito académico impide utilizar como referencia remuneracional un cargo de jefatura profesional, indicando que no existen parámetros objetivos que permitan homologar ambas situaciones.

Criterios de transparencia

Asimismo, recordó que, aunque el artículo 4° de la ley Nº18.883 otorga cierto margen de discrecionalidad para fijar honorarios, esa facultad no es ilimitada y debe ajustarse a criterios de proporcionalidad, transparencia y resguardo del patrimonio municipal.

El organismo también citó jurisprudencia administrativa previa, señalando que la sola firma de un nuevo contrato no corrige una eventual ilegalidad cuando persisten las mismas condiciones cuestionadas.

En otro de los puntos abordados, la Contraloría sostuvo que los beneficios otorgados a trabajadores a honorarios no pueden exceder aquellos previstos para funcionarios públicos que sí cumplen los requisitos legales del cargo.

Además, el ente fiscalizador recordó el carácter obligatorio y vinculante de sus dictámenes, advirtiendo que el incumplimiento de las instrucciones podría comprometer la responsabilidad administrativa de las autoridades municipales involucradas.

Por ello, otorgó un plazo de 10 días hábiles administrativos para que la municipalidad de Coquimbo regularice la situación y remita los antecedentes que acrediten el cumplimiento de lo instruido.

Alto nivel de responsabilidad

Al respecto, desde la administración del alcalde Ali Manouchehri, indicaron que la figura del delegado municipal está expresamente consagrada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y que esta normativa faculta la contratación a honorarios de personas en sectores de la comuna donde las circunstancias territoriales y sociales así lo justifiquen.

Desde la casa consistorial porteña explicaron a El Día que la remuneración asignada originalmente al delegado municipal respondía de manera exclusiva a la alta complejidad de las funciones, la carga laboral y el despliegue territorial con las juntas de vecinos, el cual se extiende habitualmente fuera de una jornada laboral regular.

“Si bien la legislación vigente no fija un límite legal estricto para los montos de los contratos a honorarios, la administración municipal realizará las adecuaciones contractuales que correspondan. Ssi bien no ha existido infracción alguna a ninguna normativa legal expresa, acatamos el criterio de la Contraloría, el cual prioriza los requisitos formales por sobre la carga de trabajo y las responsabilidades efectivas asociadas al cargo”, sostuvieron desde el municipio de Coquimbo.