"Administración desleal": amplían querella contra exdirectora de Salud de la C.G.G.V.

Una nueva arista se suma a las investigaciones por el millonario fraude que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena.

La entidad presentó una ampliación de querella criminal, aún no formalizada, en contra de la exdirectora del Departamento de Salud de la institución, Lorena Casarín Muñoz, a quien atribuye una eventual responsabilidad en hechos que podrían configurar el delito de administración desleal, en el marco de la crisis financiera y administrativa que durante años afectó a la corporación.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de La Serena por el abogado Gonzalo Pinochet, en representación de la corporación, y busca que el Ministerio Público profundice una investigación paralela a la causa principal que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.

Casarín ejerció como directora del Departamento de Salud entre el 8 de marzo de 2013 y el 11 de marzo de 2024, período durante el cual tuvo a su cargo la administración de los recursos destinados a la Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna, incluyendo la ejecución presupuestaria, la supervisión de contrataciones, el pago de servicios y la rendición de cuentas ante organismos fiscalizadores.

La querella sostiene que durante esos años la corporación enfrentó un complejo escenario financiero marcado por el endeudamiento, problemas de liquidez y obligaciones pendientes con proveedores, situación que habría requerido mayores controles sobre el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, la actual administración acusa que, lejos de corregirse esas dificultades, se habría consolidado un sistema de gestión que permitió la realización de pagos sin los respaldos necesarios y la mantención de prácticas administrativas deficientes que terminaron afectando el patrimonio institucional.

Pagos sin respaldo y controles debilitados

Entre los antecedentes expuestos se señala que el circuito de gastos y pagos del Departamento de Salud habría operado con controles insuficientes, permitiendo el procesamiento de órdenes de pago sin documentación adecuada, contratos a honorarios inexistentes o deficientemente formalizados y conformidades de servicios emitidas sin verificar efectivamente la realización de las prestaciones.

Asimismo, se cuestiona la falta de trazabilidad entre las autorizaciones de gasto, la recepción conforme de los servicios y los procesos de rendición, lo que habría posibilitado la tramitación de boletas de honorarios sin evidencia suficiente respecto de los trabajos ejecutados.

Desde la corporación sostienen que estas prácticas persistieron pese a la existencia de observaciones internas y externas, configurando una forma de administración que habría sido contraria al deber de resguardar los recursos destinados a la salud comunal.

De acuerdo con la presentación judicial, esta situación no solo habría comprometido el cumplimiento de diversos programas de atención primaria, sino que también habría agravado la situación financiera y administrativa de la entidad.

El informe de Contraloría

Uno de los principales fundamentos de la ampliación de querella corresponde a los resultados del Informe Final N.º 809/2023 de la Contraloría Regional de Coquimbo, remitido en febrero de 2024.

Dicho informe analizó la contratación y el pago de servicios a honorarios realizados por el Departamento de Salud entre enero de 2020 y diciembre de 2021, detectando una serie de deficiencias relacionadas con respaldos documentales, inconsistencias contractuales y mecanismos de control interno.

Según se indica en la querella, el organismo fiscalizador concluyó que existieron pagos improcedentes a 19 personas que no habrían prestado servicios efectivos para la corporación, por un monto aproximado de $761 millones.

Para la entidad querellante, estos antecedentes constituyen un elemento objetivo que da cuenta de un perjuicio patrimonial concreto o, al menos, de un grave riesgo de detrimento para los recursos públicos destinados a la atención primaria de salud de La Serena.

La presentación sostiene además que los hechos no corresponderían a situaciones aisladas ni a errores administrativos puntuales, sino que formarían parte de una modalidad de gestión que habría permitido o facilitado el desvío de recursos y el deterioro progresivo de la situación financiera de la corporación.

Posible delito de administración desleal

En la ampliación de querella, la corporación argumenta que los hechos podrían encuadrarse en el delito de administración desleal, contemplado en el artículo 470 N.º 11 del Código Penal.

Esta figura sanciona a quienes, teniendo a su cargo la administración o salvaguarda del patrimonio de otra persona o entidad, le causen un perjuicio mediante el abuso de sus facultades o a través de acciones u omisiones contrarias a los intereses que debían proteger.

Según el escrito, Casarín habría mantenido bajo su ámbito de decisión y control los procesos vinculados al gasto y pago de servicios en el área de salud, por lo que la investigación deberá determinar si existió responsabilidad en la autorización, tolerancia o falta de corrección de las irregularidades detectadas.

La corporación también sostiene que la persistencia de estas prácticas, pese a las advertencias existentes y al complejo escenario financiero de la institución, permitiría presumir conocimiento de los riesgos que implicaban para el patrimonio público.

Asimismo, solicitó al Ministerio Público la realización de nuevas diligencias, entre ellas la toma de declaración de tres personas cuyos testimonios podrían aportar antecedentes para esclarecer los hechos investigados.

Una causa derivada del caso principal

Esta nueva acción judicial surge a partir de la investigación principal sobre presuntas irregularidades al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Cabe recordar que la causa por el fraude que afectó a la corporación se encuentra actualmente en etapa de juicio oral, tras una extensa investigación encabezada por el Ministerio Público, que involucra a 13 imputados y registra 9 condenados.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía, la trama habría operado mediante la emisión de documentos por servicios que no se habrían prestado efectivamente, permitiendo la salida irregular de recursos desde la corporación.

Parte de esos antecedentes dieron origen a causas derivadas, como la que hoy busca establecer la eventual responsabilidad de la exdirectora de Salud en el manejo y control de los recursos públicos destinados a la atención primaria de salud de la comuna.