Poder Judicial busca reasignar $615 millones para renovar su flota

El Poder Judicial inició gestiones ante la Dirección de Presupuestos (Dipres) para reasignar $615 millones destinados a reemplazar los 22 vehículos más críticos de su parque automotriz. La medida busca actualizar una flota que cuenta con máquinas de hasta 14 años de antigüedad, reactivando un debate de alta sensibilidad pública.

Esta nueva solicitud presupuestaria surge tras la controversia desatada en 2024, cuando la fallida adquisición de 22 automóviles de lujo marca Lexus —con un costo de casi $60 millones cada uno— gatilló un sumario interno y la destitución de dos altos directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

De acuerdo con los registros de las reuniones del Consejo Superior de la CAPJ, encabezado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, el tema se retomó oficialmente el pasado 7 de mayo. En dicha instancia, se analizó el Programa Presupuestario para el periodo 2027-2031.

Durante la cita, la directora interina del organismo, Andreina Olmo Marchetti, advirtió sobre el panorama económico que impone el Ministerio de Hacienda, caracterizado por una severa "estrechez fiscal" que impedirá que los gastos proyectados superen el presupuesto fijado para el año 2026.

Ante este escenario, Olmo puntualizó que cualquier nuevo requerimiento debe solventarse mediante eficiencias operativas o redistribuciones de fondos propios. Sin embargo, precisó que se sigue gestionando la reasignación de los $615 millones para dar respuesta a necesidades acumuladas de años previos.

Actualmente, la institución dispone de 155 vehículos fabricados entre los años 2012 y 2015. Para solucionar este rezago, el plan acordado por el Consejo Superior contempla dos etapas de financiamiento:

• La reasignación inmediata de recursos para los 22 casos catalogados como urgentes.
• La inclusión de una propuesta de modernización integral de la flota en las próximas discusiones presupuestarias plurianuales.

El criterio de renovación establecido priorizará, en primer término, a las unidades asignadas a las presidencias de las 17 cortes de apelaciones de todo el país. Posteriormente, el recambio se extenderá al resto de la flota según su antigüedad.

Para asegurar la transparencia del proceso, las autoridades judiciales ordenaron levantar un inventario nacional detallado que individualice el año de fabricación, el estado de conservación y el funcionario a cargo de cada vehículo del organismo.