Corrupción y narcotráfico: la trama que involucra a cinco funcionarios de Gendarmería

La denominada “Operación El Dorado” entrará este jueves en una etapa clave con la formalización de los 16 detenidos en el marco de una investigación que apunta a una presunta red de tráfico de drogas y corrupción al interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel.

La audiencia se realizará en el Juzgado de Garantía de esa ciudad y, debido a la cantidad de imputados y a la complejidad de los antecedentes reunidos por la fiscalía, se estima que podría extenderse hasta el viernes.

La causa es encabezada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, a través del Sistema de Análisis Criminal, Crimen Organizado y Alta Complejidad (SACFI), junto a la fiscalía de Illapel y la Policía de Investigaciones, y derivó en la detención de estas 16 personas, entre ellas, cinco funcionarios de Gendarmería de Chile.

Los imputados son investigados por una serie de delitos que incluyen asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, ingreso de elementos ilícitos a establecimientos penitenciarios y lavado de activos.

Investigación bajo reserva

Las detenciones se concretaron durante un amplio operativo policial que contempló diligencias simultáneas en la provincia de Choapa y otras zonas del país.

En total se ejecutaron 21 órdenes de entrada y de registro autorizadas judicialmente, tanto en dependencias del recinto penitenciario de Illapel como en inmuebles particulares ubicados en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé.

Según informó el Ministerio Público, durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, cannabis sativa, ketamina, comprimidos de éxtasis, clonazepam, dinero en efectivo y cinco vehículos, además de otros elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

De los 16 detenidos, 14 fueron aprehendidos mediante órdenes judiciales, mientras que otros dos fueron arrestados por delitos flagrantes detectados durante el desarrollo de las diligencias. 

Desde el Ministerio Público señalaron que la investigación se mantiene bajo reserva y que no se entregarán mayores antecedentes mientras se desarrollan las audiencias de control de detención y formalización, con el objetivo de no afectar el éxito de las diligencias pendientes.

Preocupación por la seguridad en el penal

La magnitud del caso ha generado inquietud en Illapel, especialmente por las implicancias que podría tener para el funcionamiento del recinto penitenciario local.

Al respecto, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, valoró el trabajo desarrollado por la fiscalía y la Policía de Investigaciones, destacando que las diligencias permitieron detectar una situación que, a su juicio, representa una grave amenaza para la seguridad penitenciaria.

El jefe comunal sostuvo que los antecedentes conocidos evidenciarían la existencia de personas que estarían facilitando el ingreso de drogas u otros elementos ilícitos al interior de establecimientos penales, situación que calificó como una señal de alerta que debe ser enfrentada con firmeza.

No obstante, manifestó su preocupación por la capacidad operativa con la que quedará la cárcel de Illapel tras la detención de cinco funcionarios de Gendarmería, considerando que el recinto se encuentra emplazado en pleno centro de la ciudad, a escasa distancia de la plaza de armas y de edificios públicos.

Cortés también planteó la necesidad de revisar en profundidad la situación penitenciaria nacional y evaluar medidas que permitan modernizar la infraestructura carcelaria. En ese contexto, señaló que una eventual relocalización del penal de Illapel podría ser un tema a analizar en el futuro, junto con abordar problemas como el hacinamiento, factor que —a su juicio— podría favorecer la aparición de redes delictuales al interior de los recintos penitenciarios.

“Siempre que haya alguien que esté usando de mala forma el servicio público, indudablemente eso tiene que ser reprochado y sancionado”, enfatizó la autoridad comunal.

Respaldo a investigaciones

Desde el nivel nacional, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, expresó su preocupación por la eventual participación de funcionarios penitenciarios en hechos vinculados al crimen organizado.

La autoridad recordó casos anteriores que han involucrado a integrantes de Gendarmería y aseguró que el gobierno mantendrá una política de respaldo a las fuerzas de orden y seguridad en el cumplimiento de sus funciones, pero también de absoluta rigurosidad frente a conductas ilícitas.

En ese sentido, afirmó que el ejecutivo está trabajando coordinadamente con la dirección de Gendarmería para fortalecer los mecanismos de control interno y detectar a quienes puedan estar utilizando sus cargos para fines ilegales.

Asimismo, reiteró el apoyo a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, incluso cuando estas involucren a funcionarios públicos, señalando que resulta indispensable esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.